El jueves se conoció la postergación -para el 4 de marzo- del desalojo de la toma
Edén de Lajarilla, en Viña del Mar. Esto, luego de una reunión con el abogado de los dueños del terreno, Carabineros y el Municipio, donde se concluyó que no existe fuerza policial suficiente para el día que estaba programada: el sábado 22 de febrero.
Esto, porque el Festival de Viña del Mar -que se desarrollará del 23 al 28 de febrero-, también incluirá un despliegue policial adicional, aunque ayer, tras la reunión de seguridad, el coronel de Carabineros, Leonardo Cárdenas, sostuvo que llegaron recursos de distintas reparticiones, especialmente desde la RM, para esos días.
El aplazamiento del desalojo de esa toma abrió las dudas en torno a lo que podría ocurrir el próximo 27 de febrero, fecha final fijada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que se concrete el lanzamiento de la toma de San Antonio, la más grande del país, con 257 hectáreas y más de 10 mil personas. En tanto, la de Viña del Mar, es casi exponencialmente más pequeña: tiene dos hectáreas y la ocupan 87 familias.
La toma de Lajarilla
La toma Edén de Lajarilla está ubicada en el sector de Reñaca Alto, y sus terrenos pertenecen al empresario José Massú, y tienen un valor fiscal cercano a los $146 millones, sin embargo, el valor comercial podría llegar al doble, bordeando los $300 millones.
De todas formas, hasta ahora, la postura del dueño, de acuerdo a lo que ha señalado el abogado Waldo del Villar, es la desocupación del predio, y no la de vender. Por el contrario, los ocupantes han insistido en poder comprar los terrenos para continuar en el lugar.
80% de los habitantes de la toma Edén de Lajarilla son extranjeros
Asimismo, los dirigentes de la toma ingresaron una querella por estafa contra Massú ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, ya que aseguran que el empresario les habría "regalado" el terreno. Además, solicitaron un recurso de protección para dejar sin validez el fallo de la Corte Suprema de 2022 que ordenaba la desocupación.
Son dos las parcelas -de una hectárea cada una- las que ocupan desde hace tres años unas 87 familias, que suman, aproximadamente, 450 personas. A diferencia de la toma de San Antonio, y según dijo el propio abogado de los pobladores, Gustavo Burgos, a Mega, la mayoría de personas son extranjeras y sólo el 20% serían chilenos.
De todos modos, la toma presenta la dificultad de que está inserta en otro terreno ocupado ilegalmente, por lo que se estima que los ocupantes podrían ser muchos más.
En enero, el desalojo fue suspendido por el tribunal de alzada de Valparaíso, puesto que de acuerdo a lo que señaló el abogado Waldo del Villar a El Mercurio, esto se debió a que se desconocía cuántos eran los ocupantes ilegales, lo que imposibilitaba planificar el procedimiento.
Acotó que la Corte de Apelaciones pidió tanto a la Municipalidad como al Ministerio de Vivienda que remitieran los catastros que debieron haber sido realizados en ese tiempo, y que indicaran las medidas previstas para entregar ayuda social a las familias que serían desalojadas.
No obstante, un documento con fecha 11 de febrero, firmado por la alcaldesa Macarena Ripamonti -al que accedió La Estrella de Valparaíso-, permite conocer otros datos de la toma. Hay tres grupos que requieren especial protección en el marco del desalojo: 74 niños, niñas y adolescentes; de los cuales 8 son lactantes.
Además, hay 7 personas mayores de especial cuidado y 8 habitantes en situación de enfermedad terminal "quienes requieren atención prioritaria".
