El
ministro de Justicia, Jaime Gajardo, anunció que se interpuso una denuncia por violación de secreto, a raíz de la publicación del informe de Contraloría que detectó falencias en el sistema de inhibidores de señales en distintas cárceles, y que ha abierto duros cuestionamientos en torno a la implementación del sistema "Guardian".
El documento da cuenta, entre otras cosas, que hay señales de telefonía e internet que no fueron bloqueadas pese a que se habían identificado para tales efectos; que dispositivos que formaban parte de la "lista negra" -elaborada por Gendarmería-, tuvieron acceso a conexión de voz y datos móviles; y que casi 200 celulares pertenecientes a gendarmes -es decir, de la lista blanca-, tuvieron "vinculación" con equipos móviles o tarjetas SIM bloqueados.
"Este informe no lo pueden conocer los líderes de las bandas criminales que están operando en nuestro país. Lamentablemente se hizo público, y nosotros hemos interpuesto una denuncia por el delito de violación de secreto, para que el Ministerio Público persiga a quienes hicieron público este informe reservado".
Jaime Gajardo, ministro de Justicia
Esta mañana, Gajardo dijo que "nosotros hemos recogido el informe que hizo Contraloría General de la República de muy buena manera", es decir, "que nos permite señalar dos cosas: primero, el sistema está funcionando, está cumpliendo su objetivo. Nos ha permitido detectar, bloquear, e inhibir miles de teléfonos celulares, miles de tarjetas, miles de posibles conectividades que se hubieran realizado. En segundo lugar, el informe nos hace una serie de recomendaciones y las hemos recogido y nos permiten mejorar estos procesos".
De todas formas, el titular de Justicia defendió que inhibir la señal en un sector donde hay tres establecimientos penitenciarios, en pleno centro de la ciudad, al lado del Centro de Justicia, con población aledaña, "es un desafío para el sistema penitenciario", aunque precisó que desde la implementación del sistema, en abril de 2024, "ha ido mejorando".
"La Contraloría hizo su visita, para este informe, en agosto del año pasado. Desde entonces a la fecha, hemos ido incorporando muchas de las recomendaciones e incorporando medidas. Es más: nosotros tenemos un segundo proceso licitatorio en curso, para incorporar a 9 penales más dentro de esta tecnología, y las recomendaciones que nos hizo Contraloría nosotros las incorporamos en las bases de licitación, que fueron tomadas a razón por la entidad hace poco", complementó Gajardo.
Con todo, el ministro remarcó que el informe emanado del ente contralor "es reservado, que es muy crucial para la seguridad penitenciaria. Es un informe que se le notificó a autoridades del país y a representantes del Congreso. Es un informe que, muy perfectible para el sistema penitenciario, pero no puede caer en manos equivocadas, porque está el detalle de cómo funciona un sistema que es clave para la seguridad penitenciaria".
"Es decir, este informe no lo pueden conocer los líderes de las bandas criminales que están operando en nuestro país. Lamentablemente se hizo público, y nosotros hemos interpuesto una denuncia por el delito de violación de secreto, para que el Ministerio Público persiga a quienes hicieron público este informe reservado. Tenemos que ser muy cuidadosos como país, todos tenemos que proteger las instituciones", precisó.
UDI acusa a Gajardo de "desviar la atención"
Desde la UDI, en tanto, respondieron al anuncio de la acción judicial del ministro Gajardo, y acusaron que el está "intentando desviar la atención" en torno a la filtración, y que se enfoque en cómo están operando las bandas criminales al interior de las cárceles.
El diputado Juan Manuel Fuenzalida, comentó que "la verdad es que lo que estamos viendo hasta el momento es que el Gobierno, a través de su Ministro de Justicia, está tratando de desviar la atención con la supuesta filtración del informe de la Contraloría, respecto del cual no sabemos de dónde se filtró, pero se filtró mucho antes de que nosotros tuviéramos acceso al mismo".
"Yo le diría al Ministro que, más que estar preocupado de si la filtración vino de Gendarmería o vino del Ministerio de Justicia, se preocupe de que en las cárceles siguen operando estas bandas criminales con acceso a telefonía, a internet, que se preocupe del despilfarro de los 5.600 millones de pesos que costó este sistema que no ha funcionado. Yo le pediría al Gobierno que, en vez de estar preocupado de meras formalidades, se preocupe del problema real que hoy día tenemos en nuestras cárceles por este sistema que definitivamente no funcionó", cerró.
