Un lamentable hecho marcó la pauta esta semana. El
fallecimiento de dos jóvenes (de 18 y 12 años) en las inmediaciones del Estado Monumental, en la previa del partido entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores. Además, y producto de desórdenes reportados más tarde al interior del recinto, el partido se debió suspender.
Esta fue la
primera emergencia que tuvo que enfrentar el Ministerio de Seguridad Pública, que comenzó a funcionar el primero de abril, y una de las principales consecuencias fue la salida de la jefa de Estadio Seguro (dependiente de la cartera liderada por Luis Cordero),
Pamela Venegas.
Ahora bien, pese a su pronta salida, los dardos -sobre todo de la oposición- fueron contra el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, por las condiciones de seguridad del evento. Incluso, desde la UDI aseguraron que evaluarían una posible acusación constitucional en su contra.
Desde el Gobierno salieron a defender, en tanto, la labor de Durán, asegurando que hubo una planificación previa y que -en palabras vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry- "ante situaciones complejas, como las que vivimos ese día, sobre todo cuando confluyen tantas organizaciones que tienen responsabilidades, hay que ser muy cuidadosos respecto de cómo se atribuyen esas responsabilidades".
Expertos en política abordaron este escenario analizando la actuación del Gobierno y del ministro Luis Cordero. Si bien la mayoría concordó en que existieron fallas por parte de las autoridades en "no prever" la situación y que lo ocurrido muestra una "institucionalidad débil", uno de ellos aseguró que tiene más sentido que la responsabilidad quede en Durán, más que en el propio ministerio.
"Por ahora, creo que las críticas no alcanzan a llegar al Gobierno y al Ministerio de Seguridad, porque la gente entiende que este tema está radicado en los clubes deportivos y en las barras", dice Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central.
En la misma línea, agrega que "podría ser un tema que estuviera más cerca del delegado presidencial que está a cargo de la seguridad, Gonzalo Durán, pero la gente no percibe ni al Gobierno ni al nuevo Ministerio de Seguridad con responsabilidad por ahora en relación con la situación en los estadios. Probablemente, en la medida que la gente vaya asociando que sí es una atribución que le compete al Ministerio, haya un costo político que se le pueda endosar a la nueva institucionalidad a cargo de la seguridad pública, pero mientras todavía en el inconsciente y en el imaginario la gente siga estando radicada en la figura del delegado presidencial, probablemente las responsabilidades van a estar ahí, y no van a alcanzar a escalar al Gobierno y al Ministro de Seguridad".
Patricio Saavedra, académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins (UOH), afirma por su parte que "es evidente que existe una falla en prever la situación".
"Lo que correspondería llevar a cabo acá -continúa- es un efectivo control o gestión de las multitudes, y eso no sólo abarca lo que pasa en un momento determinado, por ejemplo, al momento en que los asistentes entran al estadio y se juega el partido, sino que tiene que ver con qué es lo que pasa antes, la inteligencia que pueden recopilar las policías y otras entidades con respecto a lo que podría suceder o lo que distintos grupos planean hacer antes, durante y después de cada evento deportivo".
En ese sentido, comenta que "hay una falla gigante en no prever que habían llamado a que grupos de personas se atiborraran frente a las distintas entradas del estadio para poder ingresar sin entrada, para ingresar ilegalmente".
Por tanto, cree que lo que finalmente hicieron las autoridades fue "reaccionar a una situación de emergencia, y cuando uno meramente reacciona, obviamente que es muy probable que pase lo que pasó, que las policías se vean sobrepasadas y que también ocurran hechos lamentables como, por ejemplo, que producto de la mala gestión de las autoridades (...) y aquí va el Gobierno, el delegado presidencial, la persona que está a cargo de Estadio Seguro y las policías, en el fondo terminan sucediendo hechos que amenazan la seguridad de quienes están concurriendo en el estadio con o sin entrada".
Saavedra, de todas maneras, destaca que "el Gobierno hace bien en pedirle la renuncia a la encargada de Estadio Seguro", aunque menciona que "repite un patrón sistemático que ha seguido" y es "no sacar funcionarios de distinto nivel que son responsables directamente de lo sucedido. Acá se corta por un hilo bastante delgado, que es la encargada de Estadio Seguro, pero no se le pide la renuncia al delegado presidencial que tiene a su cargo la gestión de las fuerzas policiales para resguardar la seguridad. Y además, en la última vocería de Gobierno, la vocera lo único que hace es de alguna forma diluir la responsabilidad en otros actores para que nuevamente el Gobierno no tome acciones".
Una mirada similar tiene Gloria Mancilla, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, quien afirma que "lo que debía ser una jornada de celebración deportiva terminó marcada por la violencia" y que lo sucedido deja "en evidencia una preocupante falla en los protocolos de seguridad implementados por las autoridades a cargo de la seguridad del evento".
"Los recientes hechos dejan al descubierto una institucionalidad débil y una evidente falta de eficiencia por parte del Gobierno, en particular del plan Estadio Seguro, cuya misión es precisamente garantizar la seguridad de todos los asistentes a espectáculos deportivos", añade.
También, expone que "la actuación tanto de las policías como de las empresas de seguridad privada, fue claramente insuficiente para prevenir los disturbios, generando un entorno peligroso que pudo haber tenido consecuencias aún más graves. Es preocupante que la autoridad encargada siga contratando personal no capacitado, cuando este tipo de eventos demanda una alta especialización en control de masas y manejo de situaciones violentas".
"El fútbol no puede seguir siendo rehén de la violencia de grupos organizados mientras el Estado permanece en una actitud reactiva en lugar de preventiva", remarca y agrega que "la implementación de medidas sancionatorias tanto a hinchas violentos como a grupos organizados es fundamental para avanzar hacia espacios realmente seguros".
Por último, Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma, sostiene que "la nueva institucionalidad, el Ministerio de Seguridad Pública, creado tras largos años de discusión, y su actual ministro, han lamentablemente continuado haciendo lo mismo que hacía -poco y nada- el Ministerio del Interior en la materia, tanto en este como en anteriores gobiernos, valga solo dos ejemplos: suspender partidos de fútbol por posibles acciones violentas de las barras o también que las policías acompañen los funerales 'narcos'. Solo el nombre del cargo de Estadio Seguro resulta una suerte de burla para los ciudadanos ni menos políticas que hayan avanzado en la materia. En síntesis ha nacido un 'Corderito'".
