Este jueves se cumplió una semana de la tragedia del Estadio Monumental. El enfrentamiento entre Colo Colo y Fortaleza derivó a disturbios de hinchas que motivaron la intervención de Carabineros. Un altercado que resultó con dos jóvenes fallecidos -un niño de 12 y una adolescente de 18 años- sin una hipótesis clara sobre la responsabilidad de los decesos.
El desborde de los desmanes han acarreado esquirlas políticas, como el fin del plan Estadio Seguro, la primera crisis del ministerio de Seguridad y recientemente, la amenaza de una acusación constitucional contra el delegado de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA).
En lo que compete a la investigación, es la Fiscalía Metropolitana Oriente la que está a cargo de la indagatoria, la que lleva de la mano con la Policía de Investigaciones.
Hasta ahora, se han ordenado una serie de diligencias. Se ha requerido la declaración del funcionario que conducía el carro policial -y hasta ahora único imputado del caso-, que optó por guardar silencio, y de otros dos carabineros que fueron testigos del caso. También se ha solicitado el testimonio de personas presentes en el suceso y ordenado pericias al carro policial que presuntamente habría terminado con la vida de las víctimas.
Este lunes, la Bridada de Homicidios de la PDI concurrió al recinto deportivo de Macul para hacer levantamiento de cámaras y verificar antecedentes.
Son los resultados de esos procedimientos y del informe final del Servicio Médico Legal los que espera el Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades del caso. Por ahora, la causa está caratulada como cuasidelito de homicidio, pero aún se indaga si razón de las muertes es el colapso de una reja o el carro de Carabineros.
En la institución policial, se zanjó el levantamiento de un sumario y la separación de los tres efectivos involucrados de sus funciones operativas, mas no así, de sus labores administrativas.
Si bien se especuló de una posible baja de los carabineros, el criterio de "protección" a los funcionarios se debería a las lecciones del caso Pío Nono, en que Sebastián Zamora fue separado de la institución el 2020 tras habérsele atribuido "impulsar" a un joven de la estructura, pero finalmente, la justicia lo absolvió del caso.
Cabos sueltos
En el poder de la Fiscalía, hay versiones encontradas sobre cómo se produjo el deceso de las víctimas.
Una de ellas corresponde a un reporte radial de ese día. Uno de los indagados señala que las víctimas "en ningún momento fueron atropellados por el vehículo Sandcat", sino que cuando los sujetos suben sobre la reja, esta cede, cae y el vehículo, "al momento de avanzar, pisó la reja en uno de sus extremos, procediendo a aplastar", a los jóvenes.
Esta se contrapone a los antecedentes que motivaron una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que indican que ambos jóvenes, en medio de la aplicación de elementos disuasivos por parte de Carabineros, caen antes de llegar a la vereda, y entonces el vehículo, usado de manera antirreglamentaria, persiguió de cerca a las personas que corrían, abalanzándose sobre ellas.
Esa información indica que el automóvil avanzó en "línea recta, chocó las vallas de fierro color blanca, desplazándolas y embistiendo directamente a las víctimas (...) pasando por sus cuerpos sin detener su marcha ni auxiliarlos una vez que quedan mortalmente lesionados".
Otros relatos de testigos que contiene un informe de Asuntos Internos de Carabineros y que fueron develador por Ciper Chile, plantean un atropello directo. En él se contemplan dichos de amigos de la joven fallecida, un vecino del barrio y un reporte policial con la declaración de dos funcionarios.
Por lo demás, el informe advirte que los funcionarios del carro no portaban cámaras corporales y tampoco los ocupantes del vehículo que hallaba cerca de los hechos. Por esta razón, la diputada Lorena Fries (FA) envió un oficio a Carabineros.
