Casi tres semanas se han cumplido desde que se conoció la existencia de un "proceso en curso" para la adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado. ¿La razón? El Gobierno pretendía convertir el inmueble en un museo como una "forma de resguardar el patrimonio intangible" debido a su "valor histórico", según sostuvo la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry.
La situación rápidamente causó polémica debido a las personas que figuran como parte de las propietarias del inmueble en la que el exmandatario vivió junto a su esposa, Hortensia Bussi, entre 1953 y 1971: la ministra de Defensa, Maya Fernández y la senadora Isabel Allende (PS), nieta e hija del otrora jefe de Estado, respectivamente.
Rápidamente, desde la oposición advirtieron que el proceso podía implicar
una violación constitucional por parte del Gobierno, ya que ambas autoridades tienen prohibido -como cualquier funcionario público- celebrar contratos con el Estado dado los cargos que ocupan. Así lo sostiene la Carta Magna en su artículo 37 bis, que indica que "durante su mandato,
los ministros no pueden celebrar o caucionar contratos con el Estado".
Producto de estas posibles infracciones, el Gobierno -luego de varios avances en la tramitación- debió pausar la operación de la residencia de Allende. Esto por "darse, justamente, una incompatibilidad respecto de la estructura de propiedad de esa vivienda en particular, se decidió detener la compra, hasta que ese problema sea eventualmente solucionado", dijo el Mandatario Gabriel Boric un día después de que estallara el debate público.
Si bien la compra se puso en marcha "hace meses" -de acuerdo con Etcheverry-, el 31 de diciembre se conoció por la publicación desde Bienes Nacionales y el revuelo estalló luego desde la UDI anunciaran el pasado viernes 3 que recurrirían a la Contraloría para que se pronunciara sobre el negocio que involucraba a las autoridades.
Habiendo transcurrido casi tres semanas de estallado el caso, el capítulo de la fallida compra de la casa ubicada en la calle Guardia Vieja en Providencia no se ha cerrado y sus consecuencias aumentan con el paso de los días.
Presidente solicita la renuncia a ministra Sandoval
Ante las solicitudes de ejercer responsabilidades por lo sucedido tanto desde la oposición como desde el oficialismo, el lunes 6 de enero, el Gobierno anunció que la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (FA) no seguiría en su cargo.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la decisión del presidente Gabriel Boric de solicitar la renuncia a Sandoval por el intento de compra de la casa del expresidente Salvador Allende, pese al vicio constitucional en que radicaba la transacción: "Claramente esto es algo que no debió haber sucedido y por eso el Presidente ha tomado la decisión que se ha conocido en las últimas horas", aseveró la jefa de gabinete.
Además, agregó que la decisión "tiene que ver con una responsabilidad política, no con un error personal".
Consultada sobre por qué se determina la salida de Sandoval en lugar del de la ministra de Defensa, Maya Fernández, Tohá sostuvo que "la gestión de Gobierno está radicada en ese ministerio y el Presidente decidió hacer valer ahí la responsabilidad".
Republicanos ingresan al TC requerimiento
El 13 de enero el Partido Republicano presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar el cese de funciones de la senadora Isabel Allende (PS).
Desde la tienda explicaron que el documento contiene una serie de antecedentes que respaldan la acusación de violación constitucional por parte de la senadora socialista.
Entre ellos, la trasgresión del artículo 60 de la Constitución, el cual impide la celebración de contratos entre el Estado y diputados y senadores en ejercicio, lo que es penalizado con el cese en el cargo.
Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora
Asimismo, ese mismo 13 de enero, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora encargada de reunir antecedentes sobre los actos del Gobierno relacionados con la transacción.
La iniciativa fue impulsada por parlamentarios de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y su objetivo será indagar las acciones de la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de las Culturas y el de Bienes Nacionales, con un plazo de 60 días para cumplir su mandato.
Presentan querella y allanan Ministerio de BB.NN.
Posteriormente, la Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando que se investigue un presunto fraude al Fisco en la frustrada adquisición de la casa de Allende.
La querella cuestiona el uso de fondos públicos para la compra del inmueble en calle Guardia Vieja visado con la firma del Presidente de la República.
El fiscal nacional Ángel Valencia designó a Patricio Cooper, jefe del Ministerio Público de la Región de Coquimbo para liderar la investigación. Él también tiene a su cargo la indagatoria de la arista Procultura del caso Convenios, donde está involucrada la expareja del Mandatario Irina Karamanos.
Luego de que se presentara la denuncia y como parte de la investigación, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento al Ministerio de Bienes Nacionales en Santiago, donde desplegaron diversas diligencias intrusivas relativas a la fallida transacción de la casa de Allende.
Desde la Fiscalía Regional de Coquimbo, que está a cargo de esta investigación, indicaron que no se referirán a las diligencias, ya que están se encuentran en curso y solo se referirán hasta que culminen.
Chile Vamos ingresa requerimiento al TC
Tres días después de que Republicanos ingresara un requerimiento al TC para destituir a senadora Isabel Allende, diputados de Chile Vamos realizaron el mismo acto.
El requerimiento fue solicitado por los diputados Gustavo Benavente (UDI), Jorge Guzmán (EVO), Flor Weisse (IND-UDI), Daniel Lilayú (UDI), Sergio Bobadilla (UDI), Hugo Rey (RN), Frank Sauerbaum (RN), Camila Flores (RN) Paula Labra (IND-RN) y Eduardo Matheson (Evópoli) y apunta a que el TC se pronuncie "en torno a la causal de cesación en el cargo de parlamentario en la que incurrió la Honorable Senadora Isabel Allende Bussi al contravenir la prohibición contemplada en el artículo 60 inciso segundo de la Constitución Política de la República de celebrar contratos con el Estado mientras ejercía el cargo de Senadora".
"El contrato de compraventa fue celebrado por lo que se ha incurrido en causal de cesación del cargo de diputado o senador, correspondiendo a esta magistratura la competencia para conocer de dicha causal de cesación en virtud del artículo 93 N°14 de la Carta fundamental", argumentaron los diputados.
Jefa jurídica de BB.NN. deja su cargo
Además, de las acciones legales se concretó una nueva salida se concretó en el ministerio de Bienes Nacionales. Se trata de la Jefa Jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez, quien al conocerse el intento del Gobierno de adquirir el inmueble, quedó a cargo de concretar el proceso de resciliación con el que el Ejecutivo y la familia Allende buscan retrotraer la firma de la compraventa.
Desde la cartera informaron que la abogada presentó el 15 de enero de 2025 su renuncia voluntaria al cargo de Jefa de la División Jurídica y desde este mismo día seguirá cumpliendo otras funciones en el Ministerio de Bienes Nacionales.
