Esta tarde a las 20:30 horas está programada la sesión telemática del Tribunal Regional Metropolitano del Frente Amplio (FA), que decidirá el futuro de la militancia -actualmente suspendida- de la diputada Maite Orsini tras intervenir en más de una ocasión a favor de su expareja, Jorge Valdivia.
Tras su regreso ayer al Congreso Nacional por 67 días de ausencia justificada con licencias médicas, la diputada Orsini confirmó que no renunciaría al FA y aseguró: "Espero que mi actuar sea juzgado con justicia y con objetividad".
En concreto, la medida disciplinaria contra la parlamentaria se justifica porque
sus acciones "son contrarias a los principios y valores de nuestro partido", por lo que la Dirección Regional Metropolitana del partido interpuso una denuncia en coordinación con la Dirección Nacional que fue impulsada por varios militantes, entre ellas, por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA).
La denuncia se compone de cuatro páginas que detallan las acciones que realizó Orsini por su expareja Jorge Valdivia, quien está con arresto domiciliario nocturno como medida cautelar por una indagatoria en su contra por el presunto delito de violación.
Los hechos detallados son el "telefonazo" a la general Karina Soza en 2023 por la detención del exfutbolista. El segundo es el llamado a Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, para exigirle que se disculpara públicamente con ella tras criticarla por el llamado a la general Soza. El tercero corresponde al contacto que mantuvo con una de las denunciantes de delitos sexuales contra Valdivia. Y el último, es por contactar vía WhatsApp a la fiscal regional Lorena Parra, jefa de la jurisdicción Oriente del Ministerio Público que lleva a cabo el denominado "caso Valdivia".
Estas comunicaciones irían en contra de lo establecido en la causal de la letra B del artículo 66 de los estatutos del partido, que señala que "haber incurrido en conductas que configuren violencia sexual o de género" será una conducta sancionada con la expulsión de la colectividad.
La instancia del proceso disciplinario es llevada a cabo por el Tribunal Regional Metropolitano del FA, esto luego de que el Tribunal Supremo de la colectividad dictara hace un mes la prohibición temporal de actuar en nombre del partido y la suspensión de su participación como militante.
En tanto hoy, en la audiencia telemática del Tribunal Regional del FA, la diputada a través de su abogado, Gabriel Osorio, entregará antecedentes y sus perspectivas sobre el proceso sancionatorio en su contra.
El Tribunal del FA
Según fuentes del Frente Amplio, la instancia es llevada a cabo por cinco miembros titulares electos por votación de la militancia de la Región Metropolitana en las elecciones de Directiva Nacional que se realiza en julio de cada año..
El Tribunal Regional Metropolitano se compone de la presidenta Lía Gálvez Fuentes, Marta Matamala Mejía (Secretaría), Camila Contreras Gómez (Tesorería), Miguel Cifuentes Varas (Secretaría de Comunicaciones y Despliegue Territorial) y Tomás Gallegos Vallejos (Secretaría de Formación y Contenidos).
En la audiencia, tanto la parte denunciante como la denunciada presentan sus argumentos y descargos. Con ello el Tribunal Regional, atendiendo a las pruebas y argumentos expuestos, determina el veredicto de la instancia.
Ahí, se deberá esperar un plazo de 10 días posterior a la audiencia para emitir la sentencia final. Y tanto la parte denunciante como la denunciada pueden apelar la decisión, y esta será revisada por el Tribunal Supremo del Frente Amplio.
Dicha instancia se compone de el presidente Fabián Salas (exCS), y entre los integrantes están Patricia Araya Lucero (exCS), el concejal por Providencia Cristóbal Lagos González (exCS) y Christian Sánchez Ponce (exRD), Claudio Barría Fuentes (exCS), Evelyn Vieyra Luna (exCS), Sebastián Aguirre (exCS), Nora Jara Liupay y Lizett Riquelme Rubilar.
