Revuelo ha causado la adquisición por parte del Estado de la casa del ex Presidente
Salvador Allende, ubicada en Providencia. Inmueble que se busca convertir en una casa-museo. Objetivo que para algunos se ve empañado debido al alto valor que desembolsará el Gobierno en la compra, sumado al hecho de que la ministra de Defensa,
Maya Fernández, es una de sus propietarias.
El inmueble en Guardia Vieja tendría un costo de 24.291UF, es decir, $933 millones. Algo que no ha dejado indiferente a la oposición, desde donde ya han iniciado una ofensiva.
Al respecto, el jefe de la bancada de diputados UDI, Gustavo Benavente, dijo a Emol que "vamos a recurrir a la Contraloría General de la República no sólo para que se puedan pronunciar respecto a este opaco negocio que involucra a una ministra de Estado, sino que también para que puedan paralizar de inmediato el proceso de compra venta mientras se pronuncian sobre su legalidad".
Benavente expresó que "pensábamos que todos sabían, más aún en el Gobierno, que las autoridades públicas no pueden suscribir contratos con el Estado. Pero más allá de la legalidad del acto, sobre el cual esperamos un pronto pronunciamiento de la Contraloría, nuevamente estamos frente a un hecho que raya en lo ético y moral".
Desde RN, el diputado Frank Sauerbaum, integrante de la comisión de Hacienda, opinó que "la ministra (Maya Fernández) comparece a la compraventa de esta propiedad como parte de la sucesión. Si bien la ley no establece una prohibición expresa, claramente es un fraude a la Constitución y al espíritu de la ley. Esta compra se hace a espaldas del Congreso y a espaldas de la ciudadanía porque en el Presupuesto 2024 no estaba considerada, ni siquiera detallada, una compraventa de este tipo. El Estado tiene la facultad de poder hacerlo, el Gobierno lo hace unilateralmente porque son unos nostálgicos del pasado. Lamentablemente siguen mirando por el espejo retrovisor y no hacia adelante".
Mientras que, según comentó la senadora Luz Ebensperger (UDI) a EmolTV, "lo único que le puedo decir que es ilegal. Si la casa está a nombre de la ministra de Defensa, Maya Fernández, mientras ella ejerza el cargo de ministro, tiene una prohibición legal de celebrar cualquier tipo de contrato con el Estado".
"Por lo tanto, mal podría llevarse adelante mientras ella sea ministra esta compra y si lo hacen, lo harán transgrediendo la ley, más allá del objetivo que persigan, hay una imposibilidad legal de comprarla", subrayó.
Asimismo, la diputada Camila Flores, presidenta comisión de Defensa, manifestó que "el Gobierno dice que no tiene plata para los hospitales en materia de salud, pabellones que están cerrando por falta de recursos. El Gobierno dice que no tiene plata para pagar la asignación trimestral a Carabineros de Chile. El Gobierno dice que necesita recaudar más para subir la PGU. O sea, no tiene plata. Pero sí hay plata para gastarse mil millones de pesos comprando la casa de Salvador Allende, el líder espiritual de este gobierno. Realmente es una contradicción absoluta".
Y agregó que el hecho de que la ministra esté entre los dueños de la casa, "me parece a lo menos irregular. A mí me parece que a todas luces aquí existiría una negociación incompatible y que esta compraventa no estaría cumpliendo con el margen de la legalidad".
La diputada Marlene Pérez (IND-UDI), comentó que "es realmente vergonzoso que el Gobierno esté gastando una cifra exorbitante de dinero público en adquirir la casa del ex Presidente Salvador Allende por motivos 'patrimoniales', especialmente cuando uno de los beneficiarios de esta compra es la propia ministra de Defensa, Maya Fernández. Esto huele a un claro conflicto de intereses y una falta de ética grave por parte de las autoridades. En un país donde hay tantas necesidades y urgencias en materia de salud, educación y empleo, destinar esta suma millonaria a la compra de una propiedad con fines dudosos es una burla para los chilenos".
