Esta semana, Weilmer Dimitri Adrián, un hombre francés de 52 años, fue asesinado luego de que una banda integrada por menores de edad entrara a robar a su domicilio ubicado en Chicureo, comuna de Colina.
En el hecho, que ocurrió en el condominio La Reserva, participaron cinco sujetos. Ellos, a rostro cubierto y con armas de fuego y blancas, ingresaron a la casa, y el ciudadano extranjero tras oponerse al asalto, fue apuñalado.
Dicho acto fue repudiado y lamentado por la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, quien, considerando que tres de los asaltantes eran menores de edad (de entre 16 y 17 años) llamó al Congreso a "endurecer las penas" para quienes tienen menos de 18 años.
"Hoy día no podemos permitir que menores de edad sigan impunes en la ley, necesitamos que se endurezcan las penas para menores de edad", afirmó y, por ello, llamó a "todos los diputados y senadores de nuestra República a modificar la ley y endurecer las penas para los menores de edad. Es el minuto de hacerlo, no podemos permitir que sigan utilizando a los menores de edad para este tipo de actos delictuales".
Consultados por Emol, parlamentarios de las Comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputados y del Senado respondieron a esta solicitud.
La presidenta de la instancia en la cámara Baja, Gloria Naveillan (Partido Nacional Libertario), aseguró que concuerda "absolutamente" con la alcaldesa de Colina. "Yo creo que ya está bueno de hacernos los tontos. Acá hay menores de edad que están cometiendo delitos gravísimos y, por lo tanto, merecen un aumento en las penas", remarcó.
Asimismo, dijo que "no podemos seguir con esta estupidez de que los menores de 18 años tienen penas menores o tienen la posibilidad de entrar y salir de la cárcel permanentemente solo por el hecho de ser menores de edad. No más. Acá en Chile todos los mayores de 14 años que han cometido delitos merecen penas aflictivas más altas, y voy a estudiar y presentar un proyecto al respecto en la Comisión de Seguridad Ciudadana".
Desde la misma comisión, el diputado Jaime Araya (PPD) sostuvo: "Tenemos que revisar la legislación respecto de los menores infractores de ley y buscar un nuevo régimen de responsabilidad penal adolescente, el actual quedó obsoleto y no responde a la realidad actual. Todos los mayores de 16 años en delitos de homicidio, violación, secuestro y robos con homicidio o violación, deben ser juzgados como adultos. Hay que enfrentar la realidad".
Una mirada similar mostró el congresista José Miguel Castro (RN), quien advirtió que "ha llegado el momento de conversar de una vez por todas algo que no le gusta muchas veces a la izquierda, que es hablar de la responsabilidad penal que puedan llegar a tener menores de edad, sobre todo, aquellos que son cercanos a la mayoría de edad".
"Es el momento de que también conversemos la responsabilidad de los padres en términos penales, en términos civiles y también de aquellos, por supuesto, que reclutan niños para cometer esta clase de delitos, porque saben que de esa forma se están blindando frente a caer a la cárcel. Como sociedad nos estamos quebrando por la delincuencia y este Gobierno debe dejar alguna vez de lado la ideología y tratar a los delincuentes como delincuentes", añadió.
Desde la UDI, también se manifestó el diputado Henry Leal, quien expuso que "concuerdo plenamente con la opinión de la alcaldesa, y es más, existe un proyecto de ley en el Senado, por lo que hago un llamado al Gobierno a que le pongan discusión inmediata o suma urgencia".
"Tenemos que subir las penas a los adolescentes, rebajar la edad de la responsabilidad penal efectiva a 16 años. Hoy día tienen una responsabilidad menor, generalmente cumplen en libertad y creo que están dadas las condiciones. Un joven de 17 años sabe perfectamente discernir lo que es correcto y lo que no es correcto, y hoy día muchas bandas, incluso, utilizan menores para cometer delitos graves, por lo tanto, llegó la hora de que el Gobierno deje de opinar, actúe y ponga suma urgencia al proyecto que está en el Senado", enfatizó.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, senador Iván Flores (DC), expresó en tanto, que es "muy preocupante lo que pasa cuando el crimen organizado o las bandas utilizan niños o adolescentes para cometer delitos, en algunos casos por ser inimputables y, en otros casos, porque se entusiasman fácilmente producto del dinero fácil, de lo que muestra la 'narcocultura': las joyas, los autos, en fin, todo ese comportamiento que muestran algunos medios de comunicación también".
