En los últimos días se conoció la existencia de un "proceso en curso" para la adquisición de las casas de los expresidentes
Patricio Aylwin y Salvador Allende, por parte del Estado. ¿El fin? convertirlas en museo, porque, según declaró la vocera (s) de Gobierno,
Aisén Etcheverry, dichos inmuebles "
tienen un valor histórico" y aquello es "una forma de resguardar el patrimonio intangible de nuestro país".
Lo cierto, es que, producto de posibles infracciones a la Constitución, el Gobierno -luego de varios avances- debió pausar la operación de la residencia de Allende. Por "darse, justamente, una incompatibilidad respecto de la estructura de propiedad de esa vivienda en particular, se decidió detener la compra, hasta que ese problema sea eventualmente solucionado", dijo el Mandatario Gabriel Boric el sábado desde el Polo Sur.
Ahora, para entender mejor la situación, si bien esto se puso en marcha "hace meses" -de acuerdo con Etcheverry-, se conoció el martes de esta semana y el debate público estalló el viernes, luego de que la oposición -especialmente la UDI- anunciara que recurriría a la Contraloría para que se pronunciara sobre el negocio que involucra a la ministra de Defensa, Maya Fernández; y a la senadora Isabel Allende (PS), ambas propietarias del inmueble.
Fue el jefe de la bancada, diputado Gustavo Benavente, quien dijo a Emol que "vamos a recurrir a la Contraloría General de la República no sólo para que se puedan pronunciar respecto a este opaco negocio que involucra a una ministra de Estado, sino que también para que puedan paralizar de inmediato el proceso de compra venta mientras se pronuncian sobre su legalidad".
"Pensábamos que todos sabían, más aún en el Gobierno, que las autoridades públicas no pueden suscribir contratos con el Estado. Pero más allá de la legalidad del acto, sobre el cual esperamos un pronto pronunciamiento de la Contraloría, nuevamente estamos frente a un hecho que raya en lo ético y moral", agregó.
Poco antes, la ministra (s) de la Segegob dijo en entrevista con Radio Duna, que "lo que se anunció" fue "la adquisición de las casas de los expresidentes Aylwin y Allende, como parte de un ejercicio de conservación patrimonial" y que "el proceso" de obtención tiene muchas etapas y "que partió hace muchos meses atrás".
"Hay algunos decretos que autoriza la compra que fue tomado razón por Contraloría, luego viene proceso de tasaciones, la determinación del precio, la escrituración, otros decretos que tienen que firmarse, estamos en ese proceso", reveló.
Asimismo, desde Bienes Nacionales transmitieron que "el 31 de diciembre se firmaron los contratos de compraventa con ambas familias en notaría. Ahora se debe firmar el decreto de aprobación de la compra por parte del ministerio y se deben inscribir los inmuebles a favor del Fisco ante el Conservador de Bienes Raíces. Una vez que estén inscritos, se concreta el pago a las familias".
Según ha trascendido, la propiedad ubicada en Guardia Vieja, Providencia, tendría un costo de 24.291UF, es decir, $933 millones.
Críticas y defensa
Además de los cuestionamientos que emitió Benavente, durante la semana surgieron otros. El diputado Frank Sauerbaum (RN), por ejemplo, expresó que "la ministra (Fernández) comparece a la compraventa de esta propiedad como parte de la sucesión. Si bien la ley no establece una prohibición expresa, claramente es un fraude a la Constitución y al espíritu de la ley. Esta compra se hace a espaldas del Congreso y a espaldas de la ciudadanía porque en el Presupuesto 2024 no estaba considerada, ni siquiera detallada, una compraventa de este tipo".
La senadora por el Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, indicó por su parte que "Chile ya cuenta con museos y espacios para recordar nuestra compleja historia, por lo que los recursos, que siempre son escasos, deben destinarse a necesidades urgentes como la vivienda, la salud y la educación pública. En un contexto de crisis económica, este tipo de inversiones no parecen prioritarias ni necesarias".
