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¿Qué son las cooperativas?: El mecanismo por el que apuesta el Gobierno para evitar el desalojo de la megatoma

De acuerdo al ministro de Vivienda, ya hay más de 3 mil familias que firmaron para conformar una cooperativa, sin embargo, expertos apuntan a la complejidad del proceso, que no alcanzaría a finalizar antes del 27 de febrero.

20 de Febrero de 2025 | 21:10 | Redactado por Daniela Toro, Emol.
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Pasaje en la megatoma de San Antonio.

El Mercurio/Archivo
Un escenario complejo y de alta gravedad se vive por estos días en relación a la megatoma de San Antonio. Esto, porque faltan siete días para que llegue el plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para su desalojo, luego de varios fallos y dilaciones.

Así las cosas, aunque el tribunal de alzada determinó que el proceso debe ser de manera "razonable y paulatina", de todos modos, para algunos expertos y autoridades locales, es simplemente inviable en las condiciones actuales. Por un lado, porque se trata de la toma más grande del país, con más de 10 mil habitantes, y porque no habría suficiente contingente policial para poder abordarla.

Pese a esas "limitantes" operacionales, lo cierto es que existe un fallo judicial que se debe acatar, y para ello, el Gobierno intenta desplegar un último recurso, eso sí, a contrarreloj: convencer a los dueños del paño usurpado de vender.

En esa tratativa, hay varias otras situaciones que hacen intrincado el proceso. Primero, que los dueños han fijado un precio de 0,69 UF el m2, verus las 0,58 el m2 que propone el Serviu como el valor a pagar a través de cooperativas. Y segundo, respecto a la conformación misma de las cooperativas, las que de acuerdo a expertos, podría demorar varios meses para que se conformen de acuerdo a lo que mandata la normativa.

Ayer, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, dijo a CNN que según lo conversado con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, 3.200 de las 4.000 familias que habitan en la toma ya se encuentran inscritas para la conformación de las cooperativas.

Cómo funcionan las cooperativas


Las cooperativas -reguladas en el decreto con fuerza de Ley N°5- son una organización de personas que buscan un objetivo común, en este caso, vivienda. Es el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo la cartera encargada -a través de su departamento de Cooperativas- de levantar y administrar el registro de cooperativas existentes en el país, en virtud de las exigencias de la Ley General de Cooperativas.

De acuerdo al decreto, las cooperativas de vivienda pueden tener dos características: pueden ser cerradas, es decir, donde un grupo de personas se organiza para desarrollar un proyecto habitacional; y abiertas, que deben ser de objeto único y pueden desarrollar en forma permanente, simultánea o sucesiva diferentes programas habitacionales, y tener carácter nacional o bien desarrollar una acción legal.

En conversación con Emol, José Polanco, asistente social y experto en cooperativismo y en programas de vivienda social, comenta que "para la envergadura del tema (San Antonio), no creo que sea una sola cooperativa la que se pueda animar, sino que un conjunto de grupos cooperativos bajo una forma jurídica de una cooperativa abierta de vivienda".

El proceso de todos modos, a juicio del experto, es extenso y podría tardar, al menos seis meses: "se debe conformar una personalidad jurídica que se gestiona ante el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, con la descripción de los socios, entre otros. Sin eso, no se puede ser ningún tipo de gestión ni compromiso de compraventa".

En tanto, Matthias Casasco, jefe de la Red por la Vivienda y Ciudad de Déficit Cero, añade que en este caso se podrían conformar "varias cooperativas de vivienda cerradas, que tienen como tope máximo 200 socios". Agrega que las cooperativas, a diferencia de los comités de viviendas, pueden "involucrarse en el diseño y ejecución de los proyectos habitacionales de mayor forma. Ellos pueden ser la propia entidad patrocinante del proyecto a desarrollar".

Eso sí, destaca que, en efecto, las conformaciones son más complejas y tienen desafíos. "Muchas veces los grupos que se logran conformar y formalizar como cooperativas de vivienda en Chile, suelen ser muy organizados, con un capital social importante, con redes, porque hay una falta importante de asesoría y asistencia técnica para este tipo de figuras. Depende mucho de autogestión, participación y proactividad de sus integrantes". Añade que, las cooperativas tienen la posibilidad de "pedir un préstamo al Estado, sin interés, por ejemplo, para adquirir suelo".

En esta línea, Polanco añade que un punto clave en el caso de San Antonio es determinar "es cuál es el compromiso real de los futuros beneficiarios o socios de estas cooperativas, con un ahorro previo que les permita, en el futuro, postular a la solución habitacional, ya sea con subsidio del Estado o con crédito hipotecario. Este es un requisito esencial para poder avanzar en este tema".

Tiempo límite vs. "solución innovadora"


Los expertos consultados afirman que la conformación de cooperativas de vivienda -ya sean abiertas o cerradas-, de todos modos están muy ajustadas en el tiempo de cara al desalojo. Así, el escenario sería, o contar con una solución "muy innovadora" en la materia, o que no se alcance a concretar este "plan" del Gobierno, el que en todos los casos, es criticado por tardío.

Polanco comenta que el Minvu tiene un equipo que lleva "casi dos años trabajando en un plan piloto en el tema de las cooperativas cerradas, y hasta ahora no han tenido resultados. Ninguna se ha logrado conformar con personalidad jurídica". En el caso específico de San Antonio, es tajante en señalar que "los tiempos no tienen por dónde calzar".

Por su parte, Carrasco reflexiona que la crisis que se vive en torno a la mega toma "es muy complejo, con muchas familias radicadas en ese terreno, y por lo tanto las soluciones deben ser diversas. Probablemente no haya una solución que deba ser tradicional, sino que pueda innovar, con metas a corto, mediano y largo plazo, con todos los actores posible. Porque el Estado no va a poder entregar por si solo una solución al problema, pero sí va a tener un rol muy importante en la planificación de soluciones a nivel habitacional y urbano".

Alberto Texido, arquitecto de la U. de Chile, añade que en medio de esta responsabilidad del Estado de avanzar en soluciones, "el ministro Montes ha iniciado una presión que básicamente fuerza que esta informalidad absoluta que hay, pase a un proceso de formalización, lo que pudo haber ocurrido mucho antes".

Esa formalización, remarca, incluyendo todos los procesos adicionales, como construcción, planificación territorial y otros, "podría tomar entre tres y cinco años".
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