"Quedó en el aire que la causa no avanzaba, porque efectivamente la misma está por lavado de activos. Hay una norma reforzada que es un tipo penal de la ley de lavado de activos que me impide indicar respecto a esa investigación. (...) Lo que le puedo decir es que tengo un equipo dispuesto de muchas personas en la Fiscalía Coquimbo, que se han hecho múltiples diligencias en las ocho regiones del país".
De esta forma, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se refería la tarde del lunes en entrevista con CNN Chile a las pesquisas en torno al caso ProCultura, fundación indagada por millonarias transferencias por convenios con diferentes reparticiones gubernamentales.
Sobre Cooper están los focos en este momento, ya que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias a raíz de las conversaciones de la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, y la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ambas PC: la parlamentaria habría solicitado favores en beneficios del empresario chino Bo Yang.
Además de ese caso, el fiscal regional de Coquimbo investiga hace nueve meses la causa que involucra a la ex primera dama de Chile, Irina Karamanos, luego de que la indagatoria fuera reasignada por el fiscal nacional, Ángel Valencia.
En un principio, las pesquisas relacionadas con ProCultura habían quedado radicadas en la Fiscalía Regional de Aysén, liderada por el suspendido fiscal regional Carlos Palma.
No obstante, la situación de Palma cambió a raíz de un reportaje de Ciper que dio a conocer el pasado 15 de junio un diálogo entre Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y sancionado persecutor.
En el marco de las indagatorias del caso Audio, el celular del abogado Luis Hermosilla -hoy en prisión preventiva- fue revisado y se hallaron "pantallazo" de una conversación de WhatsApp entre Migueles y Palma, quien postulaba a la jefatura del Ministerio Público.
Migueles envió un mensaje a Palma, ofreciéndole un doctorado, además de reemplazar a Xavier Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte. Y fue el mismo Palma quien le reenvió el pantallazo a Hermosilla
Además de esa investigación, Palma es indagado por violación de secreto, debido a la entrega de información al penalista sobre una causa por narcotráfico.
Estos casos derivaron en la suspensión del persecutor. De hecho, Valencia designó a la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, para que dirija la indagatoria penal en relación a los hechos descritos en el artículo de Ciper.
Indagatoria
"Asumo este desafío con el mayor profesionalismo y seriedad. Se procederá en los próximos días a coordinar el traspaso. Pretendemos realizar reuniones con los equipos que actualmente llevan las investigaciones, analizar las diligencias realizadas y el estado de la investigación. Y en su momento, en base a lo anterior, evaluar si siguen estos mismos equipos investigativos o se designan otros", dijo Cooper mediante un video difundido por la cuenta de la red social Instagram del Ministerio Público.
La arista ProCultura es una de las aristas más sensibles del caso Convenios, que involucra al cofundador de la fundación, Alberto Larraín, quien además es conocido en el bloque oficialista y militó hasta 2018 en la DC.
De acuerdo a un reportaje de Canal 13, los antecedentes apuntan a que los traspasos ascenderían a $5 mil millones. Sólo en 2022, año en que asumió el actual Gobierno, los montos llegaron a $3.282 millones en contratos.
El caso también salpica al gobernador regional de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, luego que la autoridad regional designara a Larraín -según El Mercurio- como uno de los tres directores del directorio de la Corporación Desarrollo Territorial y Turismo, de acuerdo a lo que consta en un acta de sesiones del Consejo Regional del 8 de junio de 2022.
De hecho, Chile Vamos presentó una querella ante la Fiscalía Nacional para denunciar un presunto fraude al fisco, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación incompatible contra quienes resulten responsables en el marco del caso.
La querella refiere a un millonario convenio entre la Gobernación de la Región Metropolitana y Procultura, ya que la organización recibió $1.683 millones para implementar un programa.
En tanto, la socióloga y ex primera dama de Chile Irina Karamanos debió declarar ante la Fiscalía de La Serena en calidad de imputada por presuntos vínculos y movimientos bancarios hacia la Fundación ProCultura.
Mediante un comunicado compartido en redes sociales, Karamanos señaló: "A partir de los antecedentes que he enviado al Ministerio Público luego de que circulara información falsa sobre mí, me presenté en la Fiscalía de La Serena a declarar en calidad de imputada -que es lo que corresponde cuando se hacen imputaciones, aunque falsas, en contra de una- para poder exponerlos correctamente".
En esa línea, recalcó que fue ella la que contactó el ente persecutor para entregar los antecedentes del caso y negó haber realizado abonos hacia la cuestionada fundación. "No existe ningún depósito de los dineros que se me acusa haber 'abonado', como se desprende de mis propias cartolas bancarias enviadas al fiscal a cargo".
En octubre pasado, en el marco de la investigación, la Fiscalía regional de Coquimbo dirigió allanamientos en 14 domicilios, 12 en la Región Metropolitana y dos en la del Biobío.
Las actuales diligencias desarrolladas de esa semana consistieron en una serie de entradas y registros e incautaciones. La policía, dirigida por el equipo de fiscales, realizaron estas acciones en diversos domicilios de 9 comunas de la Región Metropolitana, como lo fueron Colina, Lo Barnechea, Vitacura, Pudahuel, La Reina, Ñuñoa, Puente Alto, Santiago Centro y Las Condes, y en Concepción, en la región del Biobío.