En tanto, desde el oficialismo, el senador Esteban Velásquez (FRVS) opinó que le "parece ilógico, erróneo, hasta imprudente que se produzca este negocio, esta adquisición de estos inmuebles para el contexto que estamos viviendo. Puede ser muy loable destinarlos a fines culturales, que esto se hacía, pero hoy también se debe tener claridad y lucidez que estamos en un contexto distinto de convivencia y ganar confianza en la comunidad".
Cabe mencionar que, además de Etcheverry, otras autoridades de Gobierno defendieron el acto. Mientras el subsecretario del Interior, Luis Cordero, insistió en que el fin de estas compras "son patrimoniales y de memoria" y que "la realización del procedimiento respectivo está a cargo de Bienes Nacionales (...) y todavía en curso; la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, planteó que "hay un compromiso por parte del Estado de poder resguardar el patrimonio".
Artículos de la Constitución y nueva decisión del Gobierno
En concreto, serían dos infracciones a la normativa: una por el cargo de la ministra Fernández, y el otra, por la senadora Isabel Allende (PS).
"Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades", indica la Constitución.
También expone que "cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza".
Tras todo lo anterior, finalmente, el Gobierno echó pie atrás y anunció, a través de un comunicado del Ministerio de Bienes Nacionales, que "debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario".
Hay que mencionar que los propietarios, además de la ministra y la senadora, son Carmen Paz Allende Bussi y Alejandro Salvador Fernández Allende. De hecho, Fernández aclaró el sábado que la casa es parte de una "asociación" y no solo de ella.
"Esto es una asociación. Desgraciadamente mi madre murió, me hubiera gustado que estuviera viva, por tanto, en ese sentido, ese sexto era de mi madre", relató.
"Frenar (...) es actuar con responsabilidad"
El viernes, y en un punto de prensa, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, se refirió a la situación asegurando que "hemos evaluado cada etapa de este proceso" y "hay que ser muy serios, prudentes y responsables en el tenor de esta conversación ciudadana, sobre todo cuando se trata de la memoria de expresidentes".
"Lo que pretendíamos al adquirir esta residencia es resguardar su legado y poner a disposición de las futuras generaciones, por tanto, la responsabilidad, la prudencia y decisión de tomar en el momento que corresponda estas decisiones, tiene total sentido y hoy creemos que (había) que tomar esta decisión en este momento", añadió.
En la misma línea, expresó que lo anterior "no quiere decir que la compra ha sido finiquitada, puesto que faltan distintas etapas", pero que "frenar en esta etapa un proceso es justamente actuar con responsabilidad, prudencia y seriedad (...) corresponde que nos hagamos cargo de los problemas que la gente se pregunta. Queremos aclararle con total transparencia a la ciudadanía que aquí no ha habido una ilegalidad".
"Jamás lo permitiría"
Con todo, el Presidente Boric remarcó esta el sábado que con la compra de las casas no se está buscando hacer un negocio, ni mucho menos enriquecerse a costa del Estado. Algo que también fue debatido.
"Que no les quepa duda, y esto quiero decirlo de manera muy clara, nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio, ni enriquecerse a costa del Estado. Eso jamás lo permitiría, jamás lo permitiría", acotó.
El diputado Sauerbaum, en tanto, indicó que "el Presidente trata de engañar a los chilenos diciendo que aquí nadie se quiere enriquecer. Cuando yo compro algo en 500 y lo vendo en mil, evidentemente estoy ganando. Eso se quiere ocultar a los chilenos y, la verdad, es que aquí se quiso hacer un negocio que fue develado por los medios de comunicación y fue denunciado por la oposición".
Previamente otros parlamentarios abordaron el hecho de que se detuviera la compra. "El Gobierno al menos muestra vergüenza de haber transgredido la Constitución, pero la verdad sea dicha: se retractan solo porque son denunciados luego que el último día del año buscan concretar una compraventa en medio de las celebraciones. Es un hecho vergonzoso desde lo técnico, pero preocupante desde la ética y la probidad", dijo la jefa de bancada, Ximena Ossandón.
Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, utilizó su red social de X para advertir que "el Gobierno se vio obligado a desistir de la compra para su nuevo gustito ideológico. Aunque le pese al presidente Boric, el despilfarro y su interés por dejar un legado deben respetar la Constitución. Es hora que se preocupen de las verdaderas urgencias de los chilenos".
