La mañana de este jueves el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, encabezó la primera sesión del Consejo Nacional que lleva el mismo nombre de la cartera.
La instancia contó con la presencia de las máximas autoridades de Interior, Defensa Nacional, Hacienda, Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería y las subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito.
La ley que dio origen a la cartera número 25 del Ejecutivo definió la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Prevención del Delito. Según reveló la autoridad de Estado, se contempla que el segundo se constituya dentro de los próximos días.
En la instancia, el ministro Cordero destacó que "a dos semanas de la entrada en funcionamiento de este Ministerio, avanzamos en este nuevo hito de implementación con la constitución de esta instancia y, la próxima semana, se reunirá el Consejo de Prevención del Delito".
A juicio del titular de Seguridad Pública, con estas instancias se están "sentando las bases de una estructura de trabajo que significa un nuevo modelo de gestión en seguridad y que, por cierto, próximamente deberá expresarse también a nivel regional".
En la reunión, se expuso sobre el funcionamiento y los plazos para la elaboración del reglamento que regulará el Sistema de Seguridad Pública.
"El gran desafío que tiene Chile en materia de seguridad es la gestión pública. La creación del Ministerio no es solo un casillero más dentro de la administración Estado, es un modelo de gestión para obtener resultados", mencionó Cordero.
Y añadió que "para eso se requiere instalar el Sistema de Seguridad Pública que supone la integración y el trabajo conjunto de distintas agencias e instituciones, públicas y también privadas, que mediante una acción coordinada y colaborativa aborden los desafíos en seguridad, incluyendo la prevención de los delitos".
En esta primera sesión también se presentaron los lineamientos estratégicos y cronograma de trabajo para la presentación de la Política Nacional de Seguridad Pública, que debe ser aprobada por el Presidente de la República.
Dicha política deberá incluir una estrategia de prevención del delito, la protección y atención de víctimas, así como las medidas de combate y prevención del crimen organizado y de los actos terroristas, entre otros elementos.
