Chile, uno de los países que resaltaban en gobernabilidad en la región, hoy, para muchos, sufre graves problemas. ¿Cómo se llegó a esto? Analistas consultados concuerdan en que fue un conjunto de fenómenos, algunos de alcance global y otros que tendrían su origen en decisiones políticas locales. El resultado es resumido por el académico de la Facultad de Derecho de la U. de los Andes Jaime Arancibia: "Multipartidismo o ausencia de grandes coaliciones en el Congreso, fuente de polarización, discolaje y desgobierno; las malas prácticas de los partidos políticos y falta de mayores exigencias para ocupar cargos de elección popular".
Navegando en un mar de desconfianza
El escenario se fue armando de a poco. Y las primeras señales las comenzaron a mostrar sondeos de opinión que detectaban una permanente baja en la confianza y credibilidad en las instituciones.
Aldo Mascareño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), plantea que "la desconfianza es algo muy claro. Se ve en las cifras, en los datos de las encuestas. Nosotros esa pregunta la tenemos regularmente y vemos cómo esa confianza en los partidos políticos, en el sistema político, en el gobierno, en la justicia, en todas las instituciones de un orden social democrático bajan".
Sobre el punto, el
decano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Eugenio Guzmán, comenta: "Si tú preguntabas en los 90 el nivel de confianza en las instituciones políticas y en los partidos era bien alto, pero es un período en el cual había mucha esperanza en el retorno a la democracia. Después eso se cae con el tiempo".
Era algo que ocurría en varios lugares del mundo. Sin embargo, una serie de escándalos de financiamiento de la política en Chile impactaron. Entre 2014 y 2015 se conocieron los casos Penta, SQM y Corpesca.
"El problema más grave es la enorme distancia entre el sistema político institucional y los chilenos de a pie, que han acumulado vasta experiencia de promesas incumplidas, casos de corrupción, colusión de empresarios y políticos e incapacidad de dar soluciones a problemas urgentes", cree Piera Ferreti, directora ejecutiva de Fundación Nodo XXI.
La respuesta de la presidenta Michelle Bachelet fue convocar a un consejo asesor que hiciera propuestas para prevenir los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. La llamada "Comisión Engel", en su diagnóstico, señaló que "el conjunto de incentivos institucionales que inciden en el funcionamiento de la política —el sistema electoral binominal, la ley de partidos, la ausencia de financiamiento público y una débil fiscalización de normas, entre otros— ha contribuido a debilitar a los partidos en tanto organizaciones".
El grupo propuso medidas como una nueva ley de partidos, un fondo público de financiamiento para las colectividades, límites a los gastos de campaña y fortalecer al Servel.
Los cambios
En paralelo, el gobierno avanzó en reformas y en 2015 el Congreso aprobó el fin del sistema electoral binominal. Esta ley, entre otros cambios, significó que se abrieran más escaños en el Senado y en la Cámara Baja (de 120 a 155) e incluyó una disminución de las exigencias para conformar partidos políticos.
No fue lo único. Al año siguiente se introdujeron modificaciones a la ley de partidos políticos con las cuales se establecieron aportes públicos para estos.
Aunque en las últimas cuatro décadas han sido varios los cambios legales, estas dos reformas son indicadas como responsables de buena parte de los problemas que actualmente se critican en el país: aumento sustantivo de colectividades, mal uso de recursos públicos, personalización de la política, entre otros. El resultado de todo ello sería que cada vez sean más comunes conductas como el bloqueo de propuestas en el Congreso y la indisciplina partidaria, que muchas veces significan demoras en la tramitación de iniciativas esperadas por la ciudadanía.
El retiro de los fondos de las AFP y la indisciplina parlamentaria
Cuando las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia de covid-19 golpeaban al mundo, en Chile la diputada Pamela Jiles junto a un grupo de parlamentarios impulsaron un proyecto de ley para permitir que quienes habían cotizado en AFP pudieran hacer un retiro de 10% de sus ahorros previsionales para paliar el momento económico.
