Recriminaciones desde la oposición hasta el oficialismo concita la jefa de la División Jurídica-Administrativa de la Segpres, Francisca Moya.
Las explicaciones que la frenteamplista vertió en la comisión investigadora sobre la frustrada compa de la casa Allende y el respaldo cerrado que le ha extendido el gobierno, no han sido suficientes para contener los emplazamientos a que dimita de su cargo.
Una disconformidad que ha escalado con los dardos que dirigió al Ejecutivo la propia senadora Isabel Allende, en el discurso de despedida que vertió en el Senado.
"Quizás mi error fue no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional", aseveró la socialista.
Mientras parlamentarios ven como inexplicable la permanencia de la asesora, otros interpretan su continuidad a la estrecha relación que la jurista tiene con el Presidente. Ambos coincidieron en la facultad de derecho de la Universidad de Chile y Boric le dedicó una sentido mensaje en febrero del 2019.
"Somos amigos hace más de 10 años. Es de las personas más importantes que he tenido la suerte de conocer y la quiero tanto que nunca soy capaz de demostrárselo completamente. Me siento un afortunado de tener cerca a una persona como Francisca Moya Marchi. Se las presento", escribió en una publicación de Instagram.
Quien esgrime dicha tesis es el senador Fidel Espinoza (PS). "El gobierno se demoró más de un año en sacar a Crispi por el amiguismo exacerbado", acusó, reprochando que "para gobernar no hay que rodearse de incondicionales sino de personas leales que sepan decir lo que no se puede hacer".
"Lo de Francisca Moya supera todos los límites y la defensa de la ministra de Segpres y y del ministro del Interior es simplemente inaceptable. Decir que es extraordinaria en su trabajo con la grave omisión cometida, es simplemente querer burlarse de la inteligencia de los chilenos", fustigó.
Por su parte, el senador Iván Flores (DC) comentó que "la verdad, es que desconozco las relaciones personales que pueda tener la señora Moya al interior de las Segpres o con otras instituciones del gobierno, pero lo que a mí me queda claro es que de acuerdo a lo que ella misma respondió en la comisión investigadora, no está cumpliendo a cabalidad su tarea".
El hecho de que no haya advertido la incompatibilidad, sinceró el senador, "me tiene tremendamente sorprendido", considerando que Moya está "ocupando un cargo para el control de la legalidad de los actos que van a requerir de la firma al Presidente de la República". "A mí me parece que si efectivamente es una funcionaria y lleva allí en términos de confianza, mucho mayor razón para que haya hecho las advertencias y que no siga adelante con su curso", indicó.
En esa línea, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) señaló que "es obvio que cuesta separar las relaciones personales de los roles institucionales, eso es muy propio de los seres humanos, pero en este caso particular la responsabilidad de la decisión de continuar o no en su puesto corresponde a la señora Moya, quien debe evaluar y ponderar cómo la crisis generada por la compra sigue escalando y no se detiene. Ojalá ella pueda reflexionar profundamente sobre los hechos y sus consecuencias".
A su vez, el diputado Raúl Soto (PPD) consideró "inexplicable que, en un caso tan grave, que ha costado la salida de dos ministras de Estado y la destitución de una senadora con amplia trayectoria, se sostenga una funcionaria, una abogada que reconoció en la comisión investigadora, que conocía de la inhabilidad y aún así no advirtió al Presidente Boric ni al ministro de la cartera. Eso abiertamente es una negligencia mayor, grave, inexcusable".
"La labor de un funcionario público y de una división jurídica de un ministerio tan importante como la Segpres no es solamente revisar la formalidad y cumplir con el mínimo estándar exigido en la ley, sino que incluso ir más allá y es ser capaz de advertir con criterio jurídico, pero también administrativo y político cuando se cometen o se pueden eventualmente cometer errores garrafales como los que aquí se cometieron", sostuvo, aseverando que "es la hora que el gobierno evalúe definitivamente la continuidad de la señorita Moya".
