El miércoles se realizó la audiencia de formalización de cargos por el delito de
femicidio suicida de la pareja de la joven madre Raquel Gutiérrez, quien fue encontrada muerta en el
cerro La Cruz de Copiapó en 2023.
El hombre, identificado como H.B.M., quedó con
prisión preventiva por los cuatro meses que se desarrolle la investigación por ser considerado "un peligro para la seguridad de la sociedad".
El hecho ocurrió la noche del 21 de septiembre del año 2023, luego de que la mujer de 22 años decidiera
cometer suicidio en un mirador.
Según consignó El Diario de Atacama, la audiencia se desarrolló de manera reservada dado el contenido de la información que revelaron los fiscales, especialmente lo referido a los actos de violencia física y sicológica que sufrió la víctima previo a su deceso.
En la audiencia, el fiscal jefe de Copiapó, Christian González, reveló pruebas reunidas junto al trabajo de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI luego de los primeros antecedentes que alertaron sobre la dinámica de violencia de género que cometía el imputado previo al desenlace fatal de este caso.
Posteriormente, se tomó declaraciones a familiares y amistades de la mujer fallecida, además de recabar evidencia audiovisual que comenzó a validar la hipótesis de la Fiscalía en relación con el nexo de causalidad entre las acciones del imputado y la muerte de la joven.
"Dado lo prioritaria de esta causa la Fiscalía tiene asignado a dos fiscales para su investigación. quien han compartido los antecedentes de lo ocurrido con la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional, y se ha hecho una indagatoria que alguien podría decir que es extensa, pero justamente por eso fue lo suficientemente sólida para realizar la formalización y obtener la prisión preventiva del imputado", indicó el fiscal Ariel Guzmán, quien aportó los detalles del trabajo de la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional en el caso.
Cabe mencionar que este caso es el segundo que se formaliza en Atacama, ya que el primero ocurrió en Caldera cuyos cargos fueron comunicados en el mes de enero de este año al imputado.
En tanto, Verardo Rojas, abogado querellante y socio fundador del estudio de abogados Defensa y Justicia, quienes asumieron el patrocinio de la causa por petición de la familia en octubre de 2024, manifestó que "se decretó la prisión preventiva por un peligro para la seguridad de la sociedad y se dio un plazo de investigación de cuatro meses".
"Quiero señalar que se acogió la tesis de esta parte querellante y de la Fiscalía en relación a que actualmente hay un peligro para la seguridad de la sociedad por parte de este imputado, debido a que no solamente tenía causas del Juzgado de Familia de Copiapó, sino que también tenía una causa contra otra victima de maltrato habitual", mencionó el jurista.
"En ese sentido, la Ley 21.523, más conocida como Ley Antonia, da ciertos tipos de criterio para señalar cuando hay violencia en este tipo de ilícitos, y en este tipo de ilícitos hay violencia de género cuando hay violencia tanto sicológica, económica, incluso física, que es la más palmaria en este caso, que ha acreditado la existencia y participación en este delito el día de hoy (ayer)", afirmó tras la audiencia.
En esa línea, el abogado querellante agregó que "había un maltrato recurrente por parte del imputado a doña Raquel y es una relación que ya desde finales de 2021 y durante 2022 tomó otros ribetes, inclusive la violencia él la ejercía, en ese año 2022, ya estando ella embarazada, y posteriormente en marzo de 2023, ella teniendo una hija".
"Este caso es bien especial porque estaban los tres tipos de violencia: la violencia psicológica, la física y la violencia económica que él ejercía (...) La decisión lamentable del deceso de la víctima el 21 de septiembre de 2023 tuvo que tomar esta decisión porque era un callejón sin salida", concluyó el abogado.
