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Auditoría a exalcalde Sharp en la mira: Exdirectivo de ex edil preso integra el comité evaluador

La inclusión de Daniel Shmoller en el equipo ha generado sospechas por el rol que cumplió cuando se desempeñaba como director jurídico en la administración de José Luis Yáñez en Algarrobo, el cual hoy se encuentra encarcelado.

21 de Marzo de 2025 | 12:02 | Redactado por Gabriel Koenig, Emol
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Jorge Sharp, exalcalde de Valparaíso.

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La Municipalidad de Valparaíso lanzó recientemente una licitación para auditar la gestión económica del exalcalde Jorge Sharp durante su segundo periodo (2020-2024), con un presupuesto asignado de $100 millones.

El objetivo de esta auditoría recae en esclarecer el estado real de las finanzas municipales y verificar posibles irregularidades. Sin embargo, la medida, aunque inicialmente bien recibida, ha comenzado a generar críticas, principalmente relacionadas con la composición de la comisión que evaluará las ofertas y el enfoque de la auditoría.

Críticas desde el entorno de Sharp

Según constata El Mercurio de Valparaíso, Karla Huerta, ex jefa de gabinete de Sharp, cuestionó que se "active una licitación para una auditoría cuya comisión de selección está conformada por una persona que estuvo en una administración municipal de otra comuna, donde se abrió una investigación por delitos y casos de corrupción", haciendo referencia a la inclusión en el comité evaluador de Daniel Schmoller Swett, exalto funcionario del exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez (UDI), que hoy se enfrenta a la justicia acusado de un millonario fraude municipal.

Schmoller fue director Jurídico en la Municipalidad de Casablanca y desempeñó funciones similares en Algarrobo cuando Yáñez fue jefe comunal.

"La administración puede y debe investigar todo lo que estime conveniente, ir a la Contraloría las veces que quiera; sin embargo, la señal de la alcaldesa Nieto (FA) es confusa, no se explica y deja mucho que desear", indica Huerta.

Además, Huerta cuestionó el mensaje que transmite la alcaldesa al no ser coherente con su discurso sobre la transparencia. "Uno espera que si levanta la bandera de la transparencia, sea coherente con lo que dice practicar", señaló.

En cuanto al gasto de $100 millones en la auditoría, Huerta manifestó que no considera necesario destinar esa cantidad, sugiriendo que la administración municipal podría utilizar a sus propios equipos técnicos para llevar a cabo el análisis. "Gastar $100 millones en una auditoría cuando existen tantas urgencias no me parece sano y pareciera más un ánimo de revancha, con claras muestras de maniobra electoral", añadió Huerta.

Dudas desde la oposición

Desde la oposición, el concejal Miguel Vergara (Republicano) también ha expresado su preocupación por la presencia de personas vinculadas a administraciones con antecedentes de corrupción en el proceso de auditoría.

"Es fundamental que estas decisiones y nombramientos no afecten la integridad del proceso que se desea llevar a cabo", declaró, convencido que "la transparencia debe prevalecer en todo momento, evitando que este proceso sea instrumentalizado por intereses políticos, como ocurrió con la denuncia del caso de las luminarias, donde la alcaldesa no asumió responsabilidad por sus actos durante el proceso, lo que empañó la credibilidad de todo el procedimiento".

Dudas sobre el enfoque de la auditoría

El concejal Leonardo Contreras (RN), por su parte, también manifestó su desacuerdo con el enfoque de la auditoría y la tardanza en el proceso.

"No son procesos o licitaciones que impliquen una novedad para los municipios (...). Darle vuelta a una licitación en esa materia y dilatar su concreción, creo que no tiene un fundamento", afirmó.

En esa línea, alertó que "los términos de referencia de la licitación no van a ser los que van a dilucidar si es que existen inconsistencias contables financieras en la Municipalidad de Valparaíso".

Según Contreras, se deberían analizar aspectos específicos, como "las cuentas por cobrar, los deudores presupuestarios de la municipalidad que tienen un impacto directo en la contratación de personal y contrata", así como "el fraccionamiento y la evasión a los procesos de compras públicas y licitaciones por parte de la administración anterior", concluyó.


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