Pese a que varios expertos advirtieron que dicha iniciativa contravenía la Constitución y contra la opinión del Ejecutivo, los parlamentarios insistieron en la idea. La reforma fue despachada a ley luego de que en la Cámara de Diputados se aprobara con la abrumadora cifra de 116 votos a favor —incluyendo 35 votos oficialistas—, 28 en contra y cinco abstenciones. Pero no fueron ni uno ni dos, sino tres retiros de fondos previsionales sucesivos los que se aprobaron en 2020, 2021 y 2022. Y hubo un cuarto intento, aunque terminó rechazado por el Senado.
No fue solo el gobierno de Piñera el que conoció de la indisciplina de sus propias filas en esta materia. En abril de 2022, cuando ya había asumido el Presidente Gabriel Boric, se comenzó a tramitar un proyecto conocido como el quinto retiro. Aunque como diputado había aprobado los anteriores —incluso el cuarto propuesto—, esta vez el Ejecutivo se mostró abiertamente en contra de la idea apelando a que un nuevo retiro afectaría la economía y aumentaría la inflación. Sin embargo, al someterse a votación la tramitación de la iniciativa, esta se aprobó con 117 votos a favor (incluyendo algunos del oficialismo) y 26 en contra. Más adelante, la iniciativa sería rechazada.
Las acusaciones constitucionales como arma política
El juicio político es un mecanismo que considera la Constitución para resguardar el correcto actuar de las autoridades del Estado y velar por el cumplimiento de la Carta Magna. Sin embargo, el uso —y abuso— de las acusaciones constitucionales en el último tiempo es señalado por analistas como una muestra del deterioro de la política. 24 acusaciones contra ministros de Estado se han interpuesto desde 1990 a la fecha.
La mitad de ellas ocurrieron en los últimos siete años. Incluso contra el presidente Sebastián Piñera se presentaron dos acusaciones. Ambas fueron rechazadas, como pasa con la mayoría de las acciones interpuestas.
La primera fue en 2019, en el contexto del estallido, donde se le buscaba responsabilizar por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y orden.
En la segunda, en 2021, se le acusó de conflictos de interés en la venta de la
minera Dominga. Para impulsar un libelo basta con la firma de 10 diputados, requisito menor al de una
interpelación (un tercio de los miembros de la Cámara Baja).
Pensiones, un ejemplo de debates que se extienden durante años
La creación del Pilar Solidario en 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, es uno de los ejemplos que da Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la UDD, sobre un debate que duró "poco y se llegó a un acuerdo".
Pero plantea que "cuando se quieren hacer nuevos cambios ahora, el enfoque es completamente ideológico". Guzmán argumenta que el proceso que se realizó para llegar a la actual reforma al sistema de pensiones fue distinta a la del Pilar Solidario, principalmente porque la discusión se extendió por años, aún cuando "la población está mandando una señal clara al decir *mire, yo quiero que mis fondos se mantengan y los quiero ver'. ¿Cuál fue la posición del Gobierno? No, porque nosotros tenemos tal o cual modelo (...) Ahora, al final lo que salió, bueno, no presentan las mismas características de lo que originalmente se pensaba. Ahí también hay un retroceso, en la medida en que tú demoras mucho tiempo en llevar a buen puerto una reforma de esas características".
El bloqueo de proyectos clave
"Negar la sal y el agua" fue una frase que se repitió durante el último mandato del presidente Piñera para describir la actitud que tenía la oposición hacia su gobierno.Y un ejemplo de ello sería la tramitación de proyectos de ley en materia de seguridad.
Durante el segundo mandato de Piñera se rechazaron más de diez iniciativas impulsadas por el oficialismo de la época, entre las que se encontraban la llamada Ley Antibarricadas; la normativa que prohíbe el uso de fuegos artificiales; la Ley Juan Barrios, que aumenta las penas por ataques incendiarios, y normas para castigar el uso de la violencia en la política y tipificar la protección de infraestructura crítica nacional.
Todas estas mociones fueron rechazadas por los entonces diputados: Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo, quienes promovían una "refundación" de las policías. Sin embargo, en el actual mandato del Presidente Boric, se trabajó en un fast track para proyectos de seguridad y se aprobaron medidas como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, las leyes Antiterrorista; de Inteligencia y de Infraestructura Crítica, entre otras. Muchos se preguntan qué cambió.
