El Gobierno echó pie atrás a la adquisición de la propiedad del ex presidente Salvador Allende, ubicada en la comuna de Providencia, en medio de los posibles conflictos que aquella transacción tendría con la Constitución.
La decisión fue anunciada a través de un comunicado por el Ministerio de Bienes Nacionales, donde detalla que la no compra de la vivienda responde a su estructura de copropiedad, que es compartida por Carmen Paz Allende Bussi, Alejandro Salvador Fernández Allende, además de la senadora socialista María Isabel Allende Bussi y la ministra de Defensa Maya Fernández, nieta del ex jefe de Estado.
Justamente, la participación que tendrían la parlamentaria y la ministra impedirían la transacción, ya que infringen dos artículos de la Carta Magna.
"Este proceso se ha impulsado como parte de la iniciativa de inversión patrimonial establecida en la Ley de Presupuestos 2024 y se ha desarrollado conforme a la legalidad vigente. El proceso contempla distintas etapas previas a la compraventa que incluyen, entre otras, la dictación de un decreto que autoriza la adquisición de los inmuebles, decreto que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República el pasado 20 de diciembre", comienza señalando el comunicado de Bienes Nacionales.
Agrega que "cada una de las etapas ha sido evaluada en su mérito. Como parte de este proceso, y debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario".
Pese a esto, el ministerio indicó que "la compra de la residencia del expresidente Aylwin se mantiene", y que "como Gobierno seguiremos promoviendo la preservación del patrimonio de nuestro país".
"La vida y la obra de los presidentes democráticos son parte del patrimonio de Chile y es rol del Estado conservar y difundir su legado", cierra el escrito.
