El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la polémica suscitada en torno al allanamiento en la casa de la diputada Karol Cariola (PC), diligencia realizada justo después de que la parlamentaria diera a luz a su primer hijo.
Tras sostener una cita con el ahora ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien asumió el cargo ayer tras la renuncia a la cartera de Carolina Tohá, la máxima autoridad del Ministerio Público guardó prudencia en sus palabras ante un eventual reclamo en contra del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lidera la investigación.
Abordado por los medios de comunicación en el Palacio de La Moneda, Valencia dijo al ser consultado por la diligencia y las críticas originadas en torno al momento en que se concretó la misma que "el fiscal Patricio Cooper el día de ayer explicó
públicamente las razones por las cuales esa diligencia fue necesaria y la oportunidad de ella. Yo me remito a lo que el fiscal Cooper, que es el fiscal de la causa, pudo plantear sobre el particular".
Cooper en entrevista con El Mercurio reveló que "no sabíamos que iba a tener la guagua ese día, ella el día domingo estaba en su casa, y por lo tanto, desde ese punto de vista, la premura tiene que ver con el éxito de las diligencias teniendo en cuenta que el lunes se liberaban los informes" en torno al análisis de uno de los celulares incautados a la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), con una serie de conversaciones comprometedoras con la diputada Cariola.
El plazo de la reserva de los informes vencía, por lo que se debería entregar copia a los intervinientes. Por ello, la defensa y la ex jefa comunal "iban a saber que habíamos recuperado los chats, porque todas esas conversaciones fueron borradas por la exalcaldesa, y dada la naturaleza de los chats numerosos que hay, sabía que eran muy amigas, y lo que iba a ocurrir es que sabiendo la exalcaldesa que habíamos recuperado estos chats comprometedores, lo más probable es que avisara a la diputada y a otras personas que teníamos sus chats y, por lo tanto, se podía perder la evidencia (...), era totalmente un riesgo".
Prosiguió Valencia: "La decisión de una diligencia que, conforme a la ley chilena, requiere una autorización judicial. Esa orden judicial se impartió por parte de un juez de la República que analizó el mérito de la petición".
En ese sentido, explicó que "estoy legalmente limitado a emitir opiniones o calificar esos procedimientos", debido a que "dentro de mis funciones legales y constitucionales, se encuentra eventualmente tener que resolver cualquier reclamo en contra de la actividad de un fiscal".
Dijo además que "por una razón de prudencia tengo que tener mucho cuidado, medir bastante las palabras respecto de los calificativos que ocupo, porque alguien podría estimar que me estoy inhabilitando por emitir opinión previa".
