De izquierda a derecha, diputados: Hery Leal (UDI); Miguel Mellado (RN); Erika Olivera (Demócratas); y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).
Emol.
A sólo minutos de que la oposición presentara una acusación constitucional contra
Maya Fernández, la hasta ahora titular del ministerio de Defensa presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric, la que fue aceptada esta tarde.
En paralelo, también renunció hoy el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi.
La salida de Fernández ocurre a dos meses desde que estallara la polémica por la fallida compraventa de la casa del ex Presidente Salvador Allende al Estado de Chile, donde tanto Fernández como la senadora Isabel Allende, ambas militantes PS, figuran como propietarias.
Una vez conocida la renuncia, desde la oposición interpretaron la salida de Fernández del Gobierno como un reconocimiento a los errores que se cometieron al intentar vender el inmueble al fisco.
El diputado Juan Antonio Coloma (UDI), planteó que la renuncia no sólo reconoce que la compraventa "tenía vicios graves, de fondo y de forma, sino que además, violaba la Constitución. De lo contrario, la ministra Fernández no habría renunciado; por lo tanto, hay un reconocimiento de su parte de la ilegalidad y de la gravedad del actuar".
Desde la misma tienda, el diputado Henry Leal, comentó que la ahora ex ministra Fernández "hizo lo correcto", pues a su parecer "era insostenible su permanencia en el ministerio, porque es evidente que había infringido la Constitución y la ley al suscribir un contrato con el Estado. Esto refuerza que no tenía otro camino que renunciar. Ahora tendremos que evaluar si seguimos adelante con la AC o la bajamos".
En tanto, el diputado Miguel Mellado (RN), comentó tras la salida de Fernández que "la oposición, en conjunto, le está diciendo al Gobierno que seremos inflexibles en fiscalizarlo; y vamos a ser también inflexibles y unitarios, para llegar incluso hasta las acusaciones constitucionales, para que se den cuenta lo mal que lo están haciendo frente a los chilenos".
La diputada
Camila Flores (RN), en tanto, afirmó que "nosotros hemos decidido seguir adelante con la AC, persigue a la ministra de defensa durante tres meses una vez dejado su cargo, porque nos parece tan grave lo que ella ha hecho. Sabemos que fue alertado el Gobierno por parte de la exministra de Bienes Nacionales (...).
La ministra sabía lo que estaba haciendo y no puede ser que la única sanción sea dejar el cargo y no exista nada más".
Desde la tienda Demócratas, la diputada Erika Olivera, dijo que la renuncia de Fernández "es un terremoto para el Gobierno, y también una vergüenza el esperar y poner resistencia hasta el último momento respecto a lo que estaba ocurriendo con esta compra venta que pertenece a la familia de la (ex)ministra. Esperar hasta último momento donde se presenta la AC contra Maya Fernández, creo que habla del mal manejo que ha tenido el Gobierno en este sentido".
Consultada por si, a su juicio, Chile Vamos y Republicanos deberían bajar la AC contra Fernández, Olivera dijo que "si está dentro de las facultades y del rol de los parlamentarios, y creen que es necesario seguir, hay que seguir adelante, y esta Cámara deberá pronunciarse respecto a eso".
En tanto, el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, comentó que "desde un principio" que Fernández debió renunciar a su cargo, "al momento de darse a conocer el contrato que había firmado con el Estado, evidentemente quedó en evidencia que había entrado en una causal para una AC y para perder su cargo. Debió haber renunciado hace bastante tiempo atrás. Estiraron el tema hasta que efectivamente la oposición hace una presentación de una AC".
Consultado por si apoyará aún la AC, en caso de seguir adelante, Kaiser precisó que "una acusación constitucional no es sólo para que un ministro abandone su cargo, sino que para hacer efectivas las responsabilidades políticas por un renuncio importante. Entonces, si se presenta, yo votaré de la mano de lo que es la acusación, y creo que está bastante comprobado que la ministra Fernández firmó un contrato con el Estado, lo que no debía ser".
