Distintos diputados valoraron el nuevo protocolo para agilizar la expulsión de extranjeros que firmaron esta semana el ministro (s) del Interior, Luis Cordero; el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna; el director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Thayer; y el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra.
Aunque también, hubo quienes criticaron la tardanza de la determinación, cuestionando por qué no se tomó una medida de este tenor anteriormente.
De acuerdo con Cordero, la iniciativa intenta "uniformar los procedimientos de cada una de las instituciones que participan de los mecanismos de expulsión", además de "acotar los plazos" del procedimiento y "uniformar los medios de información para hacerlos más expeditos y, en consecuencia, permitir que las expulsiones sean desarrolladas de un modo con mayor regularidad que la que podemos estar realizando en la actualidad".
En otras palabras, dijo que la medida busca "estandarizar la información, los tiempos, los flujos de comunicación que permita la interoperabilidad" en torno a las expulsiones, y dar prioridad a las "expulsiones administrativas respecto de aquellas personas vinculadas con antecedentes penales a organizaciones criminales, lo que nos permite alinear el plan de expulsiones administrativas con la política de crimen organizado".
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Gloria Naveillan (Ind-Comité Social Cristiano) fue la primera en referirse a este anuncio, asegurando que "en el tema migratorio este Gobierno está absolutamente al debe". "La verdad es que en tres años poco se ha hecho (...) y al final del día con este anuncio de regularizaciones, mal hecho, mal planificado, y en un mal momento, lo único que se logró fue crear una expectativa", agregó.
La congresista remarcó que "Chile no está en condiciones de aceptar más migrantes" por lo que pidió que "seamos serios de una vez por todas. Yo creo que hay que cerrar la puerta de una vez por todas".
El diputado Andrés Jouannet (Amarillos por Chile), miembro de la misma instancia, valoró en primer lugar lo que está haciendo Cordero "de tratar de ordenar un poco este caos que hay respecto de la migración irregular en Chile". "Veo que hay una mirada seria, así como lo hizo en cárceles", acotó, aunque precisó que, "sin embargo, el tema pasa por otro lugar".
"El tema es, primero, no permitir la entrada irregular" y, segundo, "crear la policía militar de frontera". "Yo lo he planteado desde hace más de dos años, casi tres años ya. Tenemos que tener una institucionalidad. Si hace tres años hubiésemos creado la policía militar de frontera, hoy día tendríamos nuestras fronteras absolutamente resguardadas por militares especializados", puntualizó.
En la misma línea, sostuvo que "ese es el tema a fondo. Entonces, a mí me parece que la propuesta puede ser loable en el sentido de tratar de estandarizar el tema, de tratar de buscar una solución, pero en el fondo es una medida de parche. El tema a fondo es cómo somos capaces de resguardar nuestras fronteras y el resguardo de nuestras fronteras pasa por la policía militar de fronteras".
Desde el oficialismo, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) también destacó la noticia: "Es un acierto el haber protocolizado todo lo relativo a expulsiones administrativas, logrando tener un estado coordinado y organizado para enfrentar un proceso muy necesario donde intervienen diversos entes estatales, y que constituye una herramienta muy necesaria para controlar la crisis migratoria".
Añadió que "es muy importante que este protocolo permita agilizar las cerca de 29 mil órdenes de expulsión pendientes, pues aún cuando se han ejecutado en número superior a años anteriores, sigue siendo un esfuerzo deficitario, por lo que una herramienta de este tipo puede ser crucial para hacer más expeditas las expulsiones decretadas".
Una mirada distinta mostraron diputados de Renovación Nacional -y también de la Comisión de Seguridad-, quienes criticaron la tardanza del Gobierno.
José Miguel Castro, representante de la región de Antofagasta -por ejemplo-, indicó que "el Gobierno llega una vez más tarde, tratando de sacar personas que están presas fuera del país. Pero eso no basta. Tienen que sacar también a quienes han entrado de forma ilegal. En ese mismo sentido, creo que están preparando el gran perdonazo de 182 mil personas. Prácticamente una ciudad del país".
Por su parte, el diputado Andrés Longton sostuvo que "lo más probable es que el anuncio sea para camuflar u ocultar el perdonazo masivo que pretende hacer el Gobierno a más de 180 mil migrantes que ingresaron de manera ilegal, violentando nuestras fronteras, porque cómo es posible que ya a casi tres años de asumido el Gobierno, recién empiezan a tratar de coordinarse los distintos servicios".
