En medio de las críticas por la lenta reconstrucción, uno de los principales problemas denunciados por las familias damnificadas del megaincendio de Viña del Mar es que algunas poseen
segundas viviendas, lo que
las inhabilita para recibir ayuda estatal para reconstruir sus hogares que fueron arrasados por el fuego.
Desde el Ejecutivo han explicado que este criterio apunta a entregar cobertura a quienes tengan una necesidad habitacional urgente, ya que una familia "no hábil" tendría una segunda vivienda para poder vivir y no clasificaría para los proyectos habitacionales del Gobierno.
Una de las vecinas de El Olivar, Marlene Vargas, señaló en diálogo con LUN que desde el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), le dijeron que no le arreglarán su casa por tener otro inmueble.
"En realidad, no tengo otra vivienda. Quien la tiene es mi marido, con quien tengo separación de bienes. Entonces no entiendo por qué me discriminar por estar casada, como si el trabajo que yo invertí para comprar esa casa no valiera nada, me parece altamente injusto", criticó.
Además, reclamó que desde la Municipalidad de Viña del Mar le recomendaron divorciarse para ser considerada en el plan de reconstrucción como madre soltera: "Son tan cara de palo que me pidieron que me separe de mi marido, con quien soy feliz, para así figurar como mamá soltera de dos hijos, algo que no estoy dispuesta a hacer".
Al respecto el Cardenal Arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, abrió el debate a raíz de esta situación a través de la red social X. "Leo en LUN de hoy 'mujer que perdió su casa en incendio de Viña asegura que le dijeron que se separara para obtener ayuda social'. Ella responde 'no entiendo por qué me discriminan por estar casada'. Este gravísimo episodio retrata una gran frivolidad y superficialidad. ¡Penoso!".
Expertos explican
Este tipo de prácticas es más común de lo que se cree. En redes sociales hay varios testimonios de personas que se han separado o divorciado de sus parejas para obtener beneficios como subsidios o gratuidad universitaria para sus hijos.
Según el economista y experto en políticas públicas Slaven Razmilic esto se debe a que "desde siempre los instrumentos de focalización han sido vulnerables a este tipo de prácticas. Lo fueron en los ochenta y noventa, con la Ficha CAS, posteriormente con la Ficha de Protección Social y en la actualidad, con el Registro Social de Hogares. El diseño de los programas públicos debiese tener esto en consideración".
Razmilic es autor del estudio titulado "¿Dónde están los hombres?" que aborda esta problemática y mencionó a El Mercurio que el diseño debe considerar lo que se denomina "retiro gradual de beneficios", que se traduce como que "los subsidios se deben reducir gradualmente en la medida en que los ingresos aumentan. De lo contrario, el incentivo a falsear información es demasiado grande".
En tanto, el abogado Hugo Jofré, presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política (ACCP), confirmó que esta práctica "es más común de lo que uno puede pensar (...) Indudablemente hay un proceder que es cuestionable desde un punto de vista ético, ya que a la larga significa mentir o esconder parte de los ingresos con los que cuenta la familia afectada. Esta situación es aún más grave si es promovida por un funcionario municipal", declaró en relación con la denuncia de Marlene Vargas al mencionado medio.
En esa línea, el abogado cuestiona el rol que han tenido las instituciones públicas para abordar este caso, ya que según él, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Serviu "no cuentan con suficientes herramientas para prevenir y corregir situaciones así, lo que entorpece el fin último, que es que el Estado de Chile llegue con respuestas oportunas a problemas públicos y a ciertas catástrofes. Los incendios de Viña cumplen un año y hoy muestran la peor cara del Estado por su excesiva lentitud".
Minvu responde
En concreto, uno de los requisitos para adquirir una propiedad a través del Serviu, es que la persona que postula y su cónyuge no sean propietarios de una propiedad o que no hayan sido anteriormente beneficiados por el servicio estatal, ya que se entrega el beneficio a una familia y no de forma individual. Por lo anterior, una de las posibilidades para beneficiarse de un subsidio del Serviu es solicitar el divorcio a su pareja.
Sin embargo, esto no aplicaría en casos de emergencias en los que se aplica la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), la cual permite recopilar información de los hogares afectados por emergencias como terremotos, tsunamis, aluviones, incendios forestales, entre otros, y que producto de la emergencia fueron afectados sus enseres y su vivienda.
En la ficha se debe consignar "la ubicación del hogar, cuántas personas componen el grupo familiar y sus características, identificación de necesidades especiales, existencia de redes y participación, información y apreciación del daño de la vivienda", según la página web de Chile Atiende. En concreto, no se preguntaría el estado civil de los habitantes, por lo que esto no afectaría su postulación a la reposición de vivienda.
En esto coincidió Guillermo Rolando, quien fue subsecretario de Vivienda entre los años 2018 y 2022 y explicó que "cuando tú tienes una reconstrucción por una catástrofe no hay puntajes, porque el Estado tiene que ayudar a todas las personas que perdieron una casa y no tienen otra".
En ese sentido, tras ser consultados por Emol sobre el tema, desde el Minvu señalaron sobre la denuncia de la vecina que "comprendemos y empatizamos con su caso", agregando que "la política habitacional trabaja en función de la urgente necesidad habitacional y así es como se han fijado sus criterios no sólo para esta reconstrucción, sino que, para todas, es decir, que se atiendan las familias que tienen una sola vivienda y que esta vivienda resultó afectada. Eso es lo que se conoce como una familia hábil de subsidio", explicaron desde la cartera.
¿Quiénes tienen más beneficios?
Desde la Subsecretaría de Evaluación Social, mencionaron a Emol que "existen múltiples programas destinados a mujeres y la mayoría de ellos no discrimina entre solteras o casadas, o entre con o sin hijos, es decir, entre los criterios que se utilizan para seleccionar a las personas beneficiarias, no se considera la variable de estado civil ni de maternidad, a excepción del Bono Bodas de Oro".
Hay algunos programas que tienen un foco en mujeres que tienen hijos o hijas como el Bono por Hijo, Programa 4 a 7, Chile Crece Más, y el Bono por Control Niño Sano, pero sin discriminar entre casadas o solteras. Por ende, desde el servicio aseguraron que "no es posible sostener" que el estado civil afecte la clasificación para una ayuda estatal.
En esa línea, afirmaron que "es necesario aclarar que no es necesario estar soltero/a, divorciado/a o separado/a para acceder a los programas sociales".
Esto, porque el instrumento más utilizado para asignar prestaciones sociales es la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (RSH). Este registro permite caracterizar la situación socioeconómica de los hogares del país y es utilizado por los servicios públicos para que puedan identificar a los usuarios de su oferta programática.
En ese sentido, desde la subsecretaría señalaron que "la CSE no solo considera los ingresos declarados por los hogares (ya sea por trabajo, jubilación, pensiones y más), sino también su composición, es decir, el número de integrantes, sus edades y si presentan discapacidad o dependencia, e incorpora información proveniente de diversas bases de datos administrativas". Es decir, al igual que el FIBE, no consulta sobre el estado civil de los integrantes del grupo familiar.
Esto permitiría "un análisis más amplio del estándar de vida de los hogares y una asignación más precisa de los apoyos estatales", concluyeron desde el servicio.
