El 31 de diciembre venció el plazo fatal del Tribunal Ambiental de Antofagasta, en cuyo fallo del 9 de diciembre ordenó que el Comité de Ministros debía reunirse para deliberar en torno al proyecto minero Dominga, pero todos se inhabilitaron y aquello no ocurrió.
El Gobierno, por su parte, tomó dos vías de acción: solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) los lineamientos para resolver la nueva composición del Comité de Ministros, y a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), recurrió a la Corte Suprema para anular la sentencia y apeló a poner en pausa el cumplimiento del fallo. Pero esto último se le denegó.
Por eso, el Gobierno volvió a intentarlo el viernes, según consignó La Tercera, donde el SEA ingresó un recurso de reposición a la solicitud.
Con todo, el Ejecutivo insiste en que ha cumplido con la sentencia del 9 de diciembre. Así al menos lo señaló el martes el ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.
"Recordemos que el Comité de Ministros ya sesionó en audiencia extraordinaria el lunes 23 de diciembre, donde se dio cuenta de la sentencia dictada por el tribunal y el nuevo estándar establecido sobre potenciales inhabilidades. Ante eso, por una parte, los ministros se inhabilitaron a efectos de dar garantías de imparcialidad, dado que se habían pronunciado en ocasiones anteriores, y se acordó realizar una consulta a la Contraloría General de la República para determinar de mejor manera la composición y presidencia del Comité, consulta que se ingresó el 23 de diciembre (a la Contraloría)", señalaron en una declaración enviada a los medios de comunicación.
"Un litigante más"
Para Carlos Peña, el Gobierno en este caso se ha comportado como "un litigante más, no como una autoridad deferente con las decisiones judiciales".
En una columna en El Mercurio publicada el miércoles, Peña sostiene que "desde luego, es sorprendente -para no decir escandaloso- que la administración del Estado no sepa cuál es el orden de subrogancia de los cargos del Ejecutivo. Pero, aunque parezca increíble, esa es la excusa que se ha formulado para demorar la decisión de Comité de Ministros".
"Para un país que se precia de su juridicidad, del respeto por las instituciones, que de pronto sus autoridades caigan en la cuenta de que ignoran quién sustituye a quién en el Estado, es sencillamente increíble y es sorprendente que se lo haya tomado en serio. ¿No se advierte acaso cuánto daño se hace a la institucionalidad cuando se la administra como un litigante en vez de cumplir las reglas intenta usarlas como argucias procesales para imponer la propia voluntad?", añade Peña en su columna.
Lagos Weber: "Amerita una explicación acabada"
Quien también se pronunció sobre el tema en medio de la controversia por las acciones que ha tomado el Ejecutivo fue el senador
Ricardo Lagos Weber (PPD), quien este jueves cuestionó la actuación del Ejecutivo respecto a la comunicación y procedimiento de sus decisiones.
En una entrevista a Tele13, Weber sostuvo que "me surgen varias cosas. La primera es que se requiere tal vez una información oficial", esto es, que algún personero de Gobierno se refiera oficialmente al tema.
También apuntó a las dudas que existen por el comunicado de Medio Ambiente, el que apunta a que el Comité de Ministros sí se habría reunido el 23 de diciembre. "Tal vez ocurrió. Y si eso ocurrió, no puedo ponerlo en duda, si esa es la versión del Gobierno de que ocurrió así, pero tiene que ser citado formalmente", añadió.
Asimismo, criticó la falta de comunicación adecuada por parte del Ejecutivo, lo que despertó cierta confusión", dijo Lagos Weber.
"Explicar por qué no se comunicó como corresponde. Porque la reflexión que quedaba es que fue una decisión que tomó el Gobierno, pero no hubo una reunión formal, una sesión. Y lo que argumentan, desde el punto de vista, no sé, procedimental legal, es que esa reunión tuvo lugar, y habiendo tenido lugar esa reunión, se cumplió con la exigencia del Tribunal. Puede ser, pero para eso tendría que haberse sido muy explícito decir que 'nos estamos reuniendo para cumplir con ese objetivo'", agregó.
En ese sentido, al ser consultado sobre la percepción de que el proceso ha sido poco claro, Lagos Weber aseveró que "amerita una explicación acabada por parte del Gobierno o al menos del SEA".
¿Se configura desacato?
Consultado por Emol, el abogado penalista de la Universidad Central, Gustavo Beade, comenta que "me parece que el Gobierno tiene argumentos para, obviamente, para seguir insistiendo en su decisión y en este caso tienen como una base jurídica para hacerlo, que es que el Comité de Ministros tenga una decisión imparcial y esa decisión imparcial debería tardar, porque deben hallar personas que reemplacen a quienes se inhabilitaron".
"Lo otro es presionar, de nuevo, desde otro punto de vista político para que el proyecto avance. Entonces, creo que hay cuestiones jurídicas mezcladas con cuestiones políticas, pero en las cuestiones jurídicas, parece razonable lo que hace el Gobierno", subrayó.
Por su parte, el abogado Juan Ignacio Marín, director de Regulatorio y Medioambiente de HD Group dijo a El Mercurio que al no haber resuelto el Comité de Ministros dentro del plazo, "Dominga podría recurrir al tribunal ambiental para pedir el cumplimiento forzado de la obligación, pudiendo el tribunal establecer sanciones y la aplicación de multas. Incluso, de perseverar en el incumplimiento, podríamos estar hablando del delito de desacato".
Sobre ese último punto, Sebastián Herrera, socio de Lathrop Mujica Herrera y Diez Abogados, comentó al citado medio que "para que exista desacato no basta con incumplir el plazo, sino que debe haber dolo. Si se demuestra que hubo mala fe en la solicitud a Contraloría, el riesgo para el Gobierno de que se pueda demostrar el delito es 'altísimo'. Sin embargo, dice que "lo más probable es que los pescadores artesanales o el titular de proyecto soliciten el cumplimiento forzado".
