Senador Jaime Quintana (PPD).
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Entre las múltiples reacciones que surgieron producto de la decisión del régimen de Nicolás Maduro por cerrar los consulados de Chile en ese país, varias voces desde el parlamento, de manera transversal, expresaron sus inquietudes porque el ya intricado escenario de expulsiones y extradiciones se hace prácticamente nulo.
El senador UDI e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, lamentó la determinación del régimen de Maduro, y expresó que "yo diría que lo más grave es que no podemos extraditar a nadie, porque el gobierno venezolano no está disputado a recibir organizaciones criminales y personas indocumentadas, y no podemos expulsarlas".
En la misma línea, el senador PPD, Jaime Quintana, también miembro de la instancia de la Cámara Alta, comentó a Emol que con esto, "Venezuela pasa a convertirse en un enemigo de Chile. Hay que asumir que la relación con ese país entra en otra fase. Esto Chile lo pudo haber terminado antes".
Asimismo, enfatizó en la necesidad de reflotar un debate que se dio en el último trimestre del año pasado, y con el que el Gobierno -pese a esfuerzos por endurecer la política migratoria-, no comparte: crear centros de internación para personas indocumentandas.
"A partir de ahora, se hace inviable la llegada de nuevas oleadas de ese país a Chile, puesto que quien ingrese al territorio nacional lo hará siempre sin papeles y tendrá que someterse, por lo tanto, a otro régimen. Chile tendrá que tomar medidas más duras con Venezuela y todos los sectores políticos debieran entenderlo así. Hoy sí se justifica pensar en centros de internación provisoria para migrantes indocumentados y para solicitantes de refugio", dijo Quintana.
El proyecto
El pasado 2 de septiembre, los diputados Camila Musante (PPD), Rubén Oyarzo (IND), Carolina Marzán (PPD), Joanna Pérez (Demócratas), Jaime Araya (Ind. PPD), Marta González (PPD), Raúl Soto (PPD), Carlos Bianchi (IND), Cristián Tapia (PPD) y Héctor Ulloa (PPD), presentaron un proyecto de ley que "modifica distintos cuerpos legales con el fin de asegurar el éxito de procedimientos de expulsión a extranjeros mediante su confinamiento en centros de internación de carácter no penitenciario".
El documento detalla que se propone la creación de dichos centros de internación no penitenciarios "para personas extranjeras que sean objeto de una orden de expulsión, lugar en el cual no podrán permanecer más de 60 días corridos, y donde se les resguardarán todos sus derechos".
En ese sentido, se plantea que los involucrados puedan acceder a defensa, a ser notificados a las actuaciones del proceso, a no ser discriminados, a tener la compañía de su familia, y a recibir colaboración y soporte de organizaciones sin fines de lucro.
La iniciativa pasó el 9 de octubre a la Comisión de Gobierno Interior, y el pasado 8 de enero de este año, la Corte Suprema envió su opinión respecto al contenido, donde cuestionó una serie de elementos constitucionales y legales del mismo.
Entre las observaciones del presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, se detalla que "existen materias que inciden directamente con las funciones de los tribunales"; que la propuesta, "aunque utilice la palabra 'internación', regula una forma de privación de libertad en el contexto de expulsiones administrativas, que es el ámbito regulado por la referida norma constitucional (...) por lo que la moción presenta un vicio de constitucionalidad al extender la privación de libertad por hasta 60 días".
