Aunque la acusación aún no se ha presentado formalmente y reunir los votos necesarios será una tarea compleja por la falta de mayoría en la Cámara, la oposición no cede en su intención de impulsarla contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, a quien responsabilizan por los desmanes ocurridos la semana pasada en el Estadio Monumental, hechos que terminaron con la muerte de dos jóvenes. Según han señalado, solo estarían dispuestos a desistir si Durán deja el cargo.
Si bien existe una arista judicial y administrativa en curso, los diputados opositores apuntan a las responsabilidades políticas de Durán, especialmente por su rol como encargado de la seguridad y de autorizar eventos deportivos.
La ofensiva de la oposición ha desatado un debate sobre los precedentes que se establecerían si la acusación prospera. Por otro lado, aunque han respaldado el trabajo de Durán y aseguran que no existen elementos suficientes para exigir su salida del cargo, desde el Gobierno aún no hay una postura unificada sobre quién debería asumir la responsabilidad política de la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental.
Cordero advierte "consecuencias indeseadas"
Por su parte, desde el Gobierno aseguran que se está promoviendo el libelo sin contar con todos los antecedentes necesarios. En conversación con Tele13 Radio, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo que "me preocupa lo precipitado del anuncio sin saber el resultado de la investigación que se está llevando a cabo (…) y sin tener conocimiento cómo es el procedimiento para la autorización final de un evento masivo".
Cordero explicó que en la oposición, "desconocen cómo se autoriza un evento masivo y cómo opera la ley. La organización de un evento masivo es responsabilidad del organizador, lo que hace la autoridad al final es entregar una autorización. El protocolo sobre el cual esto supone es que una vez que quien organiza ese evento masivo realiza la solicitud, en este caso el club deportivo, se realizan una serie de reuniones previas de las cuales están documentadas. Para este caso hay unas el 3 y el 7 de abril (…) Si alguien me quiere decir que esa resolución tiene que estar una semana antes, entonces el escenario que tenemos es un modelo distinto de operación y de gestión de esas autorizaciones. Una de las consecuencias que tendría es que sería muy dificultoso la autorización de partidos de fútbol".
Agregó que "un anuncio tan precipitado, las consecuencias que puede generar son totalmente las indeseadas. Una de las indeseadas es que el incentivo entonces para un delegado es no autorizar ningún evento deportivo de estas características ¿Para qué se va a exponer si en condiciones de estas características se va a generar una reacción de ese tipo?".
¿Quién asume la responsabilidad?
Al ser consultado sobre quién debería asumir la responsabilidad por lo ocurrido, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que "hemos señalado con toda claridad que el delegado ha hecho un buen trabajo y que en particular la acusación carece de sentido y de fundamento porque finalmente lo que creemos que debería ser el objetivo fundamental es, por una parte, que el Congreso se aboque a legislar, particularmente la Cámara de Diputados, porque hay una serie de leyes que el país necesita".
Respecto a la adecuación de las políticas para erradicar la violencia en los estadios, Elizalde agregó que "el ministro Cordero ha sido explícito porque se reemplaza un programa por una institucionalidad de carácter permanente que está dentro del Ministerio de Seguridad recientemente creado. Por tanto, vamos a contar con más y mejores herramientas para abocarnos al objetivo de erradicar la violencia del fútbol y de los estadios".
Por su parte, en Radio Universo, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, fue consultado sobre la acusación constitucional contra Durán y el nivel de responsabilidad que tendría en los hechos. Frente a esto, sostuvo que "respecto de la atribución que tiene otro órgano del Estado en esta materia, no quisiera pronunciarme. Yo creo que lo que va a ser importante es clarificar cuáles son los ámbitos y las competencias que un delegado presidencial tiene en esta materia".
Postura de la oposición
El diputado Francisco Undurraga (EVO) sostuvo que "en este caso hay una acusación correcta, que es lo mismo que había en relación a Maya Fernández, que políticamente fue desechada porque fue defendida como exministra en ese entonces. Pero francamente nosotros estamos actuando en esta y, por eso, Evópoli está presente de acuerdo al texto expreso".
"No podemos hacernos los lesos en relación a la responsabilidad que tiene el delegado presidencial en estas materias. Y tampoco espero que el Gobierno haga una defensa corporativa a un funcionario que puede ser una muy buena persona, pero que en este caso puntual su negligencia, su demora, su tardía generó dos muertos", añadió.
Por su parte, el diputado Miguel Mellado (RN) señaló que "la tramitación de los permisos es el delgado el que autoriza , luego de ver y exigir las medidas de seguridad a los organizadores. Él es el responsable de que se tomen todas las medidas de seguridad antes de los eventos y si eso se da se otorga la autorización. El responsable es él y solo él, de autorizar una acto masivo".
