Esta jornada el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) respondió a un estudio del Observatorio de la Migración Responsable publicado por El Mercurio, señalando que este entregaba información errónea en las cifras de procesos migratorios en el país.
El estudio realizado por el Observatorio de la Migración Responsable, a cargo de Álvaro Bellolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, sostenía que entre 2018 y 2021 se registraron 87.792 ingresos clandestinos. con un promedio mensual de 1.829.
En tanto, entre 2022 y octubre de 2024, la cifra habría aumentado a 124.887, duplicando el promedio mensual a 3.673. "Este incremento refleja un debilitamiento en el control fronterizo y un aumento en los incentivos para migrar irregularmente, como la expectativa de regularizaciones masivas", consignó la publicación.
Ante esto, desde el SERMIG señalaron que "todo análisis de la gestión migratoria debe considerar que Chile ha experimentado en los últimos años transformaciones significativas, marcadas por el impacto de la pandemia de COVID-19 y las dinámicas regionales vinculadas a las crisis políticas y económicas en países de la región".
"Este incremento significativo en los flujos migratorios irregulares hacia Chile registró un peak en 2021, con 56.585. A partir de 2022, esta tendencia al alza se ha frenado", aseguraron desde el SERMIG.
En ese sentido, aclararon que "este gobierno ha reducido consistentemente el ingreso irregular: en 2022 se registró una baja del 5% (53.875 casos); en 2023 la reducción fue de 18% respecto de 2022 y del 22% respecto de 2021 (44.235 casos). En 2024, la caída de ingresos irregulares es de 37% respecto de 2023, 48% respecto de 2022 y 49% respecto de 2021, comparando el período enero-noviembre".
Además, criticaron que el informe "compara los 3 años de la presente administración con el total del período anterior, sin considerar, además, que al finalizar el periodo del expresidente Piñera entró en vigencia un cambio procedimental, contenido en la nueva Ley de Migraciones, que complejizó normativamente la materialización de expulsiones y nos llevó a experimentar una baja significativa en la cifra. El Gobierno presentó ese mismo año modificaciones que subsanan este problema".
Por otra parte, y según lo consignado en El Mercurio, desde la organización liderada por Bellolio aseguraron sobre las expulsiones judiciales y administrativas que "se establece que han disminuido en los últimos años. Entre 2018 y 2021 se ejecutaron 5.431 expulsiones judiciales y 1.326 administrativas, mientras que entre 2022 y 2024 estas cifras se redujeron a 2.032 y 996, respectivamente. El promedio mensual de expulsiones cayó de 140,7 a 86,5".
Ante esto, desde el Servicio Nacional de Migraciones reafirmaron que "este gobierno alcanzó en 2024 la cifra más alta de expulsiones administrativas de los últimos seis años, registrándose 671 casos al 27 de diciembre de 2024. Considerando los tres años de gobierno, el promedio anual de expulsiones es un 4,5% superior al promedio anual de la administración anterior". En dichos procedimientos administrativos se ha priorizado la expulsión de extranjeros con antecedentes penales y que han cometido delitos en el país, mencionaron en el comunicado.
Además, desde el observatorio indicaron sobre la regularización acotada propuesta por el Gobierno es "una solución a la crisis migratoria, contradiciendo su afirmación inicial de que el registro biométrico no seria utilizado para ese propósito. Esta postura ha generado desconfianza en la ciudadanía y ha incentivado nuevas expectativas de 'perdonazos' entre quienes ingresan
clandestinamente".
También aseguraron en el estudio que "se ha utilizado de manera incorrecta comparaciones con procesos anteriores, como el de 2018, que regularizó solo a un 4% de migrantes clandestinos del total de regularizados, o el de 2021, que se limitó a quienes ingresaron legalmente al país. A diferencia de esos procesos, la propuesta actual abarca a más de 180.000 personas que vulneraron las fronteras, enviando una señal errónea sobre el respeto a las normas migratorias".
Sobre eso, desde el SERMIG señalaron que en el gobierno anterior del expresidente Sebastián Piñera se registró la mayor cantidad de personas regularizadas con un total de 324.000. En tanto, "este gobierno está estudiando un proceso al que podrían acceder, como máximo, las 180.000 personas que participaron del proceso de empadronamiento de 2023".
Además, se aseveró en el comunicado del SERMIG que las 180.000 personas del empadronamiento no habrían ingresado solo durante este Gobierno: "El estudio de los datos de las personas empadronadas reveló que el 66,4% de las personas consultadas ingresó a Chile por paso no habilitado entre marzo de 2018 y febrero de 2022. Sólo un 2,3% ingresó a Chile desde mayo de 2023 en adelante".
