La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría a la Política de Reactivación Educativa Seamos Comunidad y el Plan de Reactivación Educativa, iniciativas dependientes de la Subsecretaría de Educación, hallando una posible "inflación" en el presupuesto al encontrar $184 mil millones sin invertir.
Tras conocerse el informe, algunos diputados de oposición que integran la Comisión de Educación criticaron la gestión de la Subsecretaría de Educación.
En esa línea, la diputada Marcia Raphael (RN) señaló que "el informe de Contraloría es una señal preocupante de cómo este Gobierno ha abordado el desafío de la reactivación educativa. En lugar de destinar los recursos de manera eficiente para resolver los graves problemas de aprendizaje y deserción escolar que enfrentan miles de estudiantes, lo que vemos es una falta de planificación y un presupuesto inflado que no se traduce en soluciones reales".
Además, puntualizó que "desde la oposición, exigimos transparencia y medidas concretas que prioricen a los niños y jóvenes, porque su futuro no puede ser hipotecado por la improvisación del Ejecutivo".
Por su parte la diputada Karen Medina (IND), enfatizó en que "sabemos que hoy día la deserción escolar es un tema que ha golpeado fuerte, sobre todo la educación pública, y es por ello que insistimos tanto también en que el Ministerio pusiera énfasis en estos programas, que se destinaron más recursos a ellos, y hoy día, por supuesto que el ministerio tendrá que dar las explicaciones correspondientes".
"Es urgente poner el énfasis de la inversión pública para poder recuperar alumnos en el sistema escolar y también sacarlos hoy día de las garras de la droga, de la delincuencia, que es donde estamos viendo hoy día adolescentes que debieran estar en las aulas pero, sin embargo, están delinquiendo en las calles", agregó la diputada.
Además, la parlamentaria aseguró que "por eso es tan importante hoy día saber y poner todo el énfasis en recuperar primero el buen uso de estas platas y el recuperar a nuestros alumnos en las aulas de clases".
A lo anterior se sumó el diputado republicano Stephan Schubert, quien mencionó que el Ministerio de Educación "nos señala que se invierten cientos de millones de pesos en la reactivación, pero después nos damos cuenta que no es así y que en realidad son los mismos dineros de siempre, salvo un pequeño y módico porcentaje de incremento que no llega ni al 10% de lo que había dicho que se estaba invirtiendo en reactivación".
En ese sentido, el parlamentario cuestionó que en el Gobierno "hay un discurso que está preocupado, que se requiere de recursos económicos, que los recursos están. Los chilenos estamos poniendo muchos recursos en educación, pero lamentablemente estos recursos no se están utilizando".
Sobre los recursos de la Política de Reactivación Económica, el diputado Schubert puntualizó que "tenemos un magro porcentaje de ejecución y eso demuestra que hay un problema profundo de gestión en este Gobierno y en particular en el Ministerio de Educación".
Al respecto Magdalena Vergara, investigadora senior de IdeaPaís, señaló que "hace mucho rato se le viene insistiendo al Ministerio de Educación que entregue la información para ver cuál era el impacto real que estaba teniendo la reactivación educativa, para poder enmendar a tiempo. Sin embargo no fueron capaces de entregar las cifras, y ahora las conocemos por la CGR".
En esa línea, la investigadora criticó que "aquí no sólo hay una profunda falta de gestión, también de fondo, pues ellos han sido muy críticos de la focalización de las políticas versus la universalidad de las mismas. Sin embargo, ahora nos piden que nos conformemos con políticas de pichintún".
"Lamentablemente no queda otra que pensar que los aprendizajes no son una prioridad para este Gobierno, y que la educación fue sólo un móvil para llegar a la Moneda", puntualizó la investigadora de IdeaPaís.
Detalles del caso
La Contraloría revisó los recursos invertidos en el plan diseñado entre 2022 y 2023 para enfrentar los efectos de la crisis sanitaria y detalló a través de un informe que los "recursos invertidos por $201.660.883.453, en circunstancias que se verificó que los programas creados para esa política en específico solo involucraron un monto de $17.527.934.675, es decir, se invirtió en la política un 91% menos de los recursos indicados por la Subsecretaría de Educación".
Es decir,
no se utilizaron $184.132.948.778 del total brindado a la subsecretaría para la ejecución del programa que busca resolver la deserción escolar, lo que supondría una
posible "inflación" del presupuesto.
"Cabe señalar que lo anterior corresponde solo a una constatación de hecho de los recursos invertidos en la citada Política de Reactivación Educativa, y no constituye una observación", consignó el Informe N° 455/2024 de la entidad fiscalizadora con fecha 15 de noviembre de 2024.
En el documento la CGR también señaló que de los cuatros programas que formaban parte de la Política de Reactivación Educativa que fueron revisados en la auditoría, "tuvieron una baja ejecución sobre la cobertura de establecimientos educacionales a nivel nacional".
En concreto, el Programa Territorial de Convivencia y Atención en Crisis llegó a 17% de total de comunas del país, cubriendo solo a un 11% de los establecimientos educacionales y a un 16% de los estudiantes.
Por su parte, el Programa A Convivir se Aprende alcanzó una cobertura de un 27% de las comunas del país, de un 13% del total de establecimientos y de un 17% de estudiantes.
$184 mil millonesno se invirtieron en la Política de Reactivación Educativa.
El
Programa Kits Tecnológicos para la Transformación Digital alcanzó solo al 74% de las comunas del país,
que corresponde solo a 8% de los establecimientos educacionales a nivel nacional y a un 6% del total de alumnos.
Finalmente, el Programa Equipos Territoriales de Revinculación y Asistencia de la Subsecretaría de Educación llegó a un 72% de las comunas y a un 22% de establecimientos educacionales. Según el informe de la Contraloría, en este caso se desconoce la cantidad de alumnos que participaron del proyecto porque "la Subsecretaría no acreditó dicha información".
Dado que la Política de Reactivación Educativa Integral es un proyecto que busca mitigar los efectos de la pandemia en el aprendizaje de los estudiantes del país, Contraloría mencionó que estas cifras "dan cuenta de una magra cobertura de establecimientos educacionales y de alumnos, a nivel nacional, con los referidos programas, lo que no se ajusta a los principios de eficiencia y eficacia establecidos en los artículos 3°, 5°, 11 y 53, de la ley N° 18.575".
Además, el informe de la CGR reveló que "la Subsecretaría de Educación no cuenta con fundamentos técnicos para acreditar que los montos pagados a las entidades ejecutoras por los servicios prestados, respecto los programas en revisión, correspondan a un precio acorde con las actividades a desarrollar en los plazos establecidos".
En esa línea, desde la entidad fiscalizadora consignaron que "no fue posible determinar si los precios cobrados por dichos servicios estaban sub o sobre valorados".
