El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, llamó a no utilizar en el contexto de campaña electoral el atentado registrado esta semana en la central Rucalhue, Región del Biobío, el que dejó 45 camiones y 5 maquinarias quemadas, y a su vez, defendió la efectividad del estado de excepción durante este Gobierno.
Con una inversión comprometida de US$350 millones por parte de la empresa Rucalhue Energía SpA —filial del conglomerado estatal chino China International Water & Electric Corp (CWE)—, el ataque es considerado uno de los más graves en la Macrozona Sur de las últimas décadas. Por ello, la filial ha exigido mayores condiciones de seguridad.
A raíz de la gravedad del ataque, el Gobierno anunció que invocará la Ley Antiterrorista. Asimismo, Cordero anunció que próximamente viajará a la zona.
"Nosotros hicimos una evaluación muy temprano el día domingo, yo logré una convicción temprano en la mañana, la transmití al Gobierno, que el Gobierno iba a utilizar por primera vez la Ley Antiterrorista", comentó Cordero a Radio Universo. Asimismo, afirmó que no le costó "convencer" al Presidente Gabriel Boric, "entre otras cosas, porque un gran impulsor de la Ley Antiterrorista fue el Presidente de la República".
En esa línea, expresó que "yo creo que este es un acto terrorista y el Presidente también se ha referido respecto de otros ataques ocurridos en el sur como 'ataques terroristas'. Yo creo que a estas alturas, la responsabilidad de gobernar es mirar las cosas en términos prágmáticos, y en eso, el Presidente ha dado muestras fehacientes en el este punto".
Cordero contó que el lunes recibió a la empresa y a sus directivos chinos, "hicimos una evaluación de lo sucedido, de las inquietudes que tenían, y en estos días estoy viajando a ver todo el trabajo operativo, y también me voy a reunir con los alcaldes, el Jedena, y con la empresa. Con los subcontratistas (de camioneros) es probable que me reúna".
De acuerdo al ministro, este ataque es "el más grave desde el punto de vista de la cantidad de bienes incendiados, que no es lo mismo que desde el punto de vista de exposición de vidas". De todos modos, el titular de Seguridad, defendió la efectividad del estado de excepción, y comentó que "en términos absolutos, el número de atentados y violencia en la zona, se ha reducido sustancialmente".
No obstante, Cordero reconoció que "acá tenemos un factor que no funcionó y tenemos que tener atención. Hay algunos aspectos operativos del estado de excepción que yo no puedo conversar en una entrevista... no sólo inteligencia, la zona del Alto Biobío tiene otras particularidades. Es una zona que entre el 2017 y ahora ha tenido seis atentados incendiarios, de los cuales cinco han sido reinvindicados, es una zona especialmente compleja para proyectos hidroeléctricos, entonces tiene ciertas particularidades, temas de acceso, hay otros antecedentes previos que las policías y Fuerzas Armadas manejan".
Con todo, el ministro subrayó que "es un error transformar los temas de seguridad, y especialmente este tipo de asuntos, tan graves, como una cuestión electoral. Mi responsabilidad es mantener eso dentro de una estructura de política permanente del Estado, y enfocarlo en esos términos".
Consultado por si el tema de la violencia en la macrozona sur es un tema que no se ha logrado resolver, Cordero comentó que "es este Gobierno el que se ha hecho cargo de esto, los números están ahí (...) los números han sido positivos, pero mientras tengamos atentados de estas características, los números igualmente se van a ver afectados aunque sean en el global positivo, y lo que uno tiene que mantener es una política de Estado permanente".
Debate por cárceles
El ministro Cordero también abordó las propuestas de cárceles que han surgido en medio de la contienda electoral, especialmente aquellas que buscan recoger los modelos como el de Nayib Bukele, en El Salvador.
"Yo distinguiría. La situación de El Salvador es bien particular, y uno de los errores que muchos pueden cometer es extrapolar la situación de El Salvador, porque el modelo del Cecot de Bukele, que se termina con Bukele, pero cuya iniciativa es anterior, es resultado de una situación muy compleja de seguridad pública, del país que tenía los mayores índices de muertes (por homicidio) cada 100 mil habitantes, precedido por un conflicto de guerra civil", comentó.
En esa línea, subrayó que "yo no sé si lo que uno necesita para un buen sistema institucional es asumir el cumplimiento penitenciario promedio de esas características. Hay determinado tipo de personas privadas de libertad que tienen características de riesgo para estar en situaciones de máxima seguridad, en Chile esas personas tienen dos horas de patio al día, tampoco nos extraviemos en algunas de las cosas que nostros tenemos".
Cordero defendió además que "el país demoró mucho tiempo en invertir en infraestructura penitenciaria, el ministro Gajardo lo está llevando muy activamente (...) pero el dilema es que usted ocupa la cárcel con el propósito de dar una señal de que quien comete un delito debe cumplir una pena efectiva, pero lo que usted quiere es que la cárcel se transforme en un mecanismo en que una vez que salgan esas personas, los niveles de reincidencia se reduzcan, salvo que usted directamente reconozca el fracaso de eso; y el fracaso de eso es que la cárcel se transforma en un punto de no retorno, y eso aplica teóricamente para todos".
"Yo creo que seguir argumentando sobre El Salvador, como una situación regular y permanente, prescindiendo del contexto en el cual se se desarrollaron las políticas en El Salvador, creo que es un error muy significativo. De hecho, creo que sigue siendo interesante mirar El Salvador en cómo va a salir de ese punto de no retorno, porque la situación del Cecot no es una situación sostenible en el largo plazo", cerró.
