La Contraloría General de la República constató que tan solo 10 establecimientos penitenciarios de régimen cerrado y que son administrados por Gendarmería, cuentan con un sistema de inhibición de señal de telefonía celular.
En detalle, son 8 establecimientos concesionados y 2 recintos de
administración tradicional los cuentan con la inhibición de señal, de los 79 lugares bajo el mando de la institución. Lo anterior arroja que el 12,7% del total de los centros poseen el sistema.
El informe fue solicitado por los diputados UDI Sergio Bobadilla, Juan Fuenzalida, Fernando Bórquez, Juan Antonio Coloma y Henry Leal.
Se trata del sistema "Guardian", contratado a través de la unión temporal de proveedores conformada por las empresas Informática Tier1 SpA y Septier Communication LTE, cuyo servicio comenzó a operar el 8 de abril de 2024 por un periodo de 36 meses, por un valor de $5.654.880.000.
El organismo fiscalizador apuntó en el informe que se realizaron validaciones en el área de cobertura del sistema el 20 y 29 de agosto de 2024, en los centros penitenciaros CDP Santiago 1, CDP Santiago Sur y Unidad Especial de Alta Seguridad.
La prueba dio como resultado que cinco casos en los que dispositivos en lista negra tuvieron acceso a conexión de voz y datos móviles, además de cambios reiterados de IMSI y de IMEI (elementos identificadores de los aparatos) que no fueron detectados por el sistema, consigna la Contraloría en su informe.
Esto, "debido a que no existe una temporalidad definida en la detección y análisis que realiza el sistema, desconociéndose tanto por Gendarmería como por el proveedor del servicio el tiempo que el aplicativo tarda en concretar la acción de bloqueo", señaló el organismo.
Es más, el ente fiscalizador aseguró que las validaciones muestran que "aun cuando un dispositivo móvil se encuentre bloqueado por el sistema, este puede conectarse a internet a través de señales Wifi, situación que conlleva el riesgo de que la población penal pueda mantener conectividad de datos con el exterior".
Por lo señalado, Contraloría instruyó que Gendarmería tiene que "confeccionar e implementar un procedimiento formal de revisión del funcionamiento del aludido sistema, el cual debe considerar la validación periódica en terreno de, a los menos, aspectos tales como: tiempo de detección e identificación de dispositivos, la cobertura de alcance del aplicativo, que los equipos bloqueados 'lista negra' no tengan accesos a telefonía móvil y conexión a internet. Además, dicho procedimiento debe contener las acciones correctivas que se deban efectuar cuando se detecten diferencias y/o irregularidades".
"Deberá informar las medidas o acciones correctivas que la entidad penitenciaria efectuará para mitigar los riesgos provenientes de que equipos bloqueados puedan conectarse a redes Wifi", agrega en torno a la instrucción, resultado que tendrá que ser acreditado en un plazo de hasta 60 días hábiles.
En cuanto a los dos periodos en los que el sistema no detectó dispositivos, Contraloría detectó que la entidad penitenciaria no aplicó un eventual cobro de multas por dicha inactividad, cuyo monto ascendente a la suma de $27.000.000.
Por lo mismo, "Gendarmería de Chile deberá remitir la documentación que dé cuenta de los cobros de las multas respectivas en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final y mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR", se señala en el informe.
La ministra de Ciencias y vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry, señaló al respecto en un punto de prensa que "el sistema está funcionando y es posible hacer muchas mejoras".
