La ministra de Ciencias y vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, abordó la filtración de la interceptación telefónica que la Policía de Investigaciones (PDI) realizó al celular del exjefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi (FA) y
que da cuenta de posibles presiones que ejerció la senadora Isabel Allende para concretar la compra de la casa de Guardia Vieja.
La comunicación captada por la policía y difundida por los medios de comunicación da cuenta de una conversación entre Crispi y su madre, Claudia Serrano (PS) del pasado 7 de enero. Allí el entonces funcionario del Segundo Piso dijo que la otrora parlamentaria "llamó hasta el portero del ministerio" para avanzar en la adquisición del inmueble.
Consultada por si el Ejecutivo conocía las presiones de Allende, Etcheverry advirtió que "no nos corresponde a nosotros pronunciarnos respecto de sus justificaciones. Eso es algo que le compete a la fiscalía y a tribunales, y nosotros, como Gobierno, como lo hemos dicho desde el comienzo, estamos en la posición de colaborar con la justicia".
En cuanto a si considera necesaria una aclaración de la Fiscalía sobre por qué el teléfono de Crispi se mantenía intervenido, y si preocupa el acceso que la entidad pudo haber tenido a información sensible, la ministra destacó que "la fiscalía y los tribunales son poderes autónomos y por lo tanto no nos corresponde a nosotros como Gobierno ni pedir explicaciones ni dar explicaciones por los actos que ellos determinan".
"Sí lo hemos dicho y creo que ha sido parte de la discusión pública de que las escuchas telefónicas son una medida intrusiva que requiere de una alta justificación y eso es algo que todos los ciudadanos tenemos que saber ¿Verdad? Porque evidentemente genera la preocupación o al menos la pregunta de bajo qué circunstancias, cómo se explica".
Dicho eso, reiteró que "no nos corresponde a nosotros como Ejecutivo ni pedir las explicaciones ni tampoco darlas, eso es algo que compete a la Fiscalía y a los tribunales de justicia".
Por lo demás, subrayó que "nosotros estamos colaborando con las distintas instancias, el proceso que está llevando adelante la Fiscalía, el sumario en bienes nacionales, la Comisión Especial Investigadora y esas son las instancias donde se tendrá que determinar las responsabilidades, si es que las hubieran".
Etcheverry también fue requerida por las críticas que voces de la oposición han dirigido al Presidente. El titular de la comisión investigadora sobre la casa Allende, el diputado Andrés Longton (RN), sostuvo que la revelación de presiones impropias de parte de la familia Allende "coincide con el apuro, con las desprolijidades y con las advertencias que se hicieron y se pasaron por alto desde Presidencia". Por lo tanto, a su juicio, "es difícil creer de que el Presidente no tenía, no se le había advertido de esta situación a pesar de todas las alertas que había".
"La oposición toma cualquier nuevo antecedente, acción o filtración para emitir acusaciones a las distintas autoridades de Gobierno. Lo que nosotros esperaríamos y el llamado que hacemos es a que seamos todos responsables", dijo la ministra.
En ese sentido, apuntó que "aquí hay instituciones que están funcionando, procesos administrativos y judiciales que tienen que seguir su curso y las acusaciones en torno, además a filtraciones, no es algo que beneficie a nuestro sistema, a nuestra democracia y a nuestras instituciones. Por lo tanto, nosotros no solo no nos vamos a referir a las filtraciones, sino que tampoco a las críticas a propósito de las filtraciones porque no es lo responsable de hacer".
Si es que el Gobierno sigue sosteniendo que fue un precedente grave la destitución de la senadora Allende, la portavoz del Ejecutivo relevó la destitución de la parlamentaria "es algo que compete al Tribunal Constitucional. Como lo dijimos en su oportunidad, es algo inédito que no había ocurrido al menos desde que tenemos recuerdo en el periodo de democracia y en ese sentido reviste su gravedad".
