Una nueva controversia se desató este viernes en La Moneda luego de que se conociera que el Estado pretende comprar la casa de
Salvador Allende ubicada en
Providencia, con el propósito de convertirla en un museo.
Por un lado, desde la oposición criticaron el alto valor que pretende desembolsar el Ejecutivo por su adquisición, que llegaría a las 24.291UF, es decir, $933 millones.
Y por otro, se suma que la transacción podría infringir dos artículos de la Constitución, lo que complicaría el proceso autorizado por el Gobierno.
Esto, ya que una de las actuales propietarias del inmueble es la ministra de Defensa, Maya Fernández, lo que implicaría un conflicto de interés directo.
"Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades", indica la Carta Magna.
A esto se suma que, según consigna La Tercera, dentro del decreto de Bienes Nacionales tomado de razón por Contraloría, la propiedad también es compartida por Carmen Paz Allende Bussi, Alejandro Salvador Fernández Allende, y la senadora socialista María Isabel Allende Bussi.
En ese caso, la Constitución también impediría la transacción: "Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza (...)", indica la Carta Fundamental.
Producto de esta situación, desde el propio Ejecutivo habrían reconocido el error, por lo que se baraja la posibilidad de echar pie atrás en la compra, o bien, pausarla, de acuerdo al citado medio.
Incluso, se está evaluando coordinar el regreso de la ministra Marcela Sandoval desde sus vacaciones para atender la crisis que involucra al ministerio de Bienes Nacionales.
