A mediodía de este lunes, el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, sostendrán un reunión clave con los propietarios del terreno donde se emplaza la megatoma de San Antonio.
Esto, con el objetivo de buscar una salida alternativa al desalojo programado para este jueves 27 de febrero, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso fijara para ese día, a las 10:00 horas, el inicio del desalojo de la toma, donde residen 10.251 personas en 4.136 inmuebles construidos en un terreno privado de 260 hectáreas, ubicado en el cerro Centinela.
El encuentro, a contrareloj, se llevará a cabo en Santiago. "Vamos con disposición de lograr un entendimiento con el gobierno y evitar que el desalojo se materialice. Pero tampoco vamos aceptar que se imponga cualquier modalidad. Naturalmente que si no llegamos a acuerdo, instaremos a que se cumpla la sentencia", expresó al respecto el
abogado de los propietarios, Diego Pereira.
Cabe recordar que durante la última semana se han realizado diversas gestiones con el fin de poder evitar o prorrogar el desalojo, y es que a pocos días de la fecha límite el alcalde de San Antonio, Omar Vera, señaló que ni Carabineros ni la inmobiliaria han informado los planes para ejecutar la medida. En ese contexto, presentó un nuevo escrito ante el tribunal de alzada de la Región de Valparaíso, a pesar de que este ya rechazó las impugnaciones previas.
En ese sentido, en busca de soluciones el Ejecutivo está reuniendo a cientos de familias ocupantes en el gimnasio de la escuela Padre André Coindre, en San Antonio, para formalizar la constitución de 32 cooperativas. Estas, organizadas en una federación, buscan comprar el predio al dueño. Según los dirigentes, el plan contempla un aporte inicial de $200.000 por socio, seguido de cuotas mensuales de $100.000.
El Ministerio de Vivienda (Minvu) informó que, hasta el momento, se ha logrado conformar 16 asociaciones, agrupando un total de 1.963 familias, con la expectativa de alcanzar las 30 durante esta semana. La cartera estima que el número total de familias podría superar las 3.000, ya que 3.200 personas se han inscrito con la intención de formalizar una asociación.
En ese contexto el abogado de los propietarios manifestó respecto a la reunión de hoy que las claves de un eventual acuerdo pasan por coincidir en torno al valor a pagar por el predio, que se aclara el mecanismo financiero al que accederán las cooperativas, y de qué modo el Estado actuará como operante o garante en ello.
Presiones del PC
Otro punto de tensión al respecto son las presiones de parte del Partido comunista (PC) al Gobierno para que se evite el desalojo.
En esa línea, a las palabras del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien ha sido crítico de la gestión del Ejecutivo en la materia, se sumó la diputada Lorena Pizarro (PC), quien manifestó a El Mercurio que "tomarse terrenos es una de esas formas que a quienes primero no les gusta hacerlas es a los pobladores que recurren a ellas para mejorar su calidad de vida. Desde luego, no estoy de acuerdo con un desalojo".
"Hay que buscar una solución. Primero los dueños de los terrenos tienen que dejar esa lógica de hacer negocio con todo", agregó.
Por su parte, el exministro de Desarrollo Social y militante PC, Marcos Barraza, expresó que "la orden de desalojo evidencia una colisión entre el derecho a la propiedad privada, sin omitir la especulación que se hace con su valor, y la legítima reivindicación del derecho a la vivienda y a la protección de familias vulnerables. De ahí que competa al Gobierno dar todas las garantías para brindar una solución a este conflicto, que ponga al centro el bienestar de las familias".
