Ángel Valencia, fiscal nacional.
Aton (Archivo)
Diversos cuestionamientos surgieron en el oficialismo luego de que el viernes La Tercera difundiera el extracto de una conversación telefónica del exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (FA), con su madre, Claudia Serrano (PS), en la que aseguró que había "mucha responsabilidad" de la exsenadora Isabel Allende y del abogado de la familia en la fallida compra venta de la casa del expresidente Salvador Allende en Guardia Vieja.
El diálogo fue conseguido por la Policía de Investigaciones (PDI) ya que el celular de Crispi había sido interceptado en el marco de la indagatoria del caso ProCultura, y el contenido del informe fue liberado esta semana por el Ministerio Público.
En ese marco, el fiscal nacional, Ángel Valencia, respondió a las críticas y defendió el grado de reserva de ambas causas, apuntando a que la legislación obliga a la Fiscalía a entregar copias de los antecedentes a los intervinientes una vez cumplido el plazo del secreto.
"Se trata de una diligencia realizada en el marco de una investigación que tiene carácter reservado. Yo sólo insisto en un punto: hemos dicho en la investigación del caso ProCultura y la investigación del caso Guardia Vieja han tenido niveles de reserva bastantes apropiados a lo largo de estos meses", comenzó señalando Valencia en punto de prensa realizado en el contexto de la conmemoración de la muerte de los tres mártires de Carabineros en Arauco.
"Lamentablemente, y esto lo hemos dicho, lo voy a decir incluso hasta el extremo de la majadería, cuando se vencen los plazos de secreto y reserva y estamos obligados a entregar copia, estos antecedentes provenientes de la investigación comienzan a divulgarse y a aparecer en la prensa", agregó.
Según dijo, "es por eso que hemos pedido insistentemente, hemos propuesto, solicitado que se modifique la ley para que no estemos obligados a entregar copia de antecedentes reservados en este estado de la investigación a todos los intervinientes, incluidos querellantes que no son ni siquiera propiamente víctima de los hechos".
"Lamentablemente sabemos que con la legislación actual vigente esto sucede. He dicho en bastantes ocasiones, esto es un problema estructural", enfatizó Valencia.
De acuerdo al fiscal nacional, "en nuestro sistema de justicia los fiscales son los que decretan las diligencias, y en ciertos casos, ciertas diligencias de investigación que pueden afectar garantías constitucionales, como por ejemplo la interceptación telefónica de acuerdo a nuestra ley, eso requiere una autorización judicial. Los jueces para este efecto no son notarios, no son simples ministros de fe. El control judicial tiene por objeto apreciar si hay méritos o no hay méritos, si hay proporcionalidad o no hay proporcionalidad, si hay justificación o no hay justificación atendido la gravedad de los hechos que se investigan, la importancia de los antecedentes y el peso de los antecedentes".
"Por lo tanto, si un fiscal pide una diligencia, y necesita autorización judicial y un juez estima que esa autorización judicial no es procedente, es simplemente un mecanismo que establece nuestro sistema de justicia", acotó Valencia.
