Hace una semana, una señal de alerta fue levantada por un agricultor de Rancagua, quien aseguró -en una carta enviada a El Mercurio-, que se está registrando una
seguidilla de robos de caballos y aperos, y que posteriormente serían comercializados de manera "fraudulenta". Esto, sumado a diversos asaltos a mano armada a agricultores en varios puntos del país.
En la carta, Andrés Montero, asegura también que "el campo chileno está desprotegido y no se destinan recursos para labores de prevención, persecución y condena", y advierte que de no haber respuesta rápida y eficaz de la autoridad, "la autodefensa surgirá como la única vía posible para agricultores y ganaderos".
A los descargos se sumó, en otra carta, Nicolás Montero Portilla, quien el miércoles narró cómo él y su familia sufrieron un "brutal asalto" en el campo a las afueras de San Fernando. "Todos fuimos violentamente tratados, nos pegaron, nos insultaron, nos amenazaron, nos amarraron, nos dispararon sin éxito, y dieron vuelta nuestra casa completa", sostuvo.
Esto, junto al mismo reclamo del agricultor anterior: "Chile se ha convertido en un país inseguro, donde quienes nos deberían defender no pueden hacerlo (Carabineros ya no tiene facultades ni apoyo alguno) y quienes deberían estar encerrados no lo están".
Hay otra práctica que, según Ricardo Irarrázaval, un lector de Graneros, está "normalizada": el robo permanente a las unidades productivas agrícolas durante todo el año, "e intensificado en periodos de cosecha, ante la indiferencia de las autoridades", reclamó.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien sostuvo ayer una reunión con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, precisamente para abordar este tema, es tajante al señalar que "es un tema muy serio, en un sector productivo, donde vivir en el campo ha sido sinónimo de paz, tranquilidad, y eso se está perdiendo".
La delincuencia en cifras
En noviembre, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) entregó los resultados de su tradicional Encuesta Enagro, donde incluyó un apartado para revisar los alcances de la delincuencia en zonas rurales. El sondeo mostró que el 79% de los agricultores declaró haber sido víctimas de robo en los últimos 12 meses.
Al consultar sobre las especies robadas, los resultados mostraron que el 60% de los agricultores manifestó haber perdido insumos agrícolas; un 38% indicó el robo de parte de su producción; un 30%, robo en las instalaciones eléctricas; un 26%, robo de maquinaria; un 16%, robo de insumos agroindustriales; y del 23% que mencionó "otros" elementos, el más frecuente fue el robo de vehículos personales, específicamente camionetas.
40% de los agricultores considera "nada probable" que las autoridades a cargo de investigar ilícitos, pueda resolver sus casos
Al cuantificar los robos, la SNA mostró que la sustracción de maquinarias conllevan pérdidas de entre $5 y $10 millones, llegando en algunas ocasiones a los $20 millones.
En el caso de los delitos de 2024, y al igual que el año anterior, el tipo más frecuente fue el abigeato, con un 45% de las sustracciones. En segundo lugar, se encontró el delito de lesiones (30%), seguido por el delito de usurpación (25%) y por último el delito de incendio con un 20%. En cuanto a las especies robadas, la distribución se mantuvo similar a la reportada en 2023.
También se les consultó a los agricultores cuáles serían sus acciones si "hoy" fueran víctimas de un delito. El 77% contestó que harían una denuncia a Carabineros, la PDI o la Fiscalía. Un 54% indicó que invertiría en mayor seguridad; un 21% mencionó que interpondría una querella en tribunales, y un 17% intentaría investigar por su cuenta para llegar a los autores. En tanto un 16% dijo que no haría nada y asumiría el costo del delito.
Ante la consulta sobre cuánta confianza tenían los agricultores para que las autoridades encargadas de investigar pudieran esclarecer los hechos, un 40% consideró que sería "nada probable".
"El dolor del mundo rural"
Ayer, los alcaldes de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) se reunieron con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, en el edificio de Carabineros, en Santiago. En la instancia, los jefes comunales de Pirque, Colina, Padre Hurtado, Buin, Curacaví y Calle Larga -en representación de los municipios rurales de la Región de Valparaíso-, les expresaron sus inquietudes al alto mando policial.
