Aún no se cierra el capítulo de la fallida compraventa de la casa del ex Presidente Salvador Allende y el Estado. Por estos días, tras el discurso de despedida de la senadora Isabel Allende, su tienda, el Partido Socialista, expresó su molestia con el Gobierno, por considerar que hubo responsabilidad en no alertar a la senadora en torno a la inconstitucionalidad en la firma del contrato.
Pero la molestia también toca al Frente Amplio, puesto que dos ministras del Tribunal Constitucional, cercanas al Gobierno, votaron a favor de la destitución de Allende.
En tanto, ayer, durante la mañana, se conoció la renuncia de la abogada de Presidencia,
Bernardita Nazar, quien habría conocido de las inhabilidades en el proceso; y en la tarde, se dio a conocer el
contenido del fallo del TC, un texto de 80 páginas donde se desestima la defensa de la senadora y se da por acreditada la firma del contrato y su actuación en contra del artículo 60 de la Carta Magna.
Y en medio de las revueltas arenas políticas que ha dejado la trama de la adquisición de la casa de Guardia Vieja, en paralelo han surgido cuestionamientos al rol de la jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, luego que el lunes reconociera -en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la fallida compraventa-, que estaba al tanto de la inhabilidad que pesaba tanto sobre Allende como de la exministra, Maya Fernández (PS).
Luego de varias preguntas, el diputado y presidente de la comisión, Andrés Longton, dijo a Moya que "entonces usted conocía de la inhabilidad de la ministra y la senadora", a lo que Moya respondió: "efectivamente, señor presidente". Al ser consultada por si se lo advirtió al Presidente Boric, la funcionaria insistió en que la revisión a su cargo era de "un aspecto muy específico". Lo anterior, referido a la etapa relativa al decreto supremo 38 -que dio curso a la fallida adquisición-, pero no como parte de los análisis "anteriores ni posteriores" respecto al proceso.
Aunque Moya no respondió explícitamente si avisó o no al Presidente Gabriel Boric de la inhabilidad de su entonces ministra y de la senadora Allende, lo cierto es que ahí hubo una alerta. Y en vista del desarrollo del proceso de compraventa, esta no fue escuchada. Pero esa no fue la única luz roja que se activó en el camino, sino que existieron al menos tres más.
Alerta de Macarena Diez
Ayer se conoció, según consignó Ex-Ante, que la ahora exjefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, Macarena Diez, advirtió el 9 de octubre a Presidencia del conflicto de interés que existía en la compra de la casa considerando que una ministra y una senadora fueran las vendedoras del imueble. Esto, según la declaración en calidad de testigo que prestó a Fiscalía el pasado 22 de enero.
En su declaración, Diez comentó que la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, validó sus dichos, pero estas habrían sido negadas por los asesores de Presidencia que participaron en el encuentro.
La exjefa jurídica de BB.NN. presentó su "renuncia voluntaria" en la quincena de enero, precisamente tras la polémica de la fallida compraventa.
Alerta de Sandoval
La tercera alerta que se conoce hasta ahora, corresponde justamente a la ex ministra Marcela Sandoval, quien fue cesada de su cargo el pasado 6 de enero. El 24 de enero Sandoval acudió hasta la Fiscalía Nacional, acompañada de sus abogadas para prestar declaración ante el fiscal Patricio Cooper.
De acuerdo a la declaración a la que accedió El Mercurio, Sandoval dijo ante los investigadores que
sí advirtió de "la complejidad" de la compra de la casa, antes de que el Presidente Gabriel Boric firmara el decreto que autorizó su adquisición. Detalló que esto lo habló por teléfono con el asesor de la Presidencia, Leonardo Moreno, quien es jefe de Seguimiento de Políticas Públicas de la Presidencia y quien tuvo una participación activa en el proceso.
"Recuerdo que en algún momento, cuando se había aprobado el presupuesto, le manifesté a Leo Moreno, vía telefónica, indicando que era complejo que la ministra Maya Fernández fuera parte de los vendedores. A lo cual Moreno me indicó que esto se manejaría de forma comunicacional", declaró la exministra.
En otra parte de su declaración, Sandoval mencionó otras advertencias "tanto de la jefatura de gabinete como por Macarena Diez y quien confeccionó la minuta, donde nos contó tanto a Denisse (Hernández, su jefa de gabinete en la cartera) como a mi persona que existían eventuales conflictos de interés, respecto de quienes venden la propiedad de Allende, debido a los cargos que ocupaban las personas que eran parte de la comunidad heredera", recoge el citado medio.
"Recuerdo que esto fue transmitido a Moreno y Nazar (Bernardita, asesora presidencial), en reunión por parte de Macarena Diez y Denisse Hernández, según lo informado por estas profesionales. No recuerdo fecha exacta", declaró Sandoval.
Alerta de José Cortés
El 21 de enero, declaró ante la Fiscalía, y en calidad de testigo, el abogado del PC y asesor jurídico del Servicio de Patrimonio Cultural (Serpat), José Cortés. Según Ex-Ante, en su relato, Cortés dijo que el 11 de junio había advertido en una reunión con Presidencia en torno a las inhabilidades relativas a la compraventa de la casa de Guardia Vieja.
"En el mes de marzo de 2024, mi jefatura, doña Nélida Pozo, me plantea que se ha instruido la compra de las casas presidenciales, y en específico la casa de Salvador Allende. Estaba la presión del tiempo, ya que había recursos aprobados para el año 2024 que debían ser ejecutados antes del 31 de diciembre. Recuerdo que el propio abogado (de la familia, Felipe Vio) me transparentó que dentro de los integrantes de la comunidad están la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández", señala la declaración.
Añade que "ya en el mes de abril, una vez que llegaron los primeros documentos, en esa fecha confeccionamos una minuta junto a Paz Carmona (…).
Un problema (detectado) era la presencia de dos autoridades de Estado, opinión que se entregaba para efectos de revisarlo desde el punto de vista jurídico y comunicacional. Es decir, según mi opinión iba a ser 'atacado' el proyecto comunicacional y jurídicamente por estar involucradas estas autoridades. Es decir, ante una eventual compra venta entre el Estado y la comunidad, podría afectarle una eventual nulidad de contrato o inhabilidad de las partes, pero estimé en ese momento, mes de abril de 2024, que era perfectamente analizable y solucionable".
"Esta minuta fue remitida por Paz Carmona al jefe de gabinete de la ministra de las Culturas, don Gonzalo Pinto, con fecha 24 de abril. (Luego) se concretó una reunión con fecha 11 de junio de 2024, en el Serpat, con Bernardita Nazar (asesora del Segundo Piso) y Pablo Maino (jefe de división de Bienes Nacionales) y me acompañó Ronald Albarracín. En dicha reunión, Bernardita Nazar nos preguntó cuál era la situación del inmueble en aquella fecha, y luego de exponer la situación se nos pide paralizar las conversaciones y sólo continuar con las tasaciones en curso, para luego informárselo", recoge el citado medio.
Cortés agregó que "en esa reunión recuerdo que tanto yo o Ronald le reiteramos a Pablo Maino lo referido en las minutas respecto de la presencia de dos autoridades en la comunidad. Recuerdo que el tema de la minuta y las advertencias fueron comunicados a mi equipo de gabinete y en la reunión Pablo Maino y Bernardita Nazar".
