A través de un documento escrito, la exministra de Defensa
Maya Fernández presentó este jueves su respuesta por la acusación constitucional que ingresó en su contra un grupo de parlamentarios de oposición, por la fallida compra de la casa de su abuelo, el expresidente
Salvador Allende.
En el documento, la exsecretaria de Estado asegura que "los diputados acusadores sostienen erróneamente que la fallida compra por parte del Estado del inmueble que era la residencia del ex presidente Salvador Allende, en Guardia Vieja es una vulneración de la prohibición constitucional del inciso segundo del artículo 37 bis de la Constitución, la que dispone que 'Durante el ejercicio de su cargo, los Ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado'. Su error está en asimilar al Estado a un particular y presentar que la simple firma de la escritura pública ante notario bastaría para destituir a la ex Ministra Maya Fernández. Esto es un error".
Junto con esto, sostiene que la AC no debería superar la cuestión previa, ya que "al revisar la acusación constitucional, queda en evidencia que existen varios problemas que implican que no se cumple con los requisitos constitucionales para su discusión".
En ese sentido, el documento señala que "los acusadores imputan responsabilidad por infringir la prohibición que pesa sobre los Ministros de Estado de celebrar contratos con el Fisco. No obstante, en realidad, su libelo ataca otros actos en los cuales no le cupo participación a doña Maya Fernández".
"Por ejemplo, cuestionan la validez del Decreto Supremo Nº 38, del Ministerio de Bienes Nacionales, que autorizó la compra del inmueble de Guardia Vieja del cual doña Maya Fernández es comunera. Este decreto no corresponde a un hecho personal de parte de doña Maya Fernández", agrega el texto.
Asimismo, la defensa argumenta que "el libelo acusatorio incurre en un vicio conceptual grave al interpretar que la responsabilidad constitucional de un Ministro de Estado se configura bajo criterios
de 'responsabilidad objetiva', es decir, sin necesidad de acreditar una conducta personal dolosa o negligente del acusado, o que siquiera el Fisco hubiera traspasado recurso alguno a Maya Fernández".
"La jurisprudencia de la Cámara de Diputados ha sido categórica en aplicar únicamente responsabilidad por hechos culpables o dolosos imputables a una autoridad. En el caso del ex Ministro Beyer (2013) se rechazó una acusación por imputar responsabilidad por fallas sistémicas en educación, reiterando que la responsabilidad constitucional es subjetiva y requiere actos propios. Asimismo, en el Caso del Ministro Bates (2004) se desestimó una acusación al no probarse una 'participación directa o indirecta' del acusado en los hechos", puntualiza el texto.
Además, el documento afirma que "se advierte un uso indebido de la acusación constitucional en el presente caso. En efecto, existe una Comisión Especial Investigadora, que se encuentra en pleno desarrollo, que tiene el mismo objeto de esta acusación: reunir información en relación con el proceso de adquisición por el Fisco de Chile de la casa que fuera propiedad del ex Pdte. Salvador Allende Gossens. El trabajo de la misma comenzó recién el 10 de marzo pasado. Es decir, sesiona en paralelo a la Comisión de la acusación, sin que exista coherencia en el actuar de la Corporación".
