La Ley de Aplicaciones, conocida como "ley Uber", busca regular el uso del transporte privado e incluye una plataforma para recopilar la información de las empresas.
EFE.
El 4 de abril, la Contraloría General de la República tomó razón del reglamento asociado a la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte -también conocida como
"Ley Uber"- iniciativa que fue publicada en abril de 2023.
"Lo que corresponde ahora, una vez tomado de razón el reglamento, es su publicación y una vez publicado el reglamento vamos a tener un plazo de un mes antes que la ley se haga efectiva", dijo por esos días el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
Sin embargo, desde el gremio han acusado "no haber sido escuchados como industria", y anunciaron que acudirían a "instancias internacionales en lo que respecta a la protección de datos personales, toda vez que como lo hemos anunciado siempre, el reglamento excede las facultades otorgadas por la Ley 21.553 de cara a la ley de datos personales".
A pocos días de aquello, Andrew Byrne, vicepresidente de Políticas Públicas Globales de Uber, envió una carta al embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, para manifestarle una serie de "preocupaciones urgentes sobre la privacidad de los datos de usuarios".
En el texto señala que "como empresa que facilita millones de viajes diarios, reconocemos nuestra importante responsabilidad en la protección de los datos personales tanto de pasajeros como de conductores. Con esta responsabilidad en mente, le escribo, en nombre de Uber Technologies Inc., para expresar nuestra seria preocupación por la reciente aprobación de la Ley N.° 21.553, que rige los servicios de movilidad basados en aplicaciones en Chile".
"Nos alarman especialmente las disposiciones que exigen la recopilación y transmisión de información personal altamente sensible, como el género de los usuarios, datos de ubicación precisa y marcas de tiempo de viaje, sin las garantías adecuadas ni limitaciones claras sobre la finalidad de dicho uso. Estos requisitos parecen incompatibles con la letra de la Ley, que exige explícitamente la recopilación de datos en un formato agregado, anónimo y estadístico", subraya.
Byrne asegura que a lo largo del proceso de consulta liderado por el Ministerio de Transporte, incluyendo grupos de trabajo, mesas técnicas y audiencias públicas, "hemos planteado constantemente nuestras preocupaciones sobre la protección de datos y hemos abogado por estándares regulatorios que defiendan la privacidad del usuario, a la vez que fomentan la innovación y la prestación confiable de servicios".
"Ahora que se ha publicado la regulación secundaria, creemos que su implementación en su forma actual violaría los principios fundamentales de protección de datos, lo que podría socavar la confianza pública y vulnerar el derecho a la privacidad de millones de ciudadanos chilenos", agrega.
Con todo, subraya que "confiamos en que, mediante un diálogo continuo y un análisis jurídico minucioso, este asunto podrá abordarse y resolverse de conformidad con las garantías constitucionales, las mejores prácticas internacionales y las expectativas de la ciudadanía chilena. Agradecemos su atención a este asunto crucial y agradecemos la oportunidad de seguir colaborando".