"La verdad es que estamos muy preocupados y lo hemos dicho en todos los espacios en que podemos: la falta de una educación contundente, la falta de apoyo familiar, las vulnerabilidades en los barrios humildes que hacen que el crimen organizado instale allí sus redes y tienta, o fuerza, a los jóvenes a ser partícipes y soldados de sus propósitos oscuros", acotó.
El parlamentario aseguró que "todo esto es muy complejo y requiere una decisión de Estado, pero también requiere mano firme, o sea, todo el acompañamiento de las familias vulnerables para que los niños no salgan a la calle y sean atrapados por las organizaciones criminales. Pero también, aquellos jóvenes, adolescentes que están en medidas de discernimiento sepan que de cometer delitos tampoco va a ser fácil, ni sencillo. Yo creo que vamos a tener que revisar la responsabilidad penal juvenil, tenemos que revisar el Código Penal respecto de la responsabilidad, sobre todo, cuando se cometen crímenes de alta connotación, particularmente homicidios. Ojo con eso, porque vamos a tener que empezar a actuar de una manera distinta".
"No reduce el delito" y la importancia de la "segregación"
Daniel Soto Muñoz, doctor en Procesos e Instituciones Políticas de la Universidad Adolfo Ibáñez, explicó a este medio que la responsabilidad penal de los adolescentes está regulada en Chile por la Ley 20.084, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño que, en su artículo 40, establece que los Estados deben fijar una edad mínima de imputabilidad.
Actualmente, agregó, esa edad es 14 años. Entre los 14 y 18, los adolescentes que infringen la ley penal son juzgados por un sistema especializado. No obstante, las sanciones, incluso para delitos graves, tienen un fin primordialmente educativo, no punitivo. "Así lo ratifican instrumentos internacionales como las Reglas de Beijing y lo ha enfatizado el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que insta a evitar la privación de libertad y sólo usarla excepcionalmente", advirtió.
En ese sentido, comentó que "endurecer las penas para adolescentes, generalizando la cárcel, contraviene estos estándares de derechos humanos y no reduce el delito, según muestra la evidencia criminológica".
Lo efectivo, dijo, "son programas que aborden factores de riesgo psicosocial con apoyo familiar y comunitario. La ley chilena ya contempla sanciones de hasta 10 años para delitos graves. Privaciones de libertad más extensas afectarían gravemente el desarrollo de los adolescentes, como advierte el Comité de Derechos del Niño (Observación General 24). Además, la Convención contra la Tortura y la ley 20.968 prohíben absolutamente someter a adolescentes privados de libertad a apremios o tratos crueles. La prevención del delito no es trabajo de fiscales, ni jueces, sino de las autoridades encargadas de la seguridad pública".
Sydney Houston, consultor en seguridad, también abordó esta situación. Y, desde su punto de vista, dijo que "hay que ver la experiencia internacional, que es fundamental", y además hay que tener un "sistema robusto" en la "segregación" antes de "endurecer las penas".
"Antes de endurecer las penas, que es lo más fácil (...) y factible, porque si yo tengo a los 16 años el derecho de ser papá, de tener subsidios por ser papá y todo eso, también tengo que tener deberes", antes de eso "hay que tener un sistema robusto en la separación de los menores infractores de ley, de los menores que son criminales, y de otros menores que son los abandonados por los papás y los que tienen sistemas que no los está ayudando el Estado", afirmó.
Si no hay segregación, dijo que "el tipo de pena de cárcel no se puede hacer, porque lo primero, que es el fondo del asunto, es si el menor ya entró a la carrera delictual criminal, y para llegar a matar a alguien como lo hicieron, no es que estén empezando una carrera delictual. Aquí los buenismos no existen (...) y poder, con el actual sistema chileno, pensar detenerlos y después reinsertarlos en sociedad, en estos momentos con los recursos y la forma como el Estado está estructurado, no se va a poder". "Pueden haber casos de éxito, pero no es lo global", agregó.
Por lo tanto, remarcó que "endurecer las penas sí, pero tiene que ser con tanta publicidad, que los niños, niñas y adolescentes, los NNA, los piensen dos veces, porque lo van a pasar mal".
