Autoridades se refirieron esta jornada a la investigación contra una banda criminal acusada de perpetrar
dos secuestros en las comunas de Quilicura y La Pintana, ilícitos por los cuales la organización recibió un total cercano a los $530 millones.
La Policía de Investigaciones (PDI) allanó ayer 20 domicilios y la operación culminó con 11 detenidos, de los cuales cinco están relacionados directamente con dos investigaciones de plagios cometidos en octubre (2024) y enero (2025).
El subprefecto
Claudio Caro, subjefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, relató en un punto de prensa que el primer caso afectó a
dos mujeres chilenas y mayores de edad, quienes fueron raptadas en Quilicura.
Tras concretar la retención, las víctimas fueron "mantenidas en cautiverio en la comuna de La Pintana, mientras familiares de las mujeres eran extorsionados por los imputados y se les solicitó dinero para poder liberarlas", dijo.
"Luego, los familiares terminaron pagando cerca de $30 millones y especies de mucho valor, logrando así la liberación de estas personas", añadió.
En tanto, el segundo caso se trata de un secuestro ocurrido en enero, cuando "dos mujeres, una de ellas menor de edad, fueron secuestradas en el sector sur de la Región Metropolitana y mantenidas en cautiverio por varias horas en La Pintana", narró Caro.
A su vez, un familiar de las afectadas era extorsionado por la agrupación criminal, que solicitaba $1.000 millones por la liberación de las víctimas. "En definitiva, este familiar, que se encuentra recluido en un centro penitenciario de la Región Metropolitana, pagó $500 millones y logró así la liberación de estas dos mujeres", detalló el oficial.
El Fiscal Jefe ECOH, Alex Cortez, planteó que "se logra establecer que esta organización participa en por lo menos dos ilícitos de la misma naturaleza, secuestros en donde las víctimas son mujeres, en ambos casos madre e hija, y que están relacionadas de una u otra forma con familia que podría estar relacionada con actividades delictuales".
En ese mismo sentido, Caro transmitió que "si bien las víctimas tienen relación con algunas actividades criminales, el fin último de estos secuestros fue el económico", precisando que en ambos casos los familiares y los presuntos autores de delitos llevaron adelante las negociaciones.
El persecutor adelantó que el Ministerio Público va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva para la totalidad de los imputados vinculados a los dos casos de secuestros.
El seremi (I) de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Jaime Fuentes dijo que "como Gobierno hemos sido enfáticos de que vamos a propender a mejorar las coordinaciones que se puedan generar, sobre todo en el ámbito de las diligencias investigativas, pero por sobre todo para poder colocarle un fin a este tipo de bandas que operan dentro de la región".
"El Cogote de Toro"
El persecutor Cortez señaló que al menos dos de los imputados forman parte de antiguas organizaciones criminales, de los cuales uno fue el sucesor de Vladimir Soto Rubillanca, alias "El Cogote de Toro", jefe de una estructura criminal que operaba en Pedro Aguirre Cerda y que fue asesinado.
Tras el deceso de Soto Rubillanca, el acusado habría ascendido como líder de la estructura criminal, haciendo cargos de los nexos de la misma.
En tanto, otro imputado, quien es hijo de un antiguo narcotraficante que fue asesinado en 2024, "participa directamente en uno de estos secuestros", afirmó el persecutor.