En tanto, el diputado Diego Schalper llamó la atención sobre el enfoque limitado del protocolo. "Vemos con preocupación que este Gobierno tiene menos expulsiones administrativas de las que se debieran tener a estas alturas. Más importante aún, vemos que este protocolo privilegia la expulsión de personas que ya están privadas de libertad, cuando el foco debería estar puesto en los inmigrantes que entran de manera ilegal al país, en contradicción con la Ley de Migraciones. Estas personas deberían ser expulsadas administrativamente".
"Ministro Cordero, le exigimos que ponga el foco donde tiene que estar. Darle la tranquilidad al país de que ingresar de manera ilegal no es algo aceptable para las autoridades chilenas", concluyó Schalper.
"Esperamos que no sean solo anuncios"
El presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, diputado Rubén Oyarzo (Ind-Comité Demócratas y Amarillos), también abordó este suceso: "Estamos tan mal en materia de migraciones que una cuestión tan básica como la coordinación entre los distintos servicios del Estado no existía y se asegura que a partir de este protocolo eso debería cambiar", dijo.
"A esta altura uno se pregunta si efectivamente hay una hoja de ruta clara por parte del Gobierno para abordar la política migratoria y enfrentar la migración irregular, porque una vez a la semana estamos escuchando anuncios de protocolos, convenios o estudios por parte de las autoridades, pero en la práctica no se observan acciones para expulsar a más de 30 mil migrantes irregulares con órdenes de expulsión pendientes", destacó.
Desde la UDI, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), expresó que "qué bueno que el Gobierno, que es un pro migración cualquiera sea la condición jurídica de la persona que ingresa a Chile, se esté dando cuenta de los errores que cometió cuando bloqueó la Ley de Migraciones del presidente Piñera en el periodo anterior. Y que ahora se da cuenta de que todas estas herramientas que se habían planteado en el proyecto de ley del 2018, son extremadamente necesarias".
Ahora bien, afirmó que "es difícil creerle a este Gobierno, porque anuncia una cosa y termina haciendo otra. Por lo tanto, espero que estas medidas que está anunciando el ministro subrogante del Interior, se cumplan".
La diputada por Tarapacá, Danisa Astudillo (PS), en cambio manifestó que "avanzar en simplificar y agilizar la expulsión administrativa de migrantes que vulneren la ley o la paz de nuestras comunidades, es una muy buena noticia. Estamos dando pasos para tener un mayor control de nuestras fronteras. Algo que veníamos demandando hace mucho tiempo. Valoro que el Gobierno entienda la importancia de escuchar a las autoridades que conocemos la realidad del territorio".
El diputado Jorge Guzmán, quien es jefe de la bancada de Evópoli, también valoró que el Gobierno "empiece por fin a actuar con profesionalismo y decisión respecto de la expulsión de extranjeros vinculados a organizaciones criminales. Pero lamentamos que este tipo de acciones lleguen tan tarde, se ha perdido mucho tiempo y muchas vidas con un Gobierno que se demora en tomar determinaciones. Esperamos que esta vez, no solo sean anuncios y veamos resultados".
Finalmente, el diputado Stephan Schubert (Ind-Partido Republicano)m integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, indicó que "es positivo que el ministro del Interior subrogante hable de unificar protocolos, de invertir en tecnología, de, en el fondo, abocarse a lograr las expulsiones que son necesarias para brindar seguridad a nuestro país, pero sobre todo para mantener un control respecto de quienes ingresan a Chile".
"Pero lo que más me sorprende es que esto lo hagan hoy día, comenzando ya el último año de Gobierno. ¿Por qué no lo hicieron antes? El tema migratorio es un tema muy relevante desde el comienzo del Gobierno. Esto lo venimos exigiendo y señalando parlamentarios de oposición desde el comienzo del Gobierno. Esto requería de gestión, que es lo que recién ahora estamos viendo. Qué bueno que ahora estamos viendo, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué seguir esperando en circunstancias que día a día se estima que entran a lo menos 100 personas de manera irregular a Chile y recién ahora hablan de protocolos? Aquí esto revela que hay una pésima gestión del Gobierno en materia migratoria y que esto, efectivamente, no dice necesariamente con la necesidad de nuevas normas, ni con la necesidad de nuevos convenios con otros países. Esto siempre tuvo que ver principalmente con un ánimo del Ejecutivo y con gestión que no habíamos encontrado", terminó.