Por su parte, del timonel de Acción Humanista, Tomás Hirsch, apuntó que "aquí está más que claro, lo han reconocido todos, que se cometieron todo tipo de desprolijidades, errores, falta de previsión sobre una materia que evidentemente se daba por conocida y debe ser conocida por todos quienes estamos legislando y por quienes están en el gobierno".
"Desde nuestro punto de vista, en Acción Humanista, así lo hemos dicho, deben hacerse valer las responsabilidades administrativas de todos aquellos que estuvieron involucrados y sobre los cuales se determine que no cumplieron a cabalidad su función". Desde ese punto de vista, indicó que Moya, como el resto de los abogados detrás del proceso "deben asumir todas las responsabilidades que corresponden".
Oposición
En la vereda de la oposición, también abundan señalamientos contra la asesora de la Segpres. El diputado Henry Leal (UDI) señaló que "no hay ninguna posibilidad de que un asesor no transmita su jefatura a la inhabilidad de esta envergadura, y por lo tanto, si no se le saca, es simplemente porque la están protegiendo, porque ella sí transmitió, y tenemos fundada sospecha de que aquí hay una planificación de encubrimiento, porque sería interesante saber a quién le transmitió y por qué esa autoridad nos frenó este proceso administrativo".
"Nosotros tenemos fundada sospecha de que hay una red de protección y de un pacto de silencio para resguardar las más altas autoridades de gobierno instaladas en el corazón de La Moneda", afirmó.
Sobre Moya, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) arguyó que "obviamente su amistad con el Presidente es la única que la mantiene en el cargo. Cualquier Gobierno serio, cualquier ministro serio, la habría destituido inmediatamente, y aquí lo que uno se pregunta es hasta cuándo vamos a aguantar que, por ser cercano o amigo del Presidente, tengamos a personas poco competentes en cargos que son esenciales para el país".
La situación fue comentada por el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), tras la reunión sobre la discusión de la Ley de Seguridad Municipal que sostuvo con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en La Moneda,
"Yo fui vocero de gobierno, estuve parado en este mismo lugar y me tocó recibir también a personas de oposición y yo no quiero hacer lo que hizo la oposición en su momento. Es decir, yo hoy día vine a una reunión con el ministro de Interior sobre temas que son comunes", formuló.
Dicho eso, sostuvo que "evidentemente tengo una opinión muy crítica sobre muchas de las políticas que siguió este gobierno, particularmente sobre la lógica irresponsable de querer suponer que alguien solamente mira un documento y tiene que emitir su opinión sobre los puntos y las comas, y eso no es así. Tiene que hacerse cargo del contenido como tal y obviamente una persona que asesora jurídicamente al gobierno, que no da cuenta de un potencial conflicto tan grave como implica que después tenga que ser destituida una senadora por infringir la Constitución, me parece que obviamente no da el ancho".
Gobierno mantiene apoyo
Este miércoles, nuevamente requerido por su opinión sobre la asesora de la Segpres, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo el respaldo a Moya. "Ella es una muy buena funcionaria y también estuve en la comisión investigadora respondiendo todas las preguntas y ha sido una gran contribución", aseguró.
Además, descartó que La Moneda haya incurrido en el "amiguismo". "Yo he trabajado con ella, le pueden preguntar lo mismo al actual ministro de Secretaría General de la Presidencia y es una profesional muy destacada", adujo.
Ahondando en ello, expuso que "nosotros fuimos a la Comisión Investigadora, respondimos todas las preguntas, explicamos dónde estaba radicado el proceso y lo que le correspondió a la División Jurídica Legislativa y ese tema quedó aquí claro en la Comisión Investigadora. Por lo demás, en lo que respecta al decreto firmado por el Presidente de la República, la propia Contralor General de la República dijo que era conforme a derecho y conforme a la Constitución, y tanto es así que se tomó razón del mismo".
