En el Partido Socialista se mantiene el resentimiento contra el gobierno por la destitución de la senadora Isabel Allende.
La colectividad, que pudo manifestar su malestar al Presidente Gabriel Boric en una reunión de este lunes en La Moneda, culpa al Ejecutivo por no advertir de la inhabilidad constitucional a la que estaba sujeta la parlamentaria para la compra-venta de la casa de Guardia Vieja. Un sentimiento que se atizó con el reconocimiento que hizo la jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya (FA), de no haber notificado el escollo que dispone el artículo 60 de la Constitución, pese a tenerlo a la vista.
Aún cuando el partido ha bajado el tono de las recriminaciones que lanzó a La Moneda al trascender la destitución de Allende, al interior de las huestes se espera que el gobierno haga más gestos para enmendar la situación.
Por ahora, ya se reconoce como un guiño a los socialistas la decisión del gobierno de desistir del nombramiento de la abogada Antonia Rivas (FA) como nueva consejera del Servicio Electoral (Servel). En el PS se resistía el fichaje de la jurista en tanto se destinaba a ocupar la vacante que dejó Alfredo Joignant (PS) y amenazaba con no conceder sus votos a Rivas en el Senado.
Con todo, en el Frente Amplio resintieron la baja de la frenteamplista. El jefe de bancada de diputados del FA, Jaime Sáez, indicó que "es complejo cuando se determina en funciones de berrinche de determinados actores. No nos parece que se haya bajado a Antonia Rivas, quien cumple con todos los requisitos y las competencias como para poder estar en el Consejo Directivo del Servel. Molesta, pero se acepta".
El desistir de la carta para el Consejo del Servel no es el único costo que ha debido asumir el Ejecutivo. También está la avalancha de emplazamientos que ha recibido la asesora de la Segpres, Francisca Moya (FA), con el objeto de que dimita de su cargo. La funcionaria ha sido objeto de críticas tanto del oficialismo como de la oposición, aún cuando el gobierno ha cerrado filas en su respaldo.
Parlamentarios ven inexplicable que la abogada se excuse de no haber alertado sobre la inhabilidad que derivó a la destitución de Allende, aún cuando detenta el rol de control de legalidad sobre los actos que ameritan la firma del Presidente.
Con todo, el blindaje a Moya está derivando a más esquirlas para el gobierno. Este miércoles, la oposición amenazó con presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de no renunciar Moya.
Esto, argumentó el diputado Andrés Longton (RN) debido a "la patética defensa de la jefa de la división jurídica de Segpres, que hasta la fecha no ha sido cesada en su cargo, probablemente por la cercanía, amistad, o probablemente porque sabe la verdad, y eso tiene que ver con que posiblemente informó al Presidente de la República y al ministro en ese momento de Segpres, el señor Elizalde. Por eso hoy día el Presidente es incapaz de tomar una decisión de sentido común”.
En tanto, informó que "vamos a presentar a la Contraloría para que pueda determinar si es que la jefa jurídica cumplió con sus obligaciones legales, que evidentemente que no lo hizo, y que además determine un sumario dentro de la Segpres, cosa que no hizo el ministro Elizalde debiendo haberlo hecho".
"En razón de eso se van a determinar responsabilidades políticas importantes que pueden caer no solamente en el ministro Elizalde, sino que también en el Presidente de la República", remató.
Castro
Así las cosas, el senador Juan Luis Castro (PS) consideró que no solo hay un problema con la asesora de la Segres, "sino un conjunto de abogados y asesores de diversos ministerios que durante meses estuvieron en las tratativas y tal como dijo Isabel Allende, jamás se le advirtió de tal hecho".
"Aún así, de moverse a algunos de esos abogados o asesores de sus cargos o de modificarse el nombramiento en el Servel naturalmente siempre pueden haber gestos, pero el daño provocado a la nieta y a la hija de Isabel Allende están hechos, y eso es irreversible", advirtió.
Y agregó que "no nos vamos a quedar pegados en la historia, pero sí aquí se ha producido una lesión a la confianza política de quienes son aliados, y si son aliados, no se han comportado como aliados (...) El gobierno ahora tiene que ver qué camino toma frente a este escenario friccionado, complejo y difícil de cara a primarias presidenciales, al último año de gobierno y a todo lo que implica la estabilidad en el último periodo. Tal cual no nos vamos a retirar, está claro, pero queremos reformular las condiciones en las cuales estamos".