Los requerimientos se centraron en mayor seguridad, aumento de dotación, refuerzo de patrullaje preventivo, y la reapertura de retenes y transformación de subcomisarías en comisarías, para mejorar así la cobertura territorial.
"Le planteamos al general director (de Carabineros) las preocupaciones, el dolor del mundo rural; por falta de infraestructura, esta poca capacidad de respuesta, porque tenemos que recorrer largos kilómetros para poder dar respuesta a incivilidades o delitos".
Jaime Escudero, presidente AMUR
El alcalde de Pirque y presidente de la AMUR, Jaime Escudero, comentó que en la instancia "le planteamos al general director las preocupaciones, el dolor del mundo rural; por falta de infraestructura, esta poca capacidad de respuesta, porque tenemos que recorrer largos kilómetros para poder dar respuesta a incivilidades o delitos".
Por su parte, el presidente de la SNA, Antonio Walker, en la reunión con el subsecretario Cordero, le expresó su preocupación sobre "cómo ha aumentado los hechos delictuales en comunas rurales de Chile. Según nuestra encuesta, el 79% de los agricultores declaran haber sido víctimas de un hecho delictual o robo con violencia en los últimos 12 meses, y eso es muy preocupante".
Walker anunció que en los próximos días publicarán un "manual de denuncias", para que los agricultores efectivamente denuncien los ilícitos de los que puedan ser víctimas, y de paso, poder tener más estadísticas que puedan ser entregadas a las autoridades, según solicitó Cordero.
En octubre de 2024, Federico Errázuriz, gerente de políticas públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Carolyn McLean, presidenta de los agricultores de Quillota y Marga Marga; Marcelo Fuentes, presidente de los agricultores de O'Higgins; y Víctor Catán, presidente de Fedefruta, llegaron hasta el Congreso -en una reunión organizada por el diputado Diego Schalper-, para que se abordara el problema de la delincuencia rural.
Traslado de actividades criminales y menor presencia del Estado
Hay múltiples factores que inciden en el escenario que se ha agudizado en el campo chileno. De acuerdo a Pilar Lizana, experta en seguridad e investigadora de AthenaLab, en efecto hay temas relativos con las capacidades de los Carabineros, de la mano de las complejidades que implica la proliferación de bandas que se instalan en esas zonas y que emprenden economías ilícitas.
Respecto a la capacidad de la policía uniformada, Lizana comenta que "efectivamente hay un tema en cuanto a capacidades de las policías, y para empezar a responder esas dudas, habría que hacer un catastro, para saber cuántos carabineros faltan y si es que se necesitan redistribuir". Esto, porque el contexto de seguridad que vive el país en general, también implica que se deban cumplir múltiples funciones y una alta demanda.
El segundo factor apunta a las actividades criminales que se han ido trasladando hacia las zonas rurales, "como grandes cultivos de marihuana, con competencia entre bandas por robos de recursos marítimos, entre otras".
Este nuevo escenario que afecta casi transversalmente al sector rural, se explica por la menor presencia del Estado en zonas que hace una década eran consideradas más seguras. "Por lo tanto, se abre una oportunidad para que los grupos criminales exploten esa baja presencia del Estado", añade la investigadora.
Uno de los grandes desafíos para avanzar en soluciones en la materia es que los distintos niveles de la administración del Estado trabajen en conjunto. Lizana comenta que lo esencial es "tener una visión de seguridad país que guíe estrategias sectoriales que permita que el nivel nacional interactúe con el nivel regional para abordar la persecución, y que el nivel nacional y regional, trabajen en conjunto con el nivel local, para hacerse cargo sobre cómo se expresa la delincuencia y el crimen organizado en determinado territorio".
En esa línea, el Ministerio de Seguridad, que comenzará a operar el próximo 1 de abril, se podría instalar como una vía para avanzar en la descentralización de la persecución y prevención del delito, puesto que, entre otros elementos, contará con secretarías regionales ministeriales de seguridad pública.
Para Lizana, la nueva cartera "puede ser un tremendo aliado como un gran problema. Porque si se va a trasladar la labor del Ministerio del Interior, vamos a tener los mismos problemas. Lo que se necesita es flexibilidad en la respuesta, una institución que sea liviana, que no venga con la carga burocrática y cultura institucional que conocemos desde siempre, o si no, no se van a poder abordar estratégicamente los problemas".
