El Mercurio (imagen referencial)
La Municipalidad de Santiago interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de reposición con apelación en subsidio, tras la declaración de inadmisibilidad que hizo la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 22 de enero del recurso que pretende impedir la construcción de una nueva cárcel en la comuna.
La nueva acción judicial de la administración del alcalde Mario Desbordes busca que el tribunal de alzada enmiende la reciente resolución.
Además, el municipio señaló que "en caso de que se rechace esta reposición, sea la Corte Suprema la que revise la resolución impugnada. Para la Municipalidad de Santiago, el recurso de protección es la vía idónea y cumple con los requisitos normativos exigidos para ser declarado admisible".
Tras lo ocurrido, Desbordes señaló que "vamos a hacer todas las acciones judiciales que sean posibles, vamos a pedir que se detenga la construcción si es que se inician los procesos, vamos a hacer todo lo necesario para que esa cárcel no se construya porque estamos convencidos que técnicamente no corresponde una cárcel de alta seguridad en ese lugar".
En esa línea, el edil consignó que "estamos convencidos de que el proceso no está correcto. El Gobierno está construyendo una nueva cárcel, no la ampliación de una cárcel anterior, y por lo tanto los procedimientos que se están usando por parte del ministerio de Vivienda son completamente ilegales".
El nuevo recurso judicial de la comuna reitera que el proyecto del Ejecutivo se trata de "la construcción de un nuevo recinto penitenciario y no una ampliación de la cárcel ya existente" y ahonda en que la resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprobó la modificación del plan regulador de la comuna que permite la ampliación de la cárcel Santiago 1 "carece de razonabilidad y argumentación lógica en lo que respecta a la conclusión y calificación del proyecto penitenciario a título de ‘ampliación’".
La Dirección Jurídica municipal, que encabeza el abogado José Ignacio Pinochet, observa que "la calificación del ‘nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad’, como fue descrito por el Presidente de la República en su última cuenta pública como una ‘ampliación’ y no como una ‘nueva cárcel’ permitiría al Estado violar flagrantemente el inciso 3°, del artículo 1° de la Ley 21.636 que mandata perentoriamente que al tratarse de recintos penitenciarios nuevos ‘no se podrá aprobar la propuesta de modificación de un plan regulador para la construcción de un recinto penitenciario nuevo si los informes (de la Municipalidad y del Gobierno Regional) no aprobaren su construcción’".
Además, indicó que se "vulneran normas ambientales, ya que no obliga el ingreso del proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA)".