"Salvador Allende le hizo un enorme daño a Chile y lo que menos necesita el país es otro museo para homenajear su legado de destrucción. En vez de gastar 1.000 millones de pesos en fanatismo ideológico, que lo destinen a mejorar la seguridad, la salud o reactivar la economía que hace falta mucho más en nuestro país", opinó el jefe de la bancada republicana, Luis Fernando Sánchez,
La senadora Carmen Gloria Aravena (republicanos), indicó que "Chile ya cuenta con museos y espacios para recordar nuestra compleja historia, por lo que los recursos, que siempre son escasos, deben destinarse a necesidades urgentes como la vivienda, la salud y la educación pública. En un contexto de crisis económica, este tipo de inversiones no parecen prioritarias ni necesarias".
"Por otra parte, el presupuesto de cultura para el 2025 fue extraordinariamente alto, lo que evidencia una falta de claridad sobre las verdaderas urgencias del país. Es fundamental que las decisiones gubernamentales reflejen las prioridades de la ciudadanía y enfoquen los recursos en áreas que atiendan las necesidades más apremiantes", sostuvo Aravena.
El diputado Roberto Arroyo (PSC), aseveró que "es preocupante que el Gobierno priorice la adquisición de propiedades como la casa de Salvador Allende en un momento en que el país enfrenta necesidades urgentes en áreas como salud, educación y vivienda. Si bien se argumenta que este proceso se apega a la ley y busca preservar el patrimonio histórico, debemos cuestionar si estos gastos son justificados frente a las carencias que afectan a miles de familias chilenas".
La jefa de bancada de Demócratas, Joanna Pérez, sostuvo que "es entendible que se quiera preservar la historia y en este caso dos casas de expresidentes de la república, pero también tenemos que reconocer que tenemos otras necesidades como la lista de espera en salud, como la seguridad y por cierto el acuerdo de pensiones donde tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo de pensión y requiere recursos públicos también. Entonces no entendería la ciudadanía, ni menos nosotros, que el Gobierno tenga esta prioridad entendiendo la real necesidad en muchas otras materias".
Desde el oficialismo, el senador Esteban Velásquez (FRVS) opinó que "me parece ilógico, erróneo, hasta imprudente que se produzca este negocio, esta adquisición de estos inmuebles para el contexto que estamos viviendo. Puede ser muy loable destinarlos a fines culturales, que estos se hacía, pero hoy también se debe tener claridad y lucidez que estamos en un contexto distinto de convivencia y ganar confianza en la comunidad".
"Me pregunto sino hubo alguna lúcida que advirtiera que no era el momento para este tipo de adquisición. Es un error de parte de quienes tomaron esta decisión", remató Velásquez.
Defensa del Gobierno
Sobre la compra de esta casa y también la del ex Presidente Patricio Aylwin, la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, dijo a Radio Duna que se trata de un "proceso en curso" y que "entendiendo que se trata de dos familias donde existen personas que han ocupado y que ocupan cargos públicos, tanto el Ministerio de Bienes Nacionales como de las Culturas, están haciendo todos los análisis legales para asegurarnos que esto se haga de la forma correcta, totalmente apegado a la ley y por supuesto, con mayor transparencia posible y por eso que se comunicó que esto está en proceso".
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, insistió en que el fin de estas compras "son patrimoniales y de memoria" y que "la realización del procedimiento respectivo está a cargo de Bienes Nacionales y es en ese contexto que ese procedimiento se ha llevado a cabo, es un procedimiento que todavía está en curso y supongo que es en ese contexto que se han hecho las evaluaciones legales, pero no es una compra entiendo yo finiquitada".
Asimismo, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, planteó que "hay un compromiso por parte del Estado de poder resguardar el patrimonio. Aquí hay un proceso de compra que sigue un protocolo anclado al Ministerio de Bienes Nacionales que adquiere para el Fisco y en ese sentido, lo que esperamos es que estas casas de dos Presidentes que fueron democráticamente electos en nuestro país puedan ser abiertas a la ciudadanía".
