Punto de prensa de la senadora Isabel Allende, junto con otros parlamentarios del PS, realizado el 7 de enero.
Sebastián Cisternas, Aton Chile.
Continúa la controversia por el fallido proceso de compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Gobierno. Esta mañana, el Partido Republicano presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar el cese de funciones de la senadora Isabel Allende (PS), quien habría infringido la prohibición que tienen los parlamentarios de celebrar contratos con el Estado, considerando que es dueña de la propiedad.
Desde Republicanos explicaron que el documento contiene una serie de antecedentes que respaldan la acusación de violación constitucional por parte de la senadora socialista.
Entre ellos, la trasgresión del
artículo 60 de la Constitución, el cual
impide la celebración de contratos entre el Estado y diputados y senadores en ejercicio, lo que es penalizado con el cese en el cargo.
Respecto a la acción, el jefe de la bancada de Republicanos, Luis Fernando Sánchez declaró: "Esto es algo escandaloso, porque viola evidente y flagrantemente la Constitución, y por eso hemos llegado a la conclusión de proceder ante el tribunal constitucional con la presentación de todos estos antecedentes, para que resuelvan la cesación en el cargo de la senadora Isabel Allende".
Asimismo, Sánchez expresó que los equipos jurídicos del partido continúan trabajando y que, desde la colectividad, no descartan presentar nuevos antecedentes en los próximos días para pedir la destitución de la ministra de defensa, Maya Fernández, quien también posee parte de la propiedad del expresidente.
"Quiero aprovechar esta instancia para reiterar un llamado que ya hice a la senadora Isabel Allende: Esto va a tomar un tiempo, un par de semanas, pero lo que corresponde es que la senadora decida ella, por razones éticas y legales, de no seguir participando en ninguna instancia del Senado", apuntó el jefe de la bancada republicana.
Por su parte, Cristián Araya, subjefe de la bancada, manifestó su preocupación por la vulneración de la Carta Magna: "Creemos que es una verdadera bofetada a nuestra democracia que una norma tan clara y expresa, una senadora de la República, junto con la firma de ministros de Estado y el Presidente, haya estado dispuesto a violar nuestro ordenamiento jurídico",
Finalmente, la colectividad declaró estar atenta a la resolución que dicte el TC, la cual esperan que "estén a la altura del mandato que la ciudadanía les ha entregado".
