Ministra de la Segpres, Macarena Lobos.
ATON.
Luego de su comparecencia en la comisión investigadora de la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende, el nombre de Francisca Moya (FA) ha estado en boca de todos.
La frenteamplista, jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, no ha dejado de ser blanco de críticas tras reconocer en el Congreso que conocía la inhabilidad que tenía la destituida senadora Isabel Allende y la exministra de Defensa, Maya Fernández, de celebrar contratos con el Estado. Pese a ello, la funcionaria argumentó que la revisión de la que estuvo a cargo fue exclusivamente del decreto 38 que pasó a manos del Presidente Gabriel Boric y su versión ha sido refrendada por el gobierno.
"Lo que correspondía era hacer un análisis de calidad respecto del propio decreto y eso fue ratificado por Contraloría en el proceso de toma de razón ¿Verdad? Y a eso se refería la respuesta de la jefa de la División y eso es consistente con lo que hemos señalado como gobierno", sostuvo la ministra Aisén Etcheverry, aseverando que "en el gobierno estamos todos permanentemente sujetos a evaluación, es lo que corresponde en estos cargos y la jefa de la División Jurídica sigue en el desempeño de sus funciones".
Este lunes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dio un espaldarazo a la asesora, aduciendo que "ha desarrollado un trabajo extraordinario, precisamente en el marco de las competencias que tiene el ministerio".
Pero pese que el Ejecutivo ha cerrado filas sobre el respaldo a Moya, la disconformidad sobre la permanencia de la funcionaria se ha hecho patente y ha escalado. Ayer, en medio de la tramitación de la reforma al sistema político, el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti (PS), interpeló a la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, producto de las declaraciones de la asesora.
"Obviamente explicitó que conocía las normas constitucionales como corresponde a todo abogado que sea jefe de una visión jurídica. No es lo mismo respecto al rol que le compitió en el caso específico", defendió Lobos, ante lo que De Urresti retrucó sosteniendo que "si conocía la norma constitucional y no lo advirtió, quiere decir que carece enteramente de criterio político a mi juicio debe pedírsele inmediatamente la renuncia".
"Yo creo que es importante separar el tema, yo creo que ella, hasta la fecha que ha trabajado en el ministerio, ha demostrado su solidez jurídica y su competencia, y por tanto, me parece que opiniones pueden haber varias, pero yo, que he trabajado directamente con ella, puedo dar fe de la competencia y valía que tiene", aseveró la ministra, agregando que "en este caso se mezcló la referencia que ella hacía genéricamente al conocimiento de las normas constitucionales respecto a la inhabilidad concreta que existía en el caso que, como digo, operaba para una etapa posterior, no en el decreto habilitante para la adquisición del inmueble".
Lobos sostuvo el respaldo a Moya, junto a Elizalde, al salir de la comisión de Constitución, cuando fue consultada por el intercambio con De Urresti. Dicha diferencia fue la primera tensión protagonizada por la reciente ministra de la Segres, quien si bien es valorada transversalmente por el Congreso, no adscribe a un partido que la blinde ante las controversias políticas.
Bajo esa consideración, hay parlamentarios que advierten que con Moya está sucediendo un síndrome similar al del exjefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi (FA), quien aguantó en el cargo pese a múltiples polémicas, las que de paso, damnificaron a distintos rostros del gabinete.
Dardos de Allende
La sensibilidad por el caso, se agudizó con la evidente conmoción de Allende en el discurso de despedida que vertió en el Senado. Si bien hizo una autocrítica por no haber advertido el artículo de la Constitución que establece su inhabilidad a firmar contratos con el Estado, relevó que "no soy abogada".
"Quizás mi error fue no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional", sostuvo.
Tras la alocución de Allende, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) consideró que las declaraciones de Moya son "bien fuertes, que suenan un poco a contrapelo de la legalidad que se busca de los actos y señalar que no está dentro de su mandato. Tal vez habría que clarificar mejor qué quiere decir eso". Ahora bien, aclaró que no está buscando la renuncia de la funcionaria.
