Esta tarde, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que incorpora al Presidente de la República en el listado de autoridades sujetas a control de consumo de drogas. Eso sí, por ser objeto de indicación, volvió a la comisión de Gobierno de Interior de la Cámara.
La iniciativa corresponde a mociones parlamentarias refundidas, impulsadas por las diputadas Paula Labra (RN), Yovana Ahumada (PSC) y Pamela Jiles (Ind.), y fue aprobada en general con 99 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones. Además, se aprobó un proyecto de resolución mediante el cual la Cámara solicita al Presidente Gabriel Boric otorgar urgencia a las iniciativas.
El proyecto establece que parlamentarios, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales y alcaldes deberán someterse, al menos una vez al año durante el ejercicio de sus cargos, a un examen médico realizado por un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud, conforme a estándares internacionales. Dicho examen se basará en una muestra de cabello.
La iniciativa fue aprobada por la amplia mayoría de la Cámara de Diputados. Solo votaron en contra las diputadas del Frente Amplio Lorena Fries y Maite Orsini. Mientras que los diputados Francisca Bello, Roberto Celedón (FA), Luis Cuello (PC), Tomás de Rementería (PS), Javiera Morales (FA), Alejandra Placencia (PC), Matías Ramírez (PC), Camila Rojas (FA), Clara Sagardia (Ind.-FA), Juan Santana (PS), Emilia Schneider (FA) y Carolina Tello (FA) se abstuvieron.
Posturas a favor
El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) respaldó la iniciativa y argumentó que "una persona puede haber consumido antes y un día dijo, no quiero consumir más y quiero dedicarme a la política, es absolutamente factible, pero las dos cosas al mismo tiempo no. Y eso es lo que plantea este proyecto. Las dos cosas al mismo tiempo no".
"Creo que no solo hay que aprobar el proyecto, sino que tenemos que trabajar justamente para que la droga, el narcotráfico, no permee la política", cerró.
Actualmente, los diputados se someten a controles de drogas de manera aleatoria. En ese contexto, y en respaldo al proyecto, la diputada Mónica Arce (Ind.-DC) sostuvo que "hoy no me someteré al test por una convicción ética. Los controles deben ser para todas las autoridades, sin excepción y en todos los poderes del Estado, desde los parlamentarios hasta el presidente de la República y las autoridades que éste designe, como lo es su gabinete ministerial".
"No es posible que exista un estándar para unos y otros para quienes están aún más arriba en la cadena de mando. En ese espíritu, presidente, deberíamos apuntar a una transversalidad verdadera: Test aleatorios, sin previo aviso y que no se limiten sólo a sustancias ilícitas, sino que también incluya la alcoholemia", agregó.
"En esa línea presenté una indicación para que los test sean obligatorios al menos cuatro veces al año, con una diferencia no mayor a 90 días, durante el ejercicio del cargo para todas las autoridades elegidas y designadas. ¿Cómo esperamos que la ciudadanía confíe en sus autoridades si no somos capaces de dar el ejemplo? La transparencia, la responsabilidad y la propiedad deben ser pilares fundamentales de nuestro sistema democrático", cerró.
Voces del oficialismo
La diputada Lorena Fries (FA) planteó que "son malos proyectos y son malos proyectos porque no le dan un enfoque que permita abordar distintas aristas, como por ejemplo que una persona que presenta dependencia respecto de las drogas es una persona enferma que requiere tratamiento, que no es lo mismo un consumo que una dependencia, que hay sustancias que están validadas y que podrían hacer que un parlamentario no cumpliera con sus funciones, por ejemplo el alcohol. Entonces, se ha hecho con tan poco cuidado en términos del enfoque que se le da, que es un enfoque solamente que busca estigmatizar o criminalizar".
La legisladora señaló que ella, junto a otros parlamentarios, presentó un proyecto en la comisión de Gobierno Interior que, a su juicio, aborda adecuadamente la situación. En esa línea, afirmó: "hay cuestiones que tienen que ver con por ejemplo la privacidad, si tenemos un enfoque de salud, si hay privacidad y si además la literatura lo que constata es que ir tras los consumidores no ha acabado nunca con el narcotráfico debiéramos ser un poquito más serios y responsables para legislar, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad sigue siendo a pesar de muchos una garantía fundamental, por cierto puede tener restricciones pero no al punto de que derechamente se borre con la esencia del derecho a la privacidad que es también lo que se hace".
El diputado socialista Marcos Ilabaca advirtió que el proyecto podría terminar siendo revisado por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, planteó que "yo voy a apoyar esta norma, pero creo que debería volver a comisión para que se perfeccione. Lamentablemente esta es una norma de muy buenas intenciones, pero que tiene graves problemas jurídicos que lamentablemente podrían llevar adelante, que sea absolutamente inoficiosa y solamente un lindo discurso para la galería. Yo quiero que se hagan normas bien construidas. A la droga hay que quitarle todo espacio posible en todo espacio público".
Por su parte, la diputada Camila Musante (Ind.-PPD) sostuvo que "comparto lo que han dicho quienes me antecedieron en torno a que todas las autoridades de los distintos poderes del Estado debieran realizarse un test de estas características porque es de sentido común que alguien bajo los efectos del alcohol o de las drogas no está en condiciones de venir a legislar, de fallar en el caso de los tribunales de justicia y mucho menos de lo que significa gobernar un país a propósito del Poder Ejecutivo y de la figura del Presidente de la República".
No obstante, advirtió que el proyecto presenta "faltas de técnica legislativa" y que el objetivo de la moción sería "solamente para después salir a enrostrar el voto y decir acá están los que están a favor y en contra hoy día de descubrir los nexos con el narcotráfico".
