El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados de la fiscalización sobre el acceso a información referente a las listas de espera en el sistema de salud pública entre 2023 y 2024. La investigación reveló problemas significativos en la gestión, registro y comunicación de esta información a la ciudadanía.
La investigación, denominada Fiscalización Especial, analizó el desempeño y la entrega de información respecto a los días de espera en las listas del servicio público, durante el periodo comprendido entre enero del 2023 a marzo del 2024.
Los resultados revelaron que, al 31 de marzo de 2024, el promedio general de días de espera en las listas GES (Garantías Explícitas en Salud) retrasadas es de 138 días, mientras que para las intervenciones quirúrgicas el promedio asciende a 252 días.
Además, se detectó que los hospitales de las regiones del sur y la zona austral de Chile presentan los tiempos de espera más prolongados, en contraste con las regiones del norte del país, donde los tiempos son los menores.
En cuanto a la segmentación por tipo de patologías, los problemas de salud con mayor cantidad de garantías en espera son enfermedades de la visión, seguidas por enfermedades crónicas y tratamiento de cánceres. A su vez, el grupo con la mayor proporción de egresos corresponde a los tratamientos oncológicos, con 159.594 pacientes egresados en el período fiscalizado.
Para realizar el monitoreo, se hicieron solicitudes de acceso a información a los servicios de salud, a la Superintendencia de Salud, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a instituciones castrenses de salud, y a los establecimientos autogestionados en red de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Problemas de transparencia
Uno de los puntos más relevantes dentro del informe del Consejo refiere a la inconsistencia de la información entregada por los distintos organismos consultados.
De acuerdo a lo señalado por la institución, al 31 de marzo de 2024, se registraron 82.486 casos en listas de espera GES, según información proporcionada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Sin embargo, se detectaron discordancias entre dicha información y aquella reportada por los Servicios de Salud y Fonasa, que también resultaron disímiles entre sí.
Asimismo, el documento indicó que catorce instituciones no respondieron dentro de los plazos legales establecidos por la Ley de Transparencia y que 40 no entregaron la totalidad de los datos requeridos. También se detectaron prácticas dilatorias en la derivación de solicitudes de información, lo que en algunos casos provocó la omisión o entrega incompleta de los datos pedidos.
Por último, la fiscalización implicó la revisión de los sitios web de los servicios de salud del país, con el fin de poder saber si estos organismos publican información de forma proactiva sobre las cifras de listas de espera. El hallazgo en este aspecto expuso que tan solo 7 de los 29 servicios de salud revisados publican dicha información, sin un estándar uniforme que permita a la ciudadanía conocer de manera clara y actualizada la situación.
El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, se refirió a los resultados de la investigación, donde remarcó que "el acceso a la información es un derecho fundamental de las personas y una herramienta para el control ciudadano". Por lo tanto, "la falta de consistencia en la información sobre las listas de espera no solo vulnera este derecho, sino que también debilita la confianza en el sistema de salud pública".
Navarrete agregó que desde el organismo ven con preocupación el hecho de que, según información entregada por lo servicios, existan 26 sumarios por gestión de listas de espera, de los cuales solo uno estaba terminado.
"Como Consejo, reiteramos nuestro llamado a las autoridades a mejorar los mecanismos de fiscalización, corregir estas deficiencias en el acceso a la información y garantizar la disponibilidad de información fidedigna y oportuna para la ciudadanía", concluyó el presidente del Consejo.
