Sobre la indagatoria que lleva la fiscalía regional de Antofagasta respecto a un presunto aborto cometido por la diputada Catalina Pérez se refirió la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.
La investigación se desprende de la causa por posible fraude al fisco que pesa sobre la legisladora a raíz del caso de Democracia Viva y se cruza con la próxima presentación del proyecto de ley de aborto que el Ejecutivo tiene comprometido.
Al respecto, la ministra indicó que "creemos que en nuestro país no se puede seguir persiguiendo y criminalizando a las mujeres por este tema, y que debemos avanzar y no retroceder en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, y finalmente, su posibilidad de decidir respecto a sus proyectos de vida. Por ese motivo, precisamente, hemos comprometido el ingreso de un proyecto de ley de legalización del aborto".
"Entre 2012 y 2022, un total de 444 personas, mayoritariamente mujeres, fueron investigadas por aborto en Chile, y más del 10% de causas fueron tras un aborto espontáneo, de acuerdo al estudio recientemente publicado por Corporación Miles", acotó.
Y añadió que "estas investigaciones implican para el Estado un gasto en fiscales, diligencias, audiencias, entre otros, para perseguir a mujeres que tuvieron un aborto espontáneo o tomaron esta decisión en circunstancias muy complejas, y para ellas, una mayor vulnerabilidad y afectación en su salud mental".
