La detención de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, por parte del Estado, sigue generando repercusiones. Si bien en primera instancia se criticó el hecho por ser inconstitucional -debido a que dos de las propietarias son autoridades públicas, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora socialista, Isabel Allende- luego se cuestionó dónde caen las responsabilidades.
¿Cómo avanzó este proceso sin que alguien se percatara de los eventuales errores? Esa es la gran interrogante ahora entre parlamentarios y exautoridades de gobierno. En ese sentido, algunos, incluso, ya pidieron renuncias.
"A mí me sorprende que teniendo la cantidad de funcionarios públicos que tenemos en este país (...) ninguno haya tenido las competencias para poder determinar algo que es básico, que es tener conocimiento de la Constitución, y que se haya firmado un decreto por parte del Presidente de la República y la Ministra de Bienes Nacionales", dijo ayer en Estado Nacional el diputado Andrés Longton (RN).
"O sea -continuó- ¿cómo nadie pudo advertir esto? Y si nadie lo pudo advertir, ¿está alguien dejando el cargo a disposición? ¿La Ministra está diciéndole al Presidente que no puede seguir en el cargo? ¿Algún funcionario ha salido de su cargo? La verdad es que ninguno. Entonces, hay una suerte de cansancio respecto a este Gobierno en práctica, donde constantemente vemos este tipo de situaciones, y la respuesta es que pudimos haberlo hecho mejor. Bueno, ¿hasta cuándo?".
Tomás Hirsch, diputado de Acción Humanista, también expuso que, "claramente, acá se estaba avanzando en un proceso que no debía seguir, eso es evidente, la Constitución lo establece con toda claridad para ministros y también para nosotros como parlamentarios". Desde ese punto de vista, dijo que le "parece que se hizo lo correcto, que es detener la compra".
Ahora bien, advirtió que le "llama la atención, en todo caso, que Contraloría, que revisó el decreto, no se haya fijado en ese detalle. Contraloría básicamente miró el tema del precio, si estaban las distintas evaluaciones del costo del precio de la propiedad, pero no puso en alerta respecto de que efectivamente no puede un parlamentario tener un negocio con el Estado".
"Hay que evaluar dónde se cometió algún error, dónde hubo algún asesor o asesora que no advirtió, algún asesor jurídico que no advirtió adecuadamente en el Ministerio de Bienes Nacionales, o a alguna otra instancia, que no es posible hacer una compra cuando está involucrado un parlamentario", agregó.
La senadora del FRVS, Alejandra Sepúlveda, también abordó esta situación en conversación con T13. En concreto, indicó que "el que exista un museo en las dos casas de ambos presidentes que han marcado un hito importante en la historia de Chile, creo que es una buena decisión, pero creo que no correspondía y así lo hice saber (...) No corresponde, y creo que los autogoles del Estado, los autogoles de los gobiernos, que son muchos, distintos indistintamente, tienen que ver, además, con la categoría y la impronta de los asesores que yo espero que lo mejoren indudablemente, porque es un error que no corresponde".
Molestia que también compartió el senador Fidel Espinoza, quien en conversación con El Mercurio sostuvo: "Claramente hay una responsabilidad en el Ministerio de Bienes Nacionales; ellos debieron haber sido los primeros en haber puesto una alerta de que esto iba a traer una crisis política, pero ya sabemos que cuando una ministra es amiga del Presidente o de los líderes como Jackson, son intocables".
Además, señaló que esta fallida compra se trató de un "error jurídico-político, pero error también de las asesorías del Presidente. Yo considero inaceptable que los asesores del Presidente no le digan que es inconcebible que una ministra de Estado le esté vendiendo una propiedad al propio Estado de Chile, y no es culpa de Maya Fernández, es culpa de los asesores del Presidente que inmediatamente le debieron decir que es inconcebible, que ello transgrede la Constitución".
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), manifestó por su parte que "nadie puede excusarse en su propia negligencia" y que "aquí, simplemente, se faltó a la Constitución, se faltó incluso a normas expresas que prohíben este tipo de contraventas que involucran a ministros de Estado".
Pero, agregó, "¿quién va a asumir este error? ¿Lo va a asumir la ministra de Bienes Nacionales? ¿Lo va a asumir la jefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales? Aquí alguien metió la pata de manera profunda y no puede pasar esto como si nada sucedió".
Por último, desde la UDI, el congresista Álvaro Carter expresó que "lo sucedido es vergonzoso. En esta compra fallida de la casa del expresidente Salvador Allende, que hoy, su dueña, es una ministra de Estado, todos los asesores de este Gobierno que estuvieron involucrados deben renunciar. No se saben la ley. Son unos inoperantes. Da vergüenza en qué manos estamos. Quienes son aquellos que gobiernan en este país que no se saben ni la Constitución. Esto debe terminar ahora ya".
¿Y la Segpres?
Autoridades del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, también se unieron a la discusión.
Matías Acevedo, exencargado de la Dirección de Presupuestos (Dipres), dijo a El Mercurio que "como se hacía en el segundo gobierno del Presidente Piñera, la Segpres efectivamente visaba todo lo que tenía que firmar el Presidente y, obviamente, un análisis constitucional básico en este tipo de transacciones era fundamental".
Por el lado de la Dipres, agregó, "no tiene mucho que hacer, desde un punto de vista legal, más bien observa la disponibilidad presupuestaria. Yo diría que la responsabilidad, en este caso, de haber sido Piñera II, estaría en la Segpres, que es la que básicamente le visa todos los documentos al Presidente antes de firmar, además de estar con todos los vistos buenos de las otras instituciones respecto de la disponibilidad presupuestaria. Pero, desde el punto de vista legal, a mí me parece que aquí la responsable es la Segpres".
Por otro lado, recordó que "el adquirir propiedades no son nominativas entiendo la Ley de Presupuestos, no es que diga estos recursos son para adquirir la propiedad de tal y cual persona, sino que más bien son recursos que están disponibles para la adquisición de activos no financieros, y desde ese punto de vista, entiendo que la operación no se va a llevar a cabo por ser inconstitucional, así que desde el punto de vista presupuestario no tiene relevancia".
A esto también se sumó Máximo Pavez, exsubsecretario de la Segpres, aunque añadió otro punto. "Para hacer una operación jurídica de este nivel de simbolismo, pues son casi mil millones de pesos en un inmueble cuyos dueños son personas políticamente expuestas, la División Jurídica de las Segpres sí tiene responsabilidad política por no haberse preocupado de no concretar bien la operación que podría significar un problema, pues se está comprando la casa de un expresidente".
"Le asigno responsabilidad a la Segpres al descuidar su rol de tutelar sobre aquellos actos que pueden hacer afectar severamente la primera línea del Gobierno", aclaró.
Ahora, también puso el foco en quién "materializa la compra, que es responsabilidad de los equipos jurídicos del Ministerio de Bienes Nacionales. El error es tan burdo que si no hay renuncias es incomprensible. ¿Cuántos otros actos jurídicos importantes estarán mal visados?".
