Contraloría General de la República.
Aton
Un total de 2.333 fiscalizaciones -200 más que el año pasado-, realizaron los funcionarios de la Contraloría General de la República durante 2024. Se trata de sólo una parte de las actividades que tuvieron lugar durante la administración de la
contralora Dorothy Pérez, quien este miércoles entregó su primera cuenta pública al mando de la entidad.
Pérez precisó que de esas más de 2 mil fiscalizaciones, 1.531 fueron por denuncias de la ciudadanía; 427 auditorías de cumplimiento normativo a las instituciones públicas; 209 investigaciones especiales (100 más que el año anterior); 92 inspecciones de obra pública; y 59 auditorías simplificadas y financieras.
Pero además, se realizaron otras 224.789 actividades de control (entre ellas, declaraciones de intereses y patrimonio), y se logró reparar un 34% del total de los montos financieros que objetaron, es decir, hubo juicios de cuenta por más de $11 mil millones de pesos, en distintas instituciones públicas y municipios.
Principales observaciones 2024
De las más de 2 mil fiscalizaciones que se realizaron en 2024, la contralora destacó los hallazgos alcanzados, los que calificó como "situaciones complejas que hemos querido relevar en estos ejemplos":
Hubo más de 350 fiscalizaciones en el ámbito de la Salud, de las cuales 24 fueron auditorías que se hicieron en materia de listas de espera hospitalaria. Las falencias en este punto dicen relación con intervenciones quirúrgicas anticipadas a parientes de funcionarios, pacientes que deben esperar más de 1.500 días por una operación y egreso de pacientes invocando "fallecimiento o atención realizada", lo que no era real.
También se deficiencias en instalaciones y proceso de destrucción de drogas e incumplimientos a la ley N°20.000: drogas guardadas por más de un año, sin ser incineradas, "en circunstancias de que el plazo para hacerlo es de 48 horas"; falta de control en la custodia y extravío de drogas.
"Y más preocupante aún en la situación de la inexistencia de hornos para quemar las sustancias psicotrópicas y que no están las condiciones para que los funcionarios que trabajan en los servicios de salud, a cargo de esta tarea, no se contaminen al momento de la quema de drogas", dijo Pérez.
También se detectaron incumplimientos en permisos de porte y tenencia de armas y municiones, en diversas instituciones: 1.281 permisos fueron otorgados, en base a certificados médicos emitidos por médicos no psiquiatras, o certificados emitidos por personas que derechamente no eran médicos; todos, antecedentes remitidos al Ministerio Público.
En el control de ingreso de mercancías en un subdepartamento de Aduanas, se detectó que no se contaba con escáner, por lo que el examen era sólo visual. "Si bien reconocemos que se han adquirido escáner en varios lugares del país y en algunos puertos, todavía falta avanzar en esa materia, porque el riesgo es muy alto para el ingreso de drogas y otras sustancias prohibidas", dijo Pérez.
En el ámbito financiero municipal, se detectaron transferencias no supervisadas a corporaciones municipales y falta de rendición de cuentas; y deficiencias de control en el traspaso a los SLEP a las corporaciones y municipios. También se detectó que hubo obras pagadas que no fueron ejecutadas.
En cuanto a la entrega de beneficios y cumplimiento de deberes administrativos frente a catástrofes, se detectaron tres casos de Delegaciones Presidenciales Provinciales no comunicaron a municipios la disponibilidad de recursos para la catástrofe por el sistema frontal de 2023. En tanto, en el programa Manejo del Fuego, Conaf no hizo los modelamientos -para proyectar avance del fuego- en la catástrofe de febrero de 2024, pese a contar con los sistemas informáticos para ello.
Falencias en el control de ingresos al país: se observó que ingresaron al país -por pasos habilitados- personas que habían sido expulsadas y que tenían prohibición de ingreso. "Afortunadamente son pocos casos, pero son delicados", dijo la contralora. También, en algunas fiscalizaciones se observaron expulsiones "que estaban dispuesta por la autoridad pero que no contaban como ejecutadas en el sistema respectivo, y algunos egresados de recintos penales que no fueron oportunamente denunciados a migraciones para que fueran oportunamente expulsados".
Por último, Pérez detalló que se detectaron situaciones de retraso relativos a permisos que impiden la realización de obras públicas. "Por ejemplo, 704 permisos que habían sido solicitados para desarrollar obras públicas no habían sido atendidos por el Consejo de Monumentos Nacionales. En esta materia, detectamos hasta 878 días de retrasos en la aprobación de tales permisos", cerró.
