Si bien durante la semana pasada algunos partidos de Chile Vamos ya habían deslizado la idea de que Karol Cariola (PC) dejara la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, por las diligencias que se han desarrollado en su contra por presunto tráfico de influencias, en los últimos días la presión aumentó con el ultimátum de la UDI.
En concreto, el subjefe de la bancada, Henry Leal, dijo que la congresista debía dejar su cargo este lunes o, de lo contrario, presentarían una censura a la mesa el día martes.
"Nosotros creemos que la presidenta de la Cámara, la diputada Cariola, debe dar un paso al costado y renunciar a la conducción de la mesa", dijo Leal el sábado.
Luego, precisó que "vamos a esperar al lunes. Creo que por el bien de ella debe dar un paso al costado. Si ella no presenta su renuncia, nosotros estaremos obligados a presentar una censura a la mesa".
"Creo que la investigación que está en curso es grave, ella tiene todo derecho a defenderse, a demostrar su inocencia. Pero mientras tanto, por una señal de transparencia, tal como se hizo con la diputada Pérez, que dejó la testera, corresponde que ella lo haga", afirmó y advirtió: "Si no lo hace, nosotros presentaremos la censura el día martes".
Cabe mencionar que, según el acuerdo administrativo de la Cámara, Cariola debería terminar su periodo como presidenta el próximo 15 de abril.
Emol consultó a los otros diputados que componen la mesa directiva qué opinan de esta situación y de la eventual censura.
En ese sentido, Gaspar Rivas (IND), primer vicepresidente, aseguró que "la presión que está llevando a cabo la UDI sobre la presidenta de la Cámara pasa por encima del principio de presunción de inocencia, considerándola culpable antes de que los tribunales se hayan pronunciado sobre el asunto".
"Se sirven, para ello, de la supuesta renuncia, en 2023, de la entonces vicepresidenta Catalina Pérez, olvidando que ésta no renunció, sino que meramente congeló su participación en la mesa frente a los cuestionamientos en el Caso Fundaciones", agregó.
En tanto, Eric Aedo (DC) -quien oficialmente es segundo vicepresidente, pero actualmente reemplaza a Cariola por su postnatal-, afirmó que "la mesa ha sido de una sola línea inalterable desde que está este proceso de investigación relacionado con la diputada".
"La posición de la mesa, y que he expresado yo con total transparencia desde el lunes de la semana pasada, es que dejemos que las instituciones funcionen, que la justicia haga su trabajo, que lo haga con total libertad", remarcó.
En la misma línea, añadió que "ese ha sido un principio inquebrantable de esta mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas. Hemos mantenido ese principio de independencia de poderes, de no hacer defensas corporativas en todos los casos que atañen o que involucran a distintos parlamentarios del país. De hecho, hay parlamentarios y parlamentarias desaforados, algunos esperando la resolución definitiva de la Corte Suprema, y también hay parlamentarios que hoy día están, incluso, en prisión preventiva en medio de las investigaciones".
El congresista advirtió que la oposición siempre podrá hacer uso de las atribuciones y las facultades que el propio reglamento de la Cámara expone. Sin embargo, "si queremos dejar que las instituciones funcionen, y decimos que ese es un principio que todos queremos respetar, entonces dejemos que las instituciones funcionen y que la justicia haga su tarea".
La censura, dijo, siempre la podrán presentar, pero "por acciones de la propia mesa". Así, puntualizó que "me parece que es bien extraño que me digan que van a censurar una mesa que ha aplicado a cabalidad el principio de la división de poderes, de respeto a cada una de las instituciones y que no hagamos defensas corporativas".
Hay que mencionar que, además, el fin de semana Cariola abordó lo que está ocurriendo a través de un video compartido en sus redes sociales. La diputada señaló que tomará medidas tras el allanamiento en su domicilio, justo el día del nacimiento de su hijo Borja, y anunció que irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que acusó que fueron "víctimas de una gran violación de nuestros derechos".
