El subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que fijó para el jueves 27 de febrero el plazo final de desalojo de la megatoma en el Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio.
El fallo ordena que el desalojo debe ser de forma "razonable y paulatina", y ordena que tanto la Municipalidad de San Antonio, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y Carabineros de Chile coordinen "una división cuadricular para llevar a cabo el desalojo".
Consultado por este tema y las implicancias en el orden público, Cordero comentó esta mañana que "las situaciones de tomas, la instalación de campamentos, es una situación muy conflictiva desde la apropiación ilegal del inmueble, pero también cuando hay asentamientos humanos que se establecen", dijo a Radio Cooperativa.
Cordero indicó que esta no es la única sentencia que ha ordenado un desalojo, pero "la particularidad de esta es que es la toma más grande que tenemos en Chile, con 4 mil familias, 10 mil personas, por eso, el trabajo que ha estado desarrollando el ministro Carlos Montes es tratar de buscar una solución, entre los pobladores de la toma, conjuntamente con los dueños, que permita una solución relativamente satisfactoria. Ese proceso de conversación y negociación sigue en curso".
En ese sentido, el subsecretario detalló "el Estado, en conversación con los dueños, ha solicitado prórrogas para el desalojo, pero la Corte ha advertido que el plazo máximo es el 27 de febrero; hay conversaciones adicionales que están pendientes con los propietarios. En cualquier caso las coordinaciones que se han hecho con la Delegación, Municipalidad, Ministerio de Desarrollo Social y de Vivienda, se han ido programando".
El subsecretario recordó que "esto no es simplemente el desalojo, la Corte impuso una gran cantidad de condiciones. Si hay personas que provienen de grupos vulnerables, niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, deben tener un tratamiento en el desalojo que es bien distinto. Hay que dar una solución para hogares de transición para las personas (...) y todo eso supone una logística por parte del Estado".
Consultado por dónde van finalmente esas personas desalojadas, Cordero comentó que en base a experiencias previas con "tomas menores", es que los proceso de desalojo "se hacen por cuadrículas, progresivamente, se establecen lugares de transición y a través de los mecanismos de vivienda para que ellos puedan acceder a una. Pero las dimensiones de los desalojos que hemos tenido hasta ahora son muchísimo más acotadas de las que ordena la Corte en este caso, por eso la principal preocupación del Gobierno y del ministro Montes ha sido lograr un acuerdo con los propietarios".
Con todo, añadió que "los propietarios también tienen costos", que se traduce en el uso de maquinarias o el cierre del terreno. Por eso, el próximo lunes él mismo acompañará al ministro Montes a otra reunión con los propietarios, "así que el Gobierno todavía espera lograr una solución para ese caso".
