En ocho días, la megatoma de San Antonio deberá ser desalojada, según determinó la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y tras una serie de fallos y aplazamientos de una determinación de la justicia que partió en 2023, cuando el recurso de amparo de los dueños fue acogido.
El jueves 27 de febrero es el plazo final para que desalojen las familias, mientras que el Gobierno busca que se pueda llegar a una solución que les permita tener más tiempo para regularizar. Por ahora, la apuesta es que, a través de cooperativas, los vecinos puedan participar de un proceso de compra a los dueños.
Del otro lado de la pugna están los dueños, la inmobiliaria San Antonio, cuyos representantes han señalado que no están cerrados a ninguna opción que frene el desalojo, aunque la que más ha sonado es la de vender el terreno. Según conoció Emol, la inmobiliaria quiere vender a 0,69 UF el m2.
Esos son aspectos que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, busca plantear el lunes a los dueños de la inmobiliaria, de modo de obtener más tiempo. De llegar a un acuerdo, los abogados de la inmobiliaria presentarían un escrito para frenar el desalojo, pero el panorama, hasta ahora, se ve complejo.
Zoom a la megatoma
La megatoma comprende 257 hectáreas, en los predios denominados "Hijuelas-Llolleo" y "Parcela Coterce", y alberga a 3.945 familias (9.845 personas), de acuerdo al catastro el que Minvu entregó en agosto.
Fue en 2019 cuando comenzaron a instalarse con mayor fuerza las familias que habitan el paño. Ellos mismos se fueron organizando para dividir los terrenos -varios, en secciones de 10m x 20m, aunque otros lo hicieron según el espacio que deseaban ocupar-, y comenzaron a construir; alguno incluso han señalado que lo hicieron con el dinero de bonos y de los retiros que autorizó el Congreso Nacional durante la pandemia.
Así, las distintas realidades de la toma se reflejan, por ejemplo, en las materialidades de las viviendas, con algunas más ligeras y otras, con construcciones más sólidas. Eso sí, la mayoría tiene fosa, puesto que no hay alcantarillado.
En el caso de la electricidad, los vecinos pagan por sector un determinado monto a Chilquinta. Según comentó una vecina al matinal Contigo en la Mañana -en marzo de 2024-, cada sector o villa paga $720 mil trimestrales, lo que se divide entre quienes viven en el lugar.
Del total de habitantes, y de acuerdo a un catastro que el Minvu entregó en agosto del año pasado, la mayoría de las personas son chilenos jóvenes y un 19% son extranjeros, un 33% son niños, niñas y adolescentes; más del 70% de las familias tiene una situación de alta vulnerabilidad; y más del 90% no tiene segunda vivienda.
De hecho, en varias ocasiones en que los habitantes de la toma han dicho estar en contra de quienes tienen más de una vivienda. Pero también hay otras dimensiones que conviven ahí, como el caso de algunos que empezaron a vender sitios.
Los campamentos al interior de la toma son "Centinela", con 3.123 personas; "Vista Hermosa", con 3.586 personas; "Aguas Saladas", con 2.215 personas; "Manuel Bulnes", con 1.027 personas; y "Fuerza Guerrera", con 894 personas.
El informe revelado por el organismo añade que los habitantes son "en su gran mayoría, oriundos del litoral central y hay más hombres que mujeres como residentes, lo que es excepcional si se analiza la conformación nacional".
