Hasta el Paso Fronterizo de Chacalluta, en Arica, llegó la ex alcaldesa de Providencia y potencial carta presidencial de Chile Vamos,
Evelyn Matthei, para anunciar una serie de medidas enfocadas en reforzar los controles y seguridad en esa frontera del país.
Matthei estuvo acompañada por los senadores UDI Luz Ebensperger y José Durana, y de la presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara, la diputada Camila Flores (RN).
"Este es un tema país, por lo tanto, en esta materia, nadie puede ser mezquino y nadie puede pretender hacerlo todo solo. Es un tema demasiado importante, no solamente por la presión que ejercen los inmigrantes ilegales, en todos los temas sociales; vivienda, educación, salud, Junji, etc., sino que también desde el punto de vista del crimen organizado transnacional, esas son palabras mayores, que si no reaccionamos como país completo, de la misma manera que lo hizo España frente a la ETA, es una batalla que vamos a perder,
así que en esta materia no cabe ningún tipo de pequeñez política", dijo Matthei.
Las autoridades y la ex alcaldesa enfatizaron en las cifras registradas en los últimos años en materia de ingresos clandestinos. Según destacaron, desde 2022, más de 124.887 personas han cruzado nuestras fronteras de manera irregular.
Entre 2018 y 2021, según cifras de la PDI, se registraron 87.792 ingresos irregulares, con un promedio mensual de 1.829. Sin embargo, entre 2022 y octubre de 2024, esta cifra se disparó, duplicando el promedio mensual a 3.673.
En cuanto a las expulsiones, señalaron que en el periodo 2018-2021, se realizaron 140,7 expulsiones mensuales. A partir del 2022 las expulsiones se redujeron a 86,5 mensuales, con una fuerte disminución, de un 49%, de las expulsiones judiciales.
"Esto refleja una profunda crisis en nuestra capacidad de control fronterizo. Es evidente que el enfoque actual no está funcionando", dijo Matthei respecto a las cifras.
Añadió que "llegó el momento de dejar de lamentarnos. Chile enfrenta un desafío que no podemos seguir ignorando: el creciente flujo de migración irregular y su impacto en nuestra seguridad, nuestra economía y nuestra cohesión social. Esta situación exige respuestas concretas, firmes y responsables. Y por eso estamos aquí, para presentar y ofrecer soluciones. No será fácil, pero se requiere voluntad y determinación si queremos enfrentar esto".
A juicio de la líder de Chile Vamos, la migración ilegal incide directamente en la seguridad, la cual -dijo- se ve afectada por los ingresos ilegales, "a pesar de ser los extranjeros un 9,9% de la población residente, hoy representan, según Gendarmería de Chile, el 15,2% de los privados de libertad y el 13% de los victimarios de homicidios".
Estrategia
La propuesta de Matthei y los parlamentarios apunta a una mirada integral que combine infraestructura, capacidades operativas de rápida respuesta y voluntad para hacer respetar la frontera frente a socios internacionales, especialmente Bolivia.
En primer lugar, apunta a la infraestructura para el control fronterizo; esto es, infraestructura física y digital robusta para las zonas más críticas. En las principales rutas de acceso de inmigrantes clandestinos, se propone la instalación de barreras físicas (combinación de fosas, pretiles y otros) para delimitar 240 kms., alrededor de los cuatro pasos fronterizos prioritarios, complementados con sensores de superficie y fibra óptica enterrada.
Además, se propone la instalación de
cámaras ópticas y térmicas con alcance de 10 km, y una
plataforma de procesamiento de video con IA para la detección temprana y automatizada de blancos evitando el monitoreo manual de pantallas de presentación de imágenes.
En pasos secundarios, enfocados en narcotráfico y robo de vehículos, se incluyen patrullas móviles, cuadrimotos, drones de última generación y globos aerostáticos.
Como segundo eje, se pone énfasis en capacidades operativas de respuesta rápida. Destacan que la construcción de barreras físicas y tecnología avanzada es útil, pero no suficiente, por lo que "se debe complementar con una gobernanza integrada y una respuesta rápida de las fuerzas operativas, coordinadas desde un mando centralizado. Esto incluye también el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y las policía".
Asimismo, destacaron que es "imprescindible desarrollar la capacidad de respuesta del Estado ante el movimiento ilegal en la frontera. Ello requiere planificación, coordinación, protocolos, procedimientos y medios de transporte bien definidos".
Un tercer eje apunta a Centros de Internación y Procesamiento. En concreto, se propone la creación de dos centros de internación ubicados dentro de los primeros 10 km., de la frontera, con capacidad para procesar hasta 100 personas cada uno por un máximo de 48 horas.
Se trata de centros móviles que se instalarán según el lugar de mayor ingreso clandestino, inicialmente cerca de Cochane. Están diseñados para evaluar a los migrantes clandestinos mediante tecnología avanzada, incluyendo biometría e interoperabilidad con bases de datos nacionales e internacionales, lo que permite clasificar en forma efectiva las necesidades de protección internacional y ejecutar reconducciones inmediatas a Bolivia o Perú, según corresponda.
Un cuarto punto se enfoca en la efectividad de las reconducciones con Bolivia y colaboración internacional. En esa línea, destacan que "el reciente acuerdo anunciado es un paso importante, pero se debe hacer cumplir u ocupar sanciones de ser necesario, y entender la flexibilidad de la norma chilena con respecto a las reconducciones, que no requiere una autorización explicita de las autoridades del país vecino al no haber ingreso efectivo a Chile".
Además, subrayan que la colaboración con organismos internacionales es crucial para validar la identidad de quienes se mueven por el continente, respetar los derechos de los migrantes y hacer cumplir la norma para reconducir a quien ingresa ilegalmente por un país vecino.
El quinto punto se enfoca en el "término de privilegios para migrantes clandestinos". Así, detallan que "se suprimirán aquellos beneficios que otorguen privilegios respecto de los chilenos y de los migrantes legales. Se complementarán estas medidas con campañas de disuasión y sanciones efectivas a empleadores de migrantes irregulares para abordar el problema de raíz